Andoni Ortuzar, expresidente del PNV, ficha como asesor externo de la auditora PwC

Andoni Ortuzar, expresidente del PNV, ficha como asesor externo de la auditora PwC

Fuentes de PwC consultadas por este periódico no confirman la información, pero tampoco la niegan, mientras que desde el PNV, sostienen que por el momento no van a dar información oficial al respecto

La exconsejera de Urkullu Arantxa Tapia será consultora de KPMG y CSP Iberian Bilbao Terminal

Seis meses después de que Andoni Ortuzar entregase la ‘makila’ a Esteban y abandonase la presidencia del PNV, ha fichado por la auditora PwC, según ha adelantado El Confidencial. Fuentes de PwC consultadas por este periódico no confirman la información, pero tampoco la niegan, mientras que desde el PNV, sostienen que por el momento no van a dar información oficial al respecto.

Ortuzar, afiliado al PNV desde 1979, es periodista “de profesión y de vocación”. Dejó la presidencia del partido tras un proceso convulso en el que claramente aspiraba a continuar para un cuarto mandato, hasta que se decidió que Esteban le sucediera. Su adiós lo gestionó él y solamente él, con una carta en redes sociales que luego también grabó en vídeo.

PwC (abreviatura de PriceWaterhouseCoopers) forma parte del grupo de firmas de consultoría conocidas en inglés como las Big Four, junto con Deloitte, EY y KPMG. Es una de las 4 firmas de servicios profesionales más grandes del mundo. Presta servicios de auditoría, consultoría y asesoramiento legal y fiscal a las principales compañías, instituciones y gobiernos a nivel global.

No se trata del primer jeltzale que tras abandonar su cargo en política acaba en una gran firma de consultoría. En abril, a los nueve meses de dejar el Gobierno vasco, la exconsejera de Iñigo Urkullu Arantxa Tapia decidió iniciar una actividad privada como consultora externa de empresas. Sus primeros clientes son las firmas KPMG y CSP Iberian Bilbao Terminal. Esto ha sido autorizado por el Gobierno vasco ya que, por ley, los excargos tienen que dar cuenta de las ofertas que reciban para que se analice si implican un conflicto de intereses. Se piden informes internos a los departamentos afectados, en este caso los de Industria, Transición Económica y Sostenibilidad y de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca. Esta normativa es aplicable en los dos años posteriores al cese.