El Gobierno aprueba la quita de la deuda de las comunidades por 83.252 millones: estas son las claves

El Consejo de Ministros ha aprobado la condonación parcial de la deuda a las comunidades autónomas por un importe de 83.252 millones de euros, con la garantía de una quita mínima del 19 % para todas las regiones. Se trata de un compromiso alcanzado entre el PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez y, aunque es extensible a las comunidades autónomas, las comunidades del PP se oponen al considerarla una cesión al independentismo y un agravio que rompe la igualdad entre los españoles.

Según cálculos del Gobierno, las autonomías podrían ahorrar entre 6.600 y 6.700 millones de euros en intereses, por lo que, en palabras de la ministra de Hacienda, las comunidades “no tienen argumentos para renunciar” a dicha quita.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, recriminó este lunes, durante la apertura del nuevo curso político, que los socios parlamentarios de Pedro Sánchez puedan alcanzar pactos a modo de “chantaje”, lo que puede “mantener la agonía” del Gobierno esta legislatura.

“Es una trampa y es una mentira, la deuda no desaparece, la deuda se mantiene, y lo único que ocurre es que vamos a pagar todos los españoles la mala gestión de los gobiernos independentistas”, zanjó Feijóo. Todos sus barones regionales se han manifestado en el mismo sentido.

Pero la comunidad más beneficiada no es Catalunya, sino Andalucía (gobernada por el PP). El Estado asumiría 17.104 millones de euros en el caso de la primera y 18.791 millones en el caso de la segunda, acaparando más del 43% del total entre las dos. Tras estas dos autonomías, se sitúan la Comunitat Valenciana, (11.210 millones) y la Comunidad de Madrid (8.644 millones), ambas del PP. Estas cuatro son las más endeudadas en términos absolutos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha enfatizado que “siete de cada 10 euros que se condonan, son en comunidades gobernadas por el PP”. Montero ha destacado que, con esta iniciativa, todas las comunidades “recuperarán autonomía financiera y política”.

Al contrario de lo que sostiene el PP, el Gobierno argumenta que la condonación, que deberá ser aprobada por el Congreso de los Diputados, no incluye ningún tipo de privilegio para Catalunya ni agravio alguno al resto y ve “difícil” que las comunidades del PP no la acepten.

En este sentido, entre los barones socialistas a favor, el presidente del Principado, Adrián Barbón, advirtió el lunes que “la mayoría de las comunidades que hoy dicen no” a la condonación de la deuda “mañana la van a aceptar, empezando por Andalucía que es la más beneficiada de todas”.

El anteproyecto de ley aprobado este martes tiene que andar su recorrido en la Cortes. El escenario más optimista es que pueda ser aprobada a finales de este 2025, siempre que el Gobierno reúna el apoyo necesario de los distintos grupos parlamentarios.

La propuesta del Gobierno para perdonar parte de la deuda de las comunidades parte de la premisa, asumida por la Montero, de que la respuesta que se dio en la anterior crisis financiera por parte del Gobierno de España del Partido Popular (PP) no fue la adecuada y supuso un fuerte deterioro de las cuentas de comunidades autónomas, que se vieron obligadas a sobreendeudarse a través de mecanismos como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y, además, a someterse a fuertes recortes.

El reparto de la condonación o quita de la deuda sigue criterios “técnicos y transparentes” según “la población ajustada de cada territorio, el sobreendeudamiento en la anterior crisis financiera y el esfuerzo fiscal” de los últimos años, según explicó en su momento el Ministerio de Hacienda.

La metodología

El método de la propuesta de Hacienda parte de la premisa de que las comunidades autónomas registraron un sobreendeudamiento durante la crisis financiera que deterioró sus cuentas. Así, en una primera fase se calcula este sobreendeudamiento. “El 75% de este importe se reparte por el criterio de población ajustada”.

En una segunda fase, “se garantiza que ninguna comunidad quede por debajo de la condonación media que resulte de la primera fase”. En concreto, que ninguna región “quede por debajo de la media de condonación del 19%, según el criterio de población ajustada”. Para lo que “se eleva la quita de las comunidades por debajo de la media para garantizar que al menos tengan un 19,3% de deuda condonada”.

En este punto, hay que detenerse en que el criterio de “población ajustada” no tiene en cuenta la insularidad, la dispersión de los habitantes y otros criterios que influyen en el coste de los servicios públicos. Por ejemplo, es más cara la sanidad en la España vaciada que en una gran ciudad. “En aras de evitar sentimientos de agravio, lo que hacemos es establecer una condonación adicional” a la que correspondería solo bajo el criterio de población ajustada, recalcó María Jesús Montero, en febrero, cuando presentó la iniciativa en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

En la misma línea, en la tercera fase, se identifica a las comunidades que durante el periodo 2010-2022 hayan tenido una financiación homogénea por habitante ajustado inferior a la media, por un lado. Este es el caso de la Comunitat Valenciana, con 2.284 euros, “y se eleva la condonación hasta ese nivel para las comunidades autónomas con una financiación homogénea por habitante ajustado inferior a la media entre 2010 y 2022”.

Por último, en esta tercera fase se hace un ajuste a las regiones que hayan ejercido al alza sus competencias normativas en IRPF. Es decir, que hayan exigido un mayor esfuerzo fiscal a sus contribuyentes. Este último ajuste se ha ceñido a la parte del IRPF que depende de las comunidades autónomas, pero evita entrar en otros impuestos cedidos a las comunidades, como Patrimonio o Sucesiones, que los gobiernos del PP de la Comunidad de Madrid o Andalucía han utilizado para hacer competencia fiscal a la baja en los últimos años.Precisamente, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se mostró este lunes a favor de la propuesta de Hacienda para condonar la deuda a las comunidades autónomas, pero pidió a su socio de Gobierno que la condicione a que esos gobiernos no bajen los impuestos a la riqueza, en un claro mensaje a las dirigidas por el Partido Popular.