El Tribunal de Cuentas investiga a Benidorm por ‘regalar’ edificabilidad a siete hoteles sin reclamar contrapartidas
El consistorio gobernado por el PP no adoptó medidas para obtener las compensaciones previstas en la modificación municipal de 2001 que permitía a hoteles de cuatro y cinco estrellas aumentar su edificabilidad, según el PSPV-PSOE
Por qué Benidorm se enfrenta a una indemnización urbanística disparatada que puede hundir sus cuentas
La sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha abierto una investigación al Ayuntamiento de Benidorm por la ‘amnistía’ del consistorio, gobernado actualmente por el PP, a siete empresas que se sumaron al denominado ‘premio hotelero’, una modificación del Plan General de Ordenación Urbana de 2001, en la etapa del alcalde popular Vicente Pérez Devesa, que permitía a establecimientos de cuatro y cinco estrellas aumentar su edificabilidad hasta un 40% sin que computara como incremento a cambio de compensaciones económicas al consistorio. Sin embargo, tal como denunció ante el Tribunal de Cuentas Sergi Castillo, concejal del PSPV-PSOE, varios de los hoteles que se acogieron a la modificación incumplieron las compensaciones, “lo que ha resultado en una falta de ingresos o cesiones de suelo al municipio”.
Además, Castillo consideraba que “pese a tener conocimiento de estos incumplimientos”, el Ayuntamiento de Benidorm “no ha adoptado medidas efectivas para exigir las compensaciones pendientes, dejando prescribir tales derechos en perjuicio de la Hacienda municipal”.
El consistorio solicitó el archivo de las actuaciones y negó la “inactividad”. El escrito, en todo caso, afirmaba que “las hipotéticas responsabilidades contables estarían prescritas”.
El Ministerio Fiscal, por su parte, propuso el nombramiento de delegado instructor para que se practicaran diligencias al concluir, al contrario que el Ayuntamiento de Benidorm, que la acción de responsabilidad contable no habría prescrito.
El Tribunal de Cuentas, en un auto adelantado por el diario Información y al que también ha tenido acceso este diario, coincide con la postura del Ministerio Público y concluye que “no se dan las condiciones exigidas” para acordar el archivo de las actuaciones.
Así, el organismo que fiscaliza las cuentas públicas acuerda el nombramiento de un delegado instructor para la investigación de las presuntas irregularidades y determinar si puede haber responsabilidad contable.
Eso sí, advierte la resolución, se trata de unas actuaciones previas que “a los solos efectos de procurar un mayor esclarecimiento de los hechos” y sin que supongan “en absoluto prejuzgar” la supuesta responsabilidad contable por parte del Ayuntamiento de Benidorm.
