Balears pide al Estado declarar la «situación de contingencia migratoria extraordinaria» pese a no triplicar su capacidad de acogida de menores

El Govern balear ha solicitado al Gobierno central que declare al archipiélago en “situación de contingencia migratoria extraordinaria” para evitar la llegada de los 49 menores migrantes no acompañados que le han sido asignados de los más de 3.000 que en los próximos meses prevén ser reubicados desde Canarias, Ceuta y Melilla. Así lo ha anunciado la presidenta balear, Marga Prohens (PP), quien ha precisado que las islas pretenden acogerse a esta medida “no para repartir” menores a otras autonomías, sino porque “ya no se dan las condiciones de dignidad” para acoger a nuevos niños y adolescentes llegados a las costas españolas sin la compañía de un adulto.

Sin embargo, para poder activar este mecanismo, las autonomías deben triplicar su capacidad ordinaria de acogida, algo que no sucede en el caso de Balears: para obtenerla debería superar los 1.218 niños y adolescentes migrantes acogidos, un 45% más de los que atiende en la actualidad (unos 670). Una situación radicalmente distinta a la que atraviesan Canarias, que, con una capacidad de 737 plazas, acoge en la actualidad a 5.017 menores, Ceuta, que con 28 plazas asume la atención de 84 jóvenes, y Melilla, que atiende a 160 menores con una capacidad de 28 plazas.

El Gobierno, de hecho, declaró el pasado viernes la contingencia migratoria extraordinaria en estos tres territorios, con lo que se pondrá en marcha así el protocolo para la reubicación y el traslado de los jóvenes. Está previsto que, en el plazo de un año más de 3.000 menores sean derivados a otras regiones españolas para destensionar el archipiélago canario y las dos ciudades autonónomas.

Prohens, al respecto, ha aseverado que el Govern no reclama la contigencia para “repartir”. La figura, incluida en el texto aprobado por el Gobierno para dar luz verde a las reubicaciones, habilita a las comunidades autónomas que se declaren saturadas a reubicar a los menores en otras regiones con los recursos menos presionados.

El Gobierno responde que Balears no cumple los requisitos

Ante las manifestaciones de la líder balear, el delegado del Gobierno en las islas, Alfonso Rodríguez, ha reiterado que el archipiélago no cumple los criterios fijados por el Ejecutivo central para declarar la situación de contingencia migratoria, al no superar por tres sus plazas de acogida de menores migrantes no acompañados. En este sentido, ha incidido en que la normativa estatal establece que esta declaración solo puede solicitarse cuando se supera por tres la capacidad ordinaria, una situación en la que únicamente se encuentran en la actualidad Canarias, Ceuta y Melilla.

“Lo que no vale es decir que se está al 1.000 % de capacidad porque el Govern dice que solo tiene 65 plazas para acoger a menores. El Gobierno de España indica a las comunidades las plazas de acogida que deben tener cada una para dar una respuesta de país a este fenómeno”, ha alegado.

Por otro lado, Prohens ha señalado que, seguramente, este lunes la Abogacía balear interpondrá el recurso contencioso administrativo previsto por el Govern contra el real decreto aprobado el pasado 22 de julio, que regula el procedimiento de reparto -con la inscripción de cada menor en el registro estatal y su traslado en un plazo máximo de 15 días a la comunidad designada-. Balears autorizó el pasado viernes a sus servicios jurídicos a presentar así su segunda impugnación contra el sistema de distribución de los menores, después de que el pasado mes de marzo el Ejecutivo del PP ya recurriera ante el Tribunal Constitucional la modificación de la ley de extranjería que permite las derivaciones.

De igual forma, como ha recordado Prohens, el Govern también recurrirá el decreto aprobado la semana pasada por el Consejo de Ministros, el que fija la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad, allanando de este modo el camino de las reubicaciones.

En sus declaraciones a los medios, la presidenta ha cargado contra el Gobierno de España por las “amenazas” recibidas y el doble discurso que, a su parecer, mantiene el Ejecutivo central en materia migratoria. “Emergencia migratoria y social para montar carpas, poner a disposición una terminal del puerto de Palma y hoteles a disposición sí; emergencia migratoria para mandar a los mas de 500 policías y guardias civiles que reclaman los sindicatos o para reconocer que Baleares tiene situación muy alarmante, no”, ha afeado.

“Si me amenazan en un estado de derecho por hacer uso de recursos ante el Constitucional o el Supremo y por poner encima de la mesa los datos es que quizás el Gobierno tendría que revisar la concepción de Estado de derecho”, ha criticado.