El desacuerdo dentro del Gobierno rebaja la nueva ley contra el tabaco al dejar fuera el empaquetado genérico

La que es probablemente la ley más importante de la legislatura para el Ministerio de Sanidad llega este martes al Consejo de Ministros. Pero el anteproyecto de la nueva ley antitabaco, que incluye medidas pioneras como ampliar las zonas libres de humo por primera vez a espacios exteriores y había sido aplaudida por todas las sociedades científicas y organizaciones de lucha contra el tabaquismo, va a quedar más rebajada que lo que hubiera querido el equipo de Mónica García (Sumar) por discrepancias internas dentro del Ejecutivo.

El Ministerio ha renunciado a incluir el empaquetado neutro dentro del texto legal, una de las grandes reivindicaciones de los profesionales de la salud por su eficacia para disminuir el consumo, tras no alcanzarse un acuerdo con la parte socialista del Gobierno, según fuentes ministeriales. Sanidad no renuncia a que la medida pueda incluirse posteriormente, una vez la ley entre en la fase de negociación parlamentaria. La fracción del PSOE, a preguntas de elDiario.es al Ministerio de Hacienda, no se ha pronunciado sobre estos desacuerdos.

25 países del mundo obligan a los fabricantes de tabaco a comercializar cajetillas sin logotipos ni colores atractivos que puedan ser un reclamo, según el último informe sobre la situación del tabaquismo en el mundo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que coloca a España en una posición muy buena en cuanto a la implantación de las medidas que se han demostrado eficaces.

Salvo por esta, que no está en marcha y tampoco lo estará–al menos en el corto plazo– al quedarse fuera de la ley. De haber salido adelante, las cajetillas y los paquetes de tabaco de liar estarían obligados a tener uno de los dos colores marcados por el Ministerio y su envoltura trasparente exterior únicamente un código de barras.

El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) recuerda que la medida, que se implantó por primera vez en Australia en 2012, “reduce el atractivo y el poder de captación del tabaco”. Por eso, se muestran “extremadamente alarmados” por su supresión en el texto del anteproyecto.

“En Australia, el consumo cayó un 15% en solo dos años y países como Reino Unido, Francia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca o Irlanda ya han seguido este camino con resultados positivos en salud pública”, apuntan en una nota de prensa en la que deslizan que el Gobierno está cediendo a las presiones de la industria tabaquera. El CNPT asegura que hasta 85.000 personas podrían dejar de fumar en un año “si se implantara esta medida”.

Una revisión de estudios revela, por ejemplo, que los fumadores “eran más propensos a manifestar pensamientos y preocupaciones sobre dejar de fumar al ver solo las advertencias en los paquetes y sentir que debían ocultarlas”. Esta actitud es especialmente relevante entre los adolescentes, que pensaron que fumar era más peligroso que antes de implantarse, según varias publicaciones en Francia, Reino Unido o Australia. La medida también disminuye el “apego a la marca”. “Estas respuestas eran comparables a las medidas cuando se introdujeron por primera vez las advertencias sanitarias ilustradas en los paquetes en 2006”, dice la publicación.

“Pedimos que se priorice la salud de la población y esta medida es muy importante para esto”, reclama Isabel Cristóbal, coordinadora del Área de Tabaquismo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). “La evidencia de reducción del tabaquismo con esta medida contrasta con lo que dice la industria, es especialmente efectiva entre los jóvenes”, añade la neumóloga en conversación con elDiario.es, “en la reducción del número de fumadores, el aumento en los intentos de dejar de fumar y en una menor atracción hacia los cigarrillos”.

Hace justo una década, cuando Reino Unido aprobó el empaquetado genérico, la Mesa del Tabaco en España –que agrupa a las empresas del sector– vinculó la medida con un aumento de las “actividades ilícitas”. Philip Morris, detrás de las marcas Marlboro o Chesterfield, demandó al Estado de Uruguay en 2010 ante el Banco Mundial para impedir la implantación de esta medida bajo el mandato del presidente Tabaré Vázquez con el argumento de que perjudicaban comercialmente a la empresa. Seis años después, el tribunal de arbitraje de esta institución falló a favor del país. La Organización Mundial del Comercio (OMC) también se pronunció en 2020 dando la razón a Australia en un litigio similar.

El plan inicial del Ministerio de Sanidad era incluir el empaquetado genérico en el real decreto-ley que prohíbe los vapeadores de sabores o regula las bolsas de nicotina. La medida se cayó de esta regulación para introducirse en la ley. El equipo de Mónica García pensaba que así había menos riesgo de que el decreto fuera recurrido. Ahora, en el Ministerio no esconde su disgusto por la oposición de la otra parte de la coalición, que no ha manifestado públicamente cuáles son los motivos de su negativa.

No obstante, el texto todavía tiene que pasar por muchos filtros y puede ser modificado. Este martes se somete a la primera vuelta del Consejo de Ministros, después se inicia la consulta para recabar las aportaciones de las partes interesadas y volverá a votarse en el seno del Gobierno antes de enviarse al Congreso. Allí, el Ejecutivo debe convencer a una mayoría de grupos para aprobarse.

Las medidas que sí estarán en la ley

El texto que recibirá mañana el visto bueno incluye medidas tan importantes como la prohibición de fumar en espacios exteriores, la equiparación de los cigarrillos electrónicos a los convencionales, el fin de los vapeadores de un solo uso o la delimitación, por primera vez, de perímetros de seguridad alrededor de hospitales, parques infantiles o edificios públicos donde tampoco se podrá consumir tabaco.

Si la ley sale finalmente adelante, nadie podrá fumar ni vapear en terrazas, campus universitarios, vehículos laborales de uso compartido, instalaciones deportivas o salas exteriores de fiestas. Tampoco en 15 metros lineales alrededor de centros sanitarios y sociales (públicos o privados), instituciones de enseñanza, museos o bibliotecas. La norma también quiere poner fin a la laguna que ya dura una década sobre el consumo de cigarrillos electrónicos. Solo están prohibidos en centros sanitarios, educativos o el transporte. Ahora, tampoco se podrán consumir ni en bares ni en terrazas.

A lo largo de los últimos meses, en los que se han ido desgranando las medidas, la patronal de los hosteleros ha cargado contra la futura legislación con el argumento de que generará “confusión” entre los consumidores. No es la primera vez que se oponen a una normativa de este calado. Hace 15 años mantuvieron una oposición frontal a la primera ley antitabaco alegando que perjudicaba a sus negocios, aunque los datos desmienten estos temores.