La inspectora de Hacienda, ante la jueza sobre la pareja de Ayuso: “Como tenía muchos beneficios hizo facturas falsas”

El 21 de marzo quedó echada la suerte para Alberto González Amador. Esa mañana declararon ante la jueza que entonces investigaba a la pareja de Isabel Díaz Ayuso las dos técnicos del Ministerio de Hacienda que investigaron durante 19 meses al empresario y comisionista. En la sede del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, las inspectoras ratificaron el informe que dio origen a la causa judicial. “Como tenía mucha carga fiscal ese año porque tenía muchos beneficios, una forma de hacerlo era la utilización de facturas falsas”, expuso una de las inspectoras durante su declaración, a cuyo audio ha tenido acceso elDiario.es.

Durante más de dos horas y media, Mercedes Urbano López de Meneses expone un resumen detallado de los 187 folios del informe que redactó junto a una compañera y contesta a las preguntas de las acusaciones y las defensas. “El motivo por el que se inician estas actuaciones inspectoras es que había un incremento muy considerable de los ingresos en el ejercicio 2020 respecto de 2019, unos 2.330.000 euros aproximadamente”, explica la inspectora. 

De forma didáctica, la perito continúa ante la jueza: “El hecho de que se incremente la facturación en una empresa no suele ser llamativo. Lo que es llamativo es que baja la tributación, es decir, incrementando de forma tan considerable los ingresos, no nos resulta lógico que baje la tributación. En 2019 tuvo unos ingresos de 375.000 euros aproximadamente. Si paso a tener 2.330.000 tendré que incrementar la cuota ante la Hacienda Pública… y nos damos cuenta que no. En 2020 se sucede esta situación”.

Un año después de que elDiario.es desvelara la querella de la Fiscalía contra González Amador y el informe de Hacienda que dio pie a la misma, la jueza escucha a sus autoras. González Amador había dado un salto en su carrera como empresario en una sola operación. Un pelotazo en la compraventa de mascarillas, en los inicios de la pandemia de la Covid-19, le supuso casi 2 millones de euros por poner en contacto a dos empresas españolas. Pero el comisionista no quería pagar a Hacienda de acuerdo a sus ganancias y organizó, según la instrucción judicial, una trama de facturas falsas con los que desgravarse tanto que tributó incluso menos que otros años. 

La Agencia Tributaria, según relata la inspectora, se pone a revisar toda la documentación de la empresa y sospecha de la justificación de varios trabajos. Dos de ellos, de abultados ingresos: uno en México y otro en Costa de Marfil. En el país norteamericano no encuentran el trabajo por el que la sociedad de González Amador había facturado supuestamente 620.000 euros en 2020.

“Es una factura falsa que ha sido utilizada para reducir la carga fiscal. Como tenía mucha carga fiscal ese año, porque tenía muchos beneficios, pues una forma de hacerlo es mediante la emisión, la recepción de facturas falsas o la utilización de esas facturas falsas”, explica Urbano López de Meneses. 

Las investigadoras siguieron tirando del hilo y llegaron al ejercicio 2021. Allí encontraron un encargo de una empresa de Costa de Marfil por 900.000 euros. Sus comprobaciones les hicieron concluir que el trabajo en África tampoco se había hecho. Cuando ya sabía que Hacienda le investigaba, González Amador intentó convencer a la Agencia Tributaria de que esa factura se había anulado a posteriori. 

Así se lo explicó la inspectora fiscal a la jueza: “Cuando hemos detectado esta irregularidad, es el momento en que el contribuyente [González Amador] reconoce que va a anular contable y fiscalmente esa factura. Una factura que ya estaba recogida en su contabilidad, que ya se la había deducido fiscalmente dentro de sus declaraciones. Entonces, vamos a decir, esta regularización, la hace cuando ya me ha pillado la Agencia Tributaria, cuando ya he necesitado procedimiento inspector (…) cuando las propias autoridades mexicanas están poniendo en evidencia que esa factura no responde a la realidad de los servicios, porque esos servicios no se han prestado. Es cuando quiere un poco ajustar o arreglar su situación”.

Alberto González Amador está acusado de defraudar 350.951 euros correspondientes a los ejercicios fiscales de 2020 y 2021. Cuando realizó esa segunda declaración fraudulenta ya había comenzado su relación con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La Fiscalía y la Abogacía del Estado piden para él 3 años y 9 meses de cárcel por dos delitos de fraude fiscal en concurso con otro de falsificación de documentos. La acusación popular de PSOE y Más Madrid eleva su petición de condena a los cinco años de prisión. 

En total, la pareja de Ayuso emitió un total de 17 facturas falsas para aumentar su facturación, que en 2021, el año en el que arranca su relación con la presidenta, se multiplica por cuatro respecto de su principal cliente, Quirón Prevención, la división del gigante de la sanidad privada que factura cerca de mil millones anuales a la Comunidad de Madrid. Las de Costa de Marfil y México son las facturas falsas más abultadas, pero hay otras más pequeñas que condujeron a los inspectores de Hacienda a un pueblo de la Sevilla rural, Arahal. 

Lo que encuentran allí los inspectores de la Delegación de Hacienda en Andalucía es un fraude de libro. Las empresas que le facturan al comisionista González Amador están domiciliadas en casa de un camarero y el empleado de una panadería, ambos hermanos, o del presunto cerebro de esta subtrama, un pequeño empresario sin apenas actividad y vecino de los anteriores. 

La inspectora Mercedes Urbano le explica a la magistrada Inmaculada Iglesias: “Nos encontramos con 13 facturas emitidas por seis empresas carentes prácticamente de medios humanos y materiales para lo que es la facturación. Todas las facturas que han emitido a Maxwell Cremona [la principal sociedad de Alberto González]. Llegamos a la conclusión de que, igualmente, nos encontramos ante facturas falsas utilizadas para reducir lo que es la tributación que le corresponde en el ejercicio 2021”.

“¿Sabían que era pareja de la presidenta de la Comunidad?”

La declaración ante la jueza de la inspectora también dejó un momento de cierta tensión con el abogado de Maxwell Cremona que obligó incluso a intervenir a la magistrada. “Una pregunta que está aireando: ¿Cuándo se tiene conocimiento de que don Alberto González Amador es pareja de la presidenta de la Comunidad?”, preguntó el letrado al final de su interrogatorio. “¡Uf! Esto es un tema personal que yo no tengo por qué responder”, respondió la perito con cierta sorpresa. “¿No nos lo puede decir eso?”, insistió el abogado, al que la jueza intentó cortar en una primera ocasión. 

“Eso es un tema personal. Yo ahí no me meto”, reiteró la inspectora. Y el abogado trató de matizar que su pregunta iba dirigida a saber si la relación de la presidenta Ayuso con el empresario González Amador era conocida “institucionalmente”, en la Agencia Tributaria. “No tengo ni idea”, remarcó la perito. A pesar de esta primera advertencia de la jueza, el letrado recalcó: “¿No se comenta esto?”. La magistrada volvió a intervenir indicando a la inspectora que su función era explicar su informe y que no debía responder a ese tipo de preguntas. “No me meto en la vida personal de nadie (…). No es un hecho que viene dentro de nuestro informe”, acabó diciendo la funcionaria de Hacienda. 

Ayuso y su entorno han señalado a los funcionarios de Hacienda, a los que han situado en el centro de una supuesta confabulación institucional contra ella comandada por el Gobierno de Pedro Sánchez y su prensa afín. “Es un ciudadano particular que está siendo asediado por todo el poder de un Estado porque es mi pareja (…). Está sufriendo una inspección salvaje”, fue la primera reacción de la presidenta sólo unos días después de que elDiario.es desvelara el doble fraude fiscal de su pareja que había denunciado la Fiscalía. 

La investigación de la Agencia Tributaria sostiene la acusación contra González Amador en la causa principal contra él. Los recursos y la documentación presentada por su defensa no han derivado en el archivo que anhelaba el comisionista y el próximo paso consistirá en que el nuevo magistrado al frente del Juzgado, Antonio Viejo [Inmaculada Iglesias se ha jubilado], dicte el auto de apertura de juicio oral.

Mientras continúa la investigación contra González Amador por corrupción en los negocios y administración desleal. Del análisis de los 1.500 documentos que recopiló la Agencia Tributaria en su investigación, la acusación popular de PSOE y Más Madrid concluyó que la actuación del empresario escondía más delitos. La inspectora Urbano explicó a la jueza cómo González Amador había utilizado una empresa pantalla para ahorrarse en impuestos, cuando los trabajos de Quirón Prevención los hacía con los medios de Maxwell Cremona. 

Resultó que esa empresa pantalla había sido adquirida previamente a la mujer del presidente de Quirón Prevención, en lo que la Fiscalía sospecha que es un pago encubierto por haber facilitado la comisión de 2 millones de euros que tanto llamó la atención de las inspectoras de Hacienda.