El freno a la electrificación que implica el nuevo sistema de retribución de redes eléctricas

España se enfrenta a una contradicción estructural que amenaza con frenar su transición energética: mientras el Gobierno promueve ambiciosos planes de electrificación en su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), el nuevo sistema retributivo propuesto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para las redes eléctricas dificulta la inversión necesaria para hacerlo realidad.

Dicho modelo de retribución, que en estos momentos se encuentra en consulta pública, plantea una serie de cambios. El conjunto del sector eléctrico advierte que estas propuestas desincentivan la inversión en redes de distribución en un momento en que se requiere justo lo contrario: más inversión, capacidad de conexión e infraestructura. En particular, desde el sector eléctrico se cuestionan dos pilares fundamentales del nuevo marco: la Tasa de Retribución Financiera (TRF) y el modelo de remuneración asociado a la conexión de nueva demanda.

Respecto a la TRF, la CNMC propone un canon del 6,46%. La cifra es más alta que la del periodo anterior (5,58%) pero se queda corta en un contexto internacional mucho más competitivo. En otros países como Italia, Suecia o Reino Unido, las tasas de retribución oscilan entre el 7% y el 8,1%. Además, en España otros sectores regulados como las telecomunicaciones (6,98%) o el ámbito aeroportuario (8,03%) disfrutan de condiciones más atractivas para los inversores. Esta diferencia sitúa a las redes eléctricas españolas en desventaja a la hora de captar capital privado en los próximos años.

Reparación de una torre eléctrica

Nuevas reglas de juego

El sector advierte de que la tasa propuesta no refleja el coste real del capital ni el riesgo específico que implica invertir en redes eléctricas. Más aún cuando las nuevas reglas proponen que la rentabilidad de las inversiones dependa del momento en que se conecten nuevos clientes. En la práctica, esto significa que una empresa que construya infraestructura para atender una futura zona industrial, o incluso una urbanización en desarrollo, no empezará a cobrar por esa inversión hasta que haya usuarios que estén de verdad conectados. Este desfase puede alargarse entre cinco y ocho años, lo que genera una grave incertidumbre financiera y disuade de invertir en el país.

Por lo tanto, este modelo contradice de manera directa los objetivos y necesidades recogidas en el PNIEC, que contempla inversiones de más de 50.000 millones de euros en redes eléctricas hasta 2030. El plan también prevé una demanda creciente de electrificación en sectores clave como la industria, el transporte, la vivienda y los centros de datos. En muchos casos, estos nuevos consumidores ya han solicitado acceso a la red, pero no pueden conectarse debido a la falta de capacidad o a la saturación de infraestructuras existentes. Si no se invierte con anticipación para ampliar y reforzar la red, esa nueva demanda no se podrá incorporar.

El nuevo modelo retributivo se basa en la metodología TOTEX, que sustituye al sistema tradicional centrado en costes de inversión (CAPEX) y de operación (OPEX). Así, en este nuevo esquema, las compañías eléctricas reciben ingresos no tanto por lo que gastan, sino por resultados basados en parámetros como el número de clientes conectados o la evolución de la potencia instalada. El problema es que estos indicadores quedan fuera del control directo de los operadores, lo que introduce un riesgo de mercado que antes no existía y dificulta la planificación de inversiones a medio y largo plazo.

Otro punto de fricción es la forma de calcular los costes operativos. El regulador propone utilizar datos históricos de hace cinco años, sin actualizarlos por la inflación ni adaptarlos a los nuevos desafíos del sistema eléctrico. Este criterio puede provocar un reconocimiento insuficiente de los gastos reales, justo cuando se exige a las distribuidoras que refuercen sus redes frente a fenómenos climáticos extremos, como las danas, o para absorber la creciente carga de vehículos eléctricos, la generación distribuida y el autoconsumo.

Desde el conjunto del sector se reclama una revisión profunda de las propuestas regulatorias, que contemple tanto la sostenibilidad financiera de las empresas que deben construir y operar las redes, como la coherencia con las políticas públicas en materia de transición energética, digitalización y reindustrialización. Las empresas del sector coinciden en que sin un marco retributivo que garantice certidumbre, visibilidad y retorno adecuado, será imposible cumplir los objetivos climáticos del país.

Además, recuerdan que la legislación europea establece principios claros para el desarrollo de las redes: estabilidad regulatoria, proporcionalidad del riesgo y fomento de las inversiones anticipadas. De acuerdo con las valoraciones del sector, el modelo propuesto por la CNMC se aleja de estos principios y deja a España en una posición vulnerable frente a otros países que compiten activamente por atraer capital hacia sus infraestructuras energéticas.

Enchufe doméstico

En definitiva, la electrificación del país —y con ella, la modernización de la economía y la descarbonización del sistema energético— depende de un factor clave: que las redes eléctricas estén preparadas, dimensionadas y financiadas de forma adecuada. Si el sistema retributivo no se ajusta a la realidad de esta transformación, no solo se perderá una oportunidad histórica de inversión, sino que se pondrán en riesgo los propios compromisos climáticos nacionales.