Andalucía vuelve a bloquear el traslado de docentes a otras comunidades aunque aleguen graves problemas de conciliación

Andalucía vuelve a bloquear el traslado de docentes a otras comunidades aunque aleguen graves problemas de conciliación

La Región de Murcia o la Comunitat Valenciana habían autorizado las solicitudes de carácter humanitario, pero la Consejería andaluza de Educación las ha denegado a una semana de empezar el curso por una cuestión de «planificación de recursos»

Hemeroteca – Andalucía ordena volver a 18 maestros que solicitaron traslado a la Comunitat Valenciana por “graves problemas de conciliación”

La Junta de Andalucía ha negado el traslado a otras comunidades de docenas de docentes con plaza en la comunidad andaluza, que habían solicitado para este curso una comisión de servicio justificada en causas humanitarias, como enfermedad propia, cuidado de familiares dependientes u otros problemas “graves” de conciliación.

Los profesores afectados habían recibido en julio el visto bueno de las comunidades de destino –Aragón, Región de Murcia o Comunitat Valenciana–, pero, a una semana de comenzar el curso, les notificaron que la administración a la que pertenecen –Andalucía– rechazaba su petición. “Necesitamos contar con ellos en los centros educativos públicos andaluces”, justifican fuentes de la Consejería de Desarrollo Educativo andaluza consultadas por este periódico.

La situación no es nueva. El curso pasado el Gobierno de Juan Manuel Moreno (PP) reclamó la vuelta de 30 docentes que habían comenzado el curso en la Región de Murcia y de otros 18 en la Comunitat Valenciana (ambas gobernadas también por el PP). En este último caso, la presión de la Generalitat –que instó a la Junta de Andalucía a reconsiderar su decisión– permitió que los 18 afectados permanecieran finalmente en los centros valencianos que ya se les habían asignado.

Entonces, la Junta argumentó que había recibido “cerca de mil solicitudes” de toda España y que iba a tener “problemas para cubrir tal número de docentes”, sobre todo en determinadas especialidades. Este año vuelve a aludir a motivos de “planificación” de los recursos humanos: “Andalucía cuenta con ellos para que trabajen en nuestros colegios e institutos con nuestros niños y niñas”, insisten desde la Consejería de Desarrollo Educativo.

La decisión –comunicada en la segunda quincena de agosto– ha provocado un fuerte impacto en la vida de los docentes afectados, que ya contaban con empezar el curso en la comunidad donde residen sus familias, tras recibir resolución favorable de las comunidades de destino. Es el caso de Mar, en Aragón. O de Mari Ángeles, en Valencia, que han tenido que darse de baja por crisis de ansiedad y, aseguran, no pueden trabajar “en este estado”.

Sensación de “agravio comparativo”

Mar, profesora de Lengua y Literatura de Zaragoza, estuvo el curso pasado trabajando en Córdoba y viajando cada fin de semana para estar con su familia. Su hija de 15 años padece un trastorno de la conducta alimentaria “muy grave” que se fue agravando a lo largo del año hasta requerir hospitalización. Para poder estar a su lado este curso, solicitó la comisión de servicio, alegando razones de urgencia “sobrevenida”. El Gobierno de Aragón la autorizó el 10 de julio, según consta en la resolución a la que ha tenido acceso este periódico. Sin embargo, el 25 de agosto le comunicaron que el Ejecutivo andaluz la había rechazado y reclamaba su incorporación en el centro donde tiene la plaza definitiva.

Lo mismo le sucedió a Mari Ángeles, natural de Orihuela (Valencia). Esta profesora de enseñanzas artísticas había pedido el traslado para poder cuidar de su hermana con discapacidad reconocida que “requiere de supervisión y cuidados constantes”, después de que a su hermano –quien asumía hasta ahora esa tarea– le diagnosticaran un cáncer. “No tengo fuerzas para nada, mi situación es dramática”, afirma la afectada, quien ruega a la administración andaluza que reconsidere su postura. Mari Ángeles lamenta también la “arbitrariedad” y “falta de transparencia” de la Junta de Andalucía: “No nos ha mandado ni una resolución donde se fundamente la objeción en nuestro caso ni la concesión en otros”, añade.

Entre los casos denegados más graves se encuentra también el de Francisco, quien acaba de concluir un tratamiento de quimioterapia en Alicante tras la extracción de un riñón, y tiene previstas varias revisiones durante el curso en su comunidad de origen. Por todo ello, los afectados denuncian el “agravio comparativo” con compañeros en situaciones similares a los que sí se les ha concedido la comisión. Este periódico ha solicitado a la Consejería de Desarrollo Educativo datos y los motivos por los que se han denegado esas solicitudes, pero desde este departamento se limitan a señalar que “se ha estudiado cada caso” y “la mayoría han sido autorizadas”, sin concretar cifras.

Puestos reservados a la espera de Andalucía

Según los gobiernos autonómicos consultados, seis docentes en la Comunitat Valenciana, veinte en Murcia y varios en Aragón habían recibido ya la resolución favorable de sus respectivas administraciones por causas humanitarias, antes de que Andalucía frenara el traslado en agosto. Las comisiones de servicio intercomunitarias –las que se producen entre comunidades autónomas– requieren de la autorización de ambas administraciones, la de destino y la que aporta ese funcionariado (Andalucía en este caso, que tiene la competencia para aceptarlas o denegarlas definitivamente).

Si la Junta mantiene su rechazo, las vacantes en los centros de las otras comunidades saldrán en los actos de adjudicación ordinaria y se asignarán a otros docentes interinos. Una vez adjudicadas, los afectados pierden definitivamente la opción de incorporarse en sus comunidades de origen, incluso aunque Andalucía rectificara después. Para evitar ese escenario, la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana se ha comprometido a reservar de momento los puestos de los docentes que han solicitado comisión de servicio, por si la Junta decidiera concederlas “a última hora”, según informan las autoridades valencianas a este diario.

El problema es que los plazos que marca el calendario escolar juegan en contra de los afectados. En Andalucía, la convocatoria para adjudicar las plazas vacantes a interinos arranca este jueves y se resolverá el lunes para que los docentes se incorporen el 10 de septiembre. En Murcia, el acto de adjudicación está previsto también para este jueves y en Aragón ya se han ofertado las vacantes. Por esa razón, sindicatos como STERM Intersindical han convocado una concentración este miércoles frente a la Delegación de Educación de Almería –provincia limítrofe con Murcia–, en protesta por la negativa “injustificada” de la Junta. Desde STERM advierten que “si esas vacantes salen a adjudicación, el profesorado afectado perdería definitivamente la posibilidad de incorporarse a sus centros”.

“Grave perjuicio” ocasionado

Por todo ello, sindicatos educativos como STERM denuncian el “grave perjuicio” que supone para el profesorado conocer la negativa a pocos días del inicio del curso escolar, previsto para el próximo miércoles 10 de septiembre en Educación Infantil y Primaria, y para el siguiente lunes 15 en el caso de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, Educación Permanente y Enseñanzas Artísticas.

Fuentes sindicales recuerdan que tradicionalmente Andalucía aceptaba estas comisiones con la Comunitat Valenciana, que únicamente concede traslados por causas sociales de carácter humanitario (solicitadas por razones de conciliación de la vida familiar y laboral, enfermedad propia o de familiar).

La negativa, sostienen, resulta “incomprensible” cuando hay interinos en las bolsas andaluzas esperando a ocupar esas vacantes. Fuentes sindicales apuntan a que la decisión podría estar motivada por el objetivo de no rebasar determinada tasa de docentes en interinidad. Desde la Consejería de Desarrollo Educativo, en cambio, se reivindica que cada administración “toma sus decisiones en función de las necesidades de sus sistemas educativos”. Y se recuerda que los solicitantes de las comisiones de servicio “son docentes del sistema público andaluz” y, en su planificación, “Andalucía cuenta con ellos para que trabajen en nuestros colegios e institutos con nuestros niños y niñas”.

Aun así, mientras las comunidades de destino mantengan las plazas en reserva, los docentes afectados no pierden la esperanza. “Ahora solo falta que Andalucía reconsidere su postura y nos deje trabajar cerca de nuestros familiares, que nos necesitan”, resume Mari Ángeles, dando voz a un grupo de profesores que teme revivir este curso la misma pesadilla del año pasado.