El Congreso sancionará la grabación de las pantallas de los diputados en su plan contra los agitadores ultra

El Congreso ha activado ya los mecanismos para hacer efectiva la reforma del reglamento del Congreso aprobada en julio con el objetivo de sancionar los comportamientos de los agitadores de extrema derecha acreditados en la Cámara Baja que desde hace años boicotean el trabajo de los periodistas, los señalan en redes sociales y acosan a los diputados de izquierda.

El desarrollo de ese reglamento establece por escrito los criterios para conceder acreditaciones y crea un consejo consultivo para la evaluación de las sanciones a quienes incumplan las normas. También plasma algunas instrucciones sobre el trabajo de los periodistas que se han ido dictando en los últimos años y que ahora serán objeto del régimen sancionador aprobado en el nuevo reglamento.

Por ejemplo, no se podrán tomar imágenes de los dispositivos móviles de los diputados ni de los miembros del Gobierno ni tampoco de sus documentos, lo que dificultará que se publiquen imágenes recientes como la del exdirigente socialista leyendo en su teléfono el informe de la UCO o las anotaciones del discurso de Alberto Núñez Feijóo. La norma aprobada por la Mesa prohíbe además que los periodistas hagan “seguimientos” a los diputados que se hayan negado a dar una entrevista o una declaración en los pasillos.

“Las entrevistas o peticiones de declaraciones solo se producirán con el permiso de la persona entrevistada. Los representantes de los medios de comunicación deberán respetar dicha decisión, sin que puedan producirse seguimientos una vez que el interpelado, sea cual sea su condición (miembro de la Cámara, autoridad, compareciente o cualquier otra persona), lo haya decidido”, expone el acuerdo.

La mayoría de la investidura aprobó definitivamente en julio el nuevo reglamento que busca poner coto a las prácticas que los agitadores de extrema derecha llevan años desarrollando con total impunidad. Son activistas ligados a pseudomedios como EDATV o Periodista Digital, que revientan ruedas de prensa, hacen preguntas sin recibir el turno de palabra y han llegado a acosar y a señalar en sus redes sociales con miles de seguidores a periodistas de medios de comunicación cuando les han reprochado su comportamiento.

Para evitar en el futuro estas situaciones, los grupos que dan apoyo al Gobierno redactaron una propuesta con una serie de sanciones en función de las infracciones. Hay leves, graves y muy graves. Estas últimas pueden conllevar la suspensión de la credencial de acreditación entre tres meses y cinco años o incluso la revocación definitiva del acceso a la Cámara.

Entre las faltas muy graves figuran las faltas de respeto o a las reglas de cortesía frente a otras personas en el seno del recinto parlamentario y zonas de acceso al mismo. “Se considerará en todo caso una infracción muy grave proferir insultos, descalificaciones o atentar contra la dignidad de otras personas en el seno de la Cámara y en los accesos a la misma”, señala el nuevo reglamento.

Durante el verano, los servicios de la cámara, en colaboración con la Asociación de Periodistas Parlamentarios y la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, han trabajado en un desarrollo de ese reglamento, que se ha aprobado este martes a través de un acuerdo de la Mesa del Congreso, que igual que en julio ha rechazado el PP. Según fuentes parlamentarias, el desarrollo del reglamento “responde a la petición de la profesión de protegerles ante los episodios de ataques sufridos en los últimos años y que fueron denunciados sin que hubiera normativa sancionadora que los evitara”.

El Congreso crea con la decisión de este martes un Consejo Consultivo que estará compuesto por “los grupos políticos, los departamentos funcionariales y las asociaciones de periodistas”. Según el nuevo reglamento, ese órgano elaborará un informe sobre los hechos o conductas que puedan ser susceptibles de infracción. “Una vez elaborado el informe o transcurrido dicho plazo [de 15 días], la tramitación y resolución del procedimiento corresponderá a la Mesa de la Cámara, que deberá designar a tal efecto a una persona para que instruya el correspondiente expediente”, dice el reglamento.

Ese Consejo está compuesto por la presidenta del Congreso, o la persona en quien delegue, la vicepresidencia segunda (que habitualmente corresponde a la oposición), y un miembro de cada grupo parlamentario. Además estarán presentes dos periodistas designados por la mesa a propuesta de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, “dada su condición de entidad más representativa de los periodistas acreditados en el Congreso”, aunque no tendrán voto. También estarán en ese órgano el secretario general del Congreso y la directora de Comunicación, que ejercerá las funciones de secretaria.

“El Consejo adoptará sus decisiones siguiendo el procedimiento de voto ponderado. Únicamente podrán participar en la votación las personas que actúen en representación de un grupo parlamentario, y su voto se ponderará atendiendo al número de miembros de cada formación parlamentaria en el Pleno de la Cámara”, establece el reglamento.

El reglamento establece no obstante que es la Mesa quien toma la decisión sobre las sanciones y en su caso las expulsiones.

El desarrollo del reglamento acordado hace especial hincapié en la grabación de imágenes e incorpora algunas instrucciones que se han ido dictando en los últimos años. “La actividad de los representantes de los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados ha estado hasta ahora regulada por criterios no escritos, admitidos y conocidos por todos, que establecían los requisitos y espacios en los que podían desarrollar su labor informativa”, dice el texto al que ha tenido acceso este diario. “Estos criterios no han sido rígidos y se han ido adaptando conforme ha evolucionado el panorama mediático y las nuevas formas de ejercicio de la profesión periodística. El importante incremento de la actividad informativa que se desarrolla en la Cámara aconseja recopilar estos criterios en un documento del que quede constancia expresa para un mejor conocimiento general”, añade.

Estas normas prohíben concretamente a los periodistas, a quienes se refieren como “redactores literarios”, la toma de imágenes con sus dispositivos. Además, especifica que los reporteros gráficos no podrán grabar vídeos, un detalle que busca separar la actividad de los fotógrafos y los operadores de cámara. .

También prohíbe la captación de imágenes o sonidos que “vulnere la intimidad personal o el secreto de las comunicaciones”. “En particular, los reporteros gráficos y operadores de televisión se abstendrán de captar imágenes de los dispositivos electrónicos personales de los miembros de la Cámara y del Gobierno o del contenido de cualquier documento que los mismos empleen en el curso de las sesiones parlamentarias”, establece. Hace apenas unos meses, fue noticia una imagen captada por un fotógrafo acreditado en la que se apreciaba cómo Santos Cerdán, el ex número tres socialista, consultaba en su teléfono el informe de la Guardia Civil que lo señalaba como pieza clave en un esquema de corrupción junto al exministro José Luis Ábalos y su antiguo asesor Koldo García.

También están prohibidas las grabaciones en las siguientes dependencias: “En todas las cafeterías y restaurantes, en las zonas y despachos reservados a los servicios parlamentarios, incluidos aparcamientos, sótanos, dependencias y espacios administrativos y todas las zonas con acceso restringido sin autorización expresa; en las zonas en las que esté claramente indicada esa prohibición; en las zonas donde haya instalados equipos de seguridad, en particular en las entradas de los edificios parlamentarios”. El PP ha considerado este reglamento un “ataque a la libertad de prensa”.