Andalucía se sumerge en la disputa electoral marcada por tres grandes debates: sanidad, inmigración y Catalunya

Todos los partidos políticos de Andalucía han empezado septiembre proclamando, de forma solemne, que ya están “en modo campaña”. La legislatura se agota en pocos meses y las miradas están fijas en el presidente de la Junta, el popular Juan Manuel Moreno, que tiene margen para convocar las elecciones, como muy tarde, en junio de 2026.

Es la única potestad exclusiva del presidente y la incertidumbre de no saber cuándo apretará el botón -por ley, 54 días antes de la cita con las urnas- obliga a todos sus rivales a perjurar que ya están preparados, que la fecha es lo de menos. Pero no lo es.

La participación suele ser mayor en primavera que en invierno. La participación en Andalucía ha sido históricamente mayor en las generales que en las autonómicas, y significativamente más provechosa para la izquierda. Pese a ello (o quizá precisamente para espantar el fantasma), el dirigente popular ha jugueteado este verano con la idea de solapar las andaluzas con las legislativas si Pedro Sánchez las adelanta a otoño. A estas alturas, PSOE y PP sostienen que una convocatoria conjunta les beneficia en un contexto de polarización total. Todo o nada.

Moreno tiene 58 diputados y ninguna encuesta le sitúa por debajo de los 55 de la mayoría absoluta. Su gran rival, el PSOE, ha admitido este lunes que aún “necesita tiempo con la ciudadanía para explicar” su proyecto. Los socialistas están sentados en su suelo electoral -30 diputados, un 24% del escrutinio- y necesitan una pértiga de siete puntos más para recuperar el Gobierno, o un trampolín de cuatro puntos para arrebatar la mayoría absoluta a Moreno.

Ningún sondeo publicado vaticina las expectativas del PSOE andaluz, ni siquiera desde que tomó el mando la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha revitalizado el partido por dentro, pero sin una réplica perceptible entre su electorado.

Uno de los consejeros del presidente está “tranquilo”, pero cree que “lo razonable” es que el Ejecutivo andaluz apruebe en diciembre los Presupuestos Autonómicos para 2026 y después de Navidad convoque los comicios. “Ir a elecciones con los Presupuestos andaluces aprobados es un mensaje potente para la campaña, de estabilidad política y económica, en contraste con el guirigay que tiene Sánchez”, argumenta. Y desliza: “Además, tener el primer presupuesto de la legislatura aprobado es una garantía y una tranquilidad”, en caso de perder la mayoría absoluta y volver a depender de Vox para sacar adelante las cuentas.

“Un referéndum por la sanidad”

En efecto, los socialistas necesitan “tiempo” para “movilizar, movilizar, movilizar” a la población descontenta con la gestión de Moreno y, para ello, lo han apostado todo a una sola carta: la sanidad. “Las elecciones en Andalucía serán un referéndum por la sanidad pública”, ha anunciado este lunes el secretario de Comunicación Política del PSOE-A, Fernando López Gil, que habla de “colapso sanitario”, y acusa al PP de fomentar esta crisis para transitar hacia la privatización paulatina del sistema sanitario.

El deterioro de la sanidad pública es un axioma que incluso el propio presidente de la Junta ha admitido en el Parlamento, consciente de que -más allá de la hipérbole en los ataques de sus rivales políticos- es algo que la ciudadanía percibe, de manera palpable, en las largas esperas para lograr cita con su médico, para obtener un diagnóstico, para ser recibido por un especialista y para que le abran un quirófano.

El PSOE andaluz, que gobernó 37 años esta comunidad, no aspira a encabezar esa movilización ciudadana, pero sí a integrarse con ella, de ahí la importancia que están dando a reconstruir puentes con sindicatos y agentes sociales que les dieron la espalda hace siete años, decepcionados con su gestión del poder. En esa pérdida de credibilidad tuvo mucho que ver otra crisis sanitaria (o quizá un embrión de la actual), el malestar de los profesionales, y las primeras mareas blancas, que ahora vuelven a capitanear la oposición civil al Gobierno de Moreno.

El colectivo que más se ha manifestado contra la Junta estos últimos años -prácticamente una protesta por semana en algún pueblo de Andalucía- confluye este martes en la oficina electoral del Parlamento andaluz, donde presentarán las más de 40.000 firmas necesarias para registrar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) “para recuperar la calidad del sistema sanitario público” en Andalucía.

Las mareas blancas logran, así, colar en la Cámara legislativa un debate monográfico sobre la gestión sanitaria del Gobierno de Moreno que la mayoría absoluta del PP lleva vetando casi dos años, pese a la insistencia de la oposición de izquierdas. “Se está apostando por una sanidad para ricos”, le afean al presidente de la Junta.

Los polos del debate sobre sanidad no pueden estar más distantes: Moreno esgrime a diario un “presupuesto histórico” en la Consejería de Salud, y una plantilla de sanitarios mucho más abultada que en tiempos del PSOE, aunque el presidente concede que la falta de médicos es un “problema estructural” del país que afecta a otras comunidades.

Enfrente, tiene a una multitud de profesionales y el arco completo de fuerzas de izquierdas que contabiliza los contratos masivos de la Junta con la sanidad privada -muchos de ellos a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva, son objeto de dos investigaciones judiciales- y el aumento de seguros privados en Andalucía que, como consecuencia de las listas de espera de pacientes para operarse, se han disparado hasta los dos millones.

El cupo catalán y la “traición de Montero”

El otro gran debate electoral de las andaluzas será la financiación singular para Catalunya, con la que el PP andaluz espera percutir con fuerza para desgastar a la ministra de Hacienda y candidata socialista a la presidencia de la Junta. Los de Moreno acusan a Montero de “traicionar Andalucía” por alumbrar un pacto con el independentismo catalán que, dicen, mejora los recursos del Estado para Catalunya en detrimento de otros territorios.

La reforma del modelo de financiación autonómica -por muy demandada que sea por todos los partidos, por muy necesaria que sea para rediseñar el modelo territorial del país de forma más equitativa- no deja de ser un asunto arenoso que apenas puntúa en los sondeos de opinión entre las principales preocupaciones de la ciudadanía.

Pero el presidente Moreno, discípulo aventajado de sus predecesores socialistas en este asunto, ha sabido simplificar el embrollo de la financiación para popularizarlo entre los andaluces, vendiéndolo como una suerte de “agravio a Andalucía”; un “privilegio” para los socios secesionistas de Sánchez a cambio de votar su investidura y sostenerle en el poder.

El artefacto dialéctico es viejo, pero sigue funcionando. Los populares tienen, además, la hemeroteca con múltiples declaraciones públicas de la exconsejera andaluza de Hacienda, María Jesús Montero, impugnando a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Es, probablemente, el reto más difícil que afronta la candidata socialista en las elecciones andaluzas. No ante los suyos, que parecen haber digerido las contradicciones en un contexto de extrema debilidad parlamentaria de la izquierda y avance agigantado de las derechas. Pero sí ante el votante progresista andaluz, alimentado durante años por los propios gobiernos del PSOE con ese victimismo táctico frente al maltrato histórico a esta comunidad de sol, playa y olivos.

La disputa electoral por la financiación, que no deja de ser “un referéndum contra Pedro Sánchez” (en palabras de un dirigente popular) es el marco mental que Moreno quiere implantar en la campaña. Montero es muy consciente de ello, por eso no extraña que ella misma haya abierto el debate, con el reinicio del curso político, con una primera meta volante en el Consejo de Ministros de este martes, donde se aprobará el anteproyecto de ley para la condonación parcial de la deuda autonómica.

PSOE y ERC pactaron una quita de deuda para Catalunya y, acto seguido, el Gobierno de Sánchez la hizo extensible al conjunto de comunidades de régimen común. El Estado asumirá una parte del agujero financiero de las regiones, incluida Andalucía, que será la más beneficiada en el reparto tanto en términos absolutos como porcentuales: 18.791 millones de euros, el 47% de su deuda actual (39.637,6 millones), unos 1.700 millones más que Catalunya.

Abrir el curso político -y la larga precampaña electoral- con la quita de deuda no es casual. El Gobierno de Moreno reclamó para sí el mismo trato hace año y pico, nada más conocer las cifras que PSOE y ERC habían pactado para Catalunya, pero renunció a la condonación cuando supo que la oferta era extrapolable y que los cálculos del Ministerio de Hacienda para Andalucía quedaban, incluso, por encima de lo que él había pedido.

El PSOE andaluz quiere demostrar que los augurios de Moreno sobre la financiación singular para Catalunya, tildándola de “cupo catalán” y “ruptura de la caja común”, son tan infundados como en su día lo fueron sus críticas a la quita de deuda catalana.

Por si acaso, el llamado CIS andaluz -dependiente de la Consejería de Presidencia- preguntó a los andaluces si creían “más urgente mejorar la financiación autonómica que condonar la deuda” a las comunidades -la tesis que defiende la Junta- y el 56,2% respondió que, en efecto, pensaba en los mismos términos en que estaba formulada la pregunta.

La inmigración, enigma electoral para PP y PSOE

Si al PSOE le preocupa la atomización de las fuerzas a su izquierda -Adelante Andalucía; Por Andalucía (IU, Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz) y Podemos-, al PP andaluz le desconcierta el avance de Vox por su flanco derecho. La ultraderecha crece en todos los sondeos a costa, sobre todo, de los populares.

Esta es la segunda de las dos batallas que se libran en las andaluzas: una por la gobernabilidad entre PP y PSOE, otra por la mayoría absoluta entre PP y Vox. Las dos fuerzas conservadoras se disputan votos en el tercer gran debate, y quizá el más trascendental, de los próximos comicios: la inmigración.

Los de Santiago Abascal ejercitan un discurso tosco, vinculando al extranjero con delincuencia, avivando el miedo y el enfrentamiento social, con un éxito notorio entre las capas más desfavorecidas. A ojos de Vox, el inmigrante (léase magrebí, subsahariano o incluso musulmán) explica por sí mismo los males sociales que afectan al español de clase media baja: el paro, el empleo precario, la inseguridad ciudadana y, por ciencia retórica, “la pérdida de nuestras tradiciones, costumbres y religiones”.

Ninguna de las denuncias de la ultraderecha se sustenta en datos oficiales: Andalucía tiene 8,5 millones de habitantes y la población extranjera (que no inmigrante) ronda el 9,5%. Las cifras del Consejo General del Poder Judicial y de la Policía sobre delitos graves cometidos por ciudadanos foráneos es muy inferior (en términos absolutos y en proporción) a las de los españoles.

Pero el PP no sabe aún cómo atajar ese discurso, cómo taponar esa grieta por la que pierde voto conservador sin poner en riesgo el mensaje de moderación que permitió a Moreno ganarle votos al PSOE en la frontera del centroderecha y el centroizquierda. Encontrar el equilibrio en este binomio envenenado es el mayor reto del presidente de la Junta, entre otras cosas, porque parte de su electorado y de sus dirigentes piensan, actúan y se expresan en los mismos términos que Vox en relación a la inmigración.

En el Palacio de San Telmo, sede de la Junta, y en la calle San Fernando de Sevilla, sede del PP regional, los estrategas electorales están echando humo para saber cómo dar con la tecla. En 2022 lo consiguieron. En un momento de la campaña, Moreno apostó abiertamente por romper amarras con Vox y redibujar al PP como un partido centrista, alejado de estridencias y mensajes duros. “Quiero una mayoría suficiente” fue la fórmula eufemística para decirle a los votantes que no quería gobernar con Vox, que si le votaban a él, Vox no seguiría influyendo en las políticas de Gobierno.

En 2022, el miedo a la ultraderecha lo capitalizó el hoy presidente de la Junta, que venía de gobernar sus tres primeros años apoyado en la ultraderecha. Pasó de 26 diputados -el peor resultado de la historia del PP- a 58 escaños. No frenó a Vox, que subió de 12 a 14 parlamentarios, pero logró orillarles de esta legislatura.

“Ahora es distinto”, dice un dirigente del PP andaluz, que percibe la sociedad mucho más polarizada y un contexto internacional más propicio para la ultraderecha y sus discursos maximalistas. “Una posición templada puede ser un riesgo en un ambiente hipertenso y tan crispado, no podemos ceder a Vox el espacio de impugnación a Pedro Sánchez”, asegura.

Todos los partidos en campaña tienen un ojo puesto en las redes sociales, donde se trituran los discursos más radicales, donde más se ha naturalizado el mensaje xenófobo, desinformado, indocumentado. Pero las redes sociales es el hábitat natural de una generación de jóvenes, y los sondeos dicen que Vox es el que más ha penetrado en ese espacio. Tampoco el PSOE andaluz sabe cómo dar con la tecla al defender la inmigración, cómo desmontar esos discursos de odio que alcanzan el medio millón de reproducciones en YouTube.