La intrahistoria de la devolución de menores migrantes que provocó la inhabilitación de la exdelegada del Gobierno en Ceuta

Era un viernes de pleno verano, 13 de agosto de 2021, cuando los móviles de quienes defienden los derechos de los migrantes en Ceuta empezaron a recibir mensajes con una misma alerta: “Están devolviendo a los menores”. Se cumplían sospechasque desde hacía días apuntaban al retorno masivo de los cerca de 800 niños migrantes llegados a la ciudad durante la crisis diplomática con Marruecos en mayo del mismo año. El Gobierno central y el ceutí retornaron a 55 chavales sin procedimiento alguno, hasta que esos mismos activistas, coordinados con distintas organizaciones, denunciaron su ilegalidad ante la Justicia y lograron frenarlas. 

Más de cuatro años después de aquel día, tras años de instrucción, la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta ha condenado por prevaricación a las consideradas responsables de la devolución que el Tribunal Supremo ya tachó de ilegal: la exdelegada del Gobierno central en Ceuta, Salvadora Mateos; y la exvicepresidenta del Ejecutivo ceutí, Mabel Deu. 

La delegada del Ejecutivo en Ceuta ha sido la única representante del Gobierno central en sentarse en el banquillo, aunque durante los años de instrucción varios testigos señalaron más arriba. Por un lado, las acusadas y varios testigos hablaron de la coordinación constante con el Ministerio de Interior en la planificación del operativo y apuntaban al departamento de Grande Marlaska como el origen de la “orden” que inició las devoluciones. Por otro, las supuestas directrices trasladadas por parte del equipo de la entonces vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo. 

La Audiencia Provincial confirma el delito de prevaricación de Mateos y Deu, como responsables tanto del cuidado de los menores como de la ejecución del operativo. Los magistrados concluyen que las acusadas ejecutaron las devoluciones sin procedimiento alguno a sabiendas de su irregularidad, pues así se les advirtió no solo desde el seno del área de menores de la Ciudad, sino también desde el Ministerio de Derechos Sociales. Sus advertencias no fueron escuchadas, ni por la ciudad, ni la delegación del Gobierno, ni por el Ministerio del Interior. 

La sentencia, a la que ha accedido elDiario.es, concluye que no “existe constancia alguna”de que el Gobierno de Ceuta ni la Delegación recibieran una orden oficial de Interior para devolver a los menores tal y como se hicieron, sin cumplir con el procedimiento incluido en la normativa, pero sí apunta -sin profundizar- en las conversaciones escritas mantenidas entre el Gobierno central y el ceutí los meses previos al operativo que instaban a “inventar un procedimiento” para “doblar el brazo a la Fiscalía”. 

“Inventar un procedimiento”

El 19 de mayo de 2021, dos días después del inicio de la entrada irregular de más de 12.000 personas desde Marruecos a Ceuta, la entonces vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, se erigió como responsable de la coordinación de las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez durante la emergencia humanitaria surgida en la ciudad autónoma. Calvó ofreció entonces a su jefa de gabinete, Isabel Valldecabres, como enlace entre administraciones para responder ante las necesidades de Ceuta durante aquellas semanas. 

Desde el 19 de mayo de 2021, dos días después del inicio de la entrada irregular de más de 12.000 personas desde Marruecos durante la crisis diplomática hispano-marroquí, hasta el 11 de julio del mismo año, la condenada exvicepresidenta de Ceuta mantuvo contacto constante con Valldecabres, según demostraron las conversaciones de Whatsapp incluidas en la causa, publicadas por elDiario.es en 2023. 

“Bastaría con una carta a Delegación del Gobierno. Marruecos ha dicho que tienen que volver y hemos de inventarnos el procedimiento. Si solicitáis la devolución ya podemos doblarle la mano a Fiscalía”, le dijo la entonces jefa de gabinete de Calvo a una de las posteriormente condenadas por prevaricación. Sus conversaciones evidencian la búsqueda por parte del Gobierno central de una fórmula para devolver a los menores llegados durante la crisis, a pesar de los requisitos impuestos en la legislación española, que exigen tener el visto bueno de la Fiscalía. La jefa de Gabinete de Calvo deja constancia de conocer las exigencias especiales establecidas para retornar a menores extranjeros no acompañados desde España, que calificó de “problemas”. 

Mensajes intercambiados entre la entonces jefa de Gabinete de la exvicepresidenta Carmen Calvo y la exvicepresidenta de Ceuta

“El problema es que los menores no pueden retornar como el resto. El procedimiento exige cautelas que en caso de adultos no se exige. El fiscal está poniendo problemas”, añadió por lo que reconocía estar pensando en un “plan especial” para devolverlos a Marruecos. Como enlace entre las administraciones, Valldecabres traslada una supuesta propuesta de la cartera de Fernando Grande-Marlaska. “Interior me insiste en que si hacéis [una] petición desde vuestra entidad para que los menores sean retornados, ellos se ponen a gestionarlo. En cambio el fiscal sigue con su tesis de registro en base a menores extranjeros no acompañados y escolarización”, dijo entonces. 

La conversación entre ambas se interrumpe tras los cambios de gobierno que supusieron el cese de Carmen Calvo como vicepresidenta y Arancha González-Laya como ministra de Exteriores. Las labores de coordinación entre el Ejecutivo central y el ceutí pasaron a manos del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. El operativo de devolución empezó el 10 de agosto, un mes después del cese de Carmen Calvo.

Peticiones escritas

La exvicepresidenta de Ceuta envío por primera vez el 24 de mayo un escrito a la Delegación del Gobierno, que luego esta enviaría a Interior, en el que pedía recurrir al acuerdo bilateral entre Marruecos y España de 2007. Durante cerca de dos meses, Vallcarcel insiste a Deu que debe pedirselo a Interior negro sobre blanco.

No es hasta el 10 de agosto cuando Deu vuelve a solicitar formalmente la devolución de menores migrantes en base al pacto bilateral.

La respuesta, sin firma ni sello, llega ese mismo día. El email procedía de la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente de Interior. Este correo electrónico, que Interior defiende que se trata de una “comunicación” y no una “orden”, instaba al Gobierno local y a la Delegación a poner en marcha el proceso de repatriación aplicando el acuerdo marco. Pero el escrito incluía un matiz importante que ha acabado siendo determinante para que la Justicia no haya apuntado a la cartera de Grande-Marlaska: “Respetando la legalidad vigente de Extranjería y menores”. Esto obligaba a individualizar cada caso, entrevistar a los menores preguntándoles por su voluntad de abandonar o no el país, examinar su estado de salud y localizar a sus padres, además de ofrecerles asistencia letrada, entre otra serie de cuestiones. Nada de esto se cumplió en la práctica.

Avisos de ilegalidad

Pese a que tanto Deu como Mateos defendieron no ser conscientes de estar cometiendo una ilegalidad, el auto no deja lugar a dudas. Ambas autoridades recibieron varios avisos, pero uno destaca sobre todos ellos: el rechazo frontal de la funcionaria responsable del Área de Menores de Ceuta, Antonia Palomo.

La exvicepresidenta de Ceuta instó a su jefa de menores a responder el email con el que Interior daba luz verde a la devolución de menores. Palomo contestó, pero no en la dirección buscada por Deu. La funcionaria “manifestó su absoluta discrepancia con lo pretendido, argumentando que resultaba imposible la devolución o repatriación de los menores sin sujeción a las normas españolas vigentes, Ley y Reglamento de Extranjería, a la legislación de menores y a la Convención de Derechos del Niño”. Nadie frenó el operativo.

La responsable de infancia en Ceuta volvió a plantarse en una reunión celebrada en la frontera de la ciudad con autoridades españolas y oficiales marroquíes sin identificar. “Nuevamente y ante todos los presentes la señora Palomo manifestó su disconformidad con lo se trataba de hacer y el procedimiento, o mejor la falta de procedimiento, con el que se pretendía efectuar la devolución, manifestando que resultaba contrario al ordenamiento jurídico nacional e internacional, llegando incluso a poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Menores de la ciudad de autónoma”.

Más allá de la responsable local de menores, las advertencias sobre la ilegalidad de cualquier devolución sin procedimiento llegaron también desde el Ministerio de Derechos Sociales, en concreto, por parte del exsecretario de Estado de Infancia, Nacho Álvarez; y la exdirectora general de Infancia, Violeta Assiego. Su opinión tampoco fue tenida en cuenta.

La devolución

El 13 de agosto comenzó lel operativo de devolución. Durante el procedimiento, la Audiencia ratifica que las autoridades no realizaron ninguna evaluación individualizada de la situación de cada menor, un paso indispensable para asegurar el interés superior de los niños y adolescentes devueltos: “Elaboraron una lista donde aparecían los nombres de 145 menores, algunos de ellos con el dato exclusivo de su fecha de nacimiento, sin seguir otro criterio que el de ser mayores de 17 años y encontrarse alojados en el polideportivo Santa Amelia habilitado para ello”, recoge el auto.

Tres días después, tras los recursos presentados por las organizaciones Coordinadora de Barrios y Fundación Raíces, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta paralizó el retorno de nueve menores marroquíes que iban a ser devueltos entre el lunes y el martes. Según el auto, las devoluciones de niños y adolescentes sin procedimiento, como las que la jueza asegura que se estaban produciendo, incumplían la legislación. La paralización de la devolución de este grupo derivó en el cese del operativo de forma temporal. Finalmente, la Justicia no solo ordenó la cancelación definitiva de estas repatriaciones, sino que pidió que el Gobierno central admitiese el retorno de los menores expulsados ilegalmente.

La defensa de Interior

Desde aquel viernes de agosto de 2021, el titular del Interior no ha parado de defender el cuestionado dispositivo de devoluciones. Lo hizo durante el fin de semena en que se mantuvieron activas, pero también después de su paralización por orden judicial e incluso tras el auto del Tribunal Supremo que concluyó la ilegalidad del operativo.

“Las autoridades competentes en la materia actuaron en todo momento con el convencimiento pleno de ajustarse al ordenamiento jurídico y siempre bajo el principio del interés superior del menor”, dijo Grande-Marlaska tras conocerse la decisión judicial.

El Ejecutivo central mantuvo su apoyo a su representante en Ceuta, ahora condenada, en todo momento. No fue hasta octubre de 2022, después de que Mateos ya hubiese declarado en sede judicial como investigada, cuando el Consejo de Ministros aprobó su cese como delegada del Gobierno sin mencionar como razón su implicación en la causa. Acababa de retomar la actividad pública después de pasar meses de baja mientras se sometía a un tratamiento contra un cáncer. “Pasado el verano trasladó al Ejecutivo la necesidad de ser relevada de su puesto por motivos médicos”, afirmó un comunicado de la Delegación.

Durante las distintas causas abiertas, la Abogacía del Estado respaldó la legalidad de proceder al retorno de los menores a Marruecos a través del Acuerdo de 2007 firmado con Rabat debido a la “situación excepcional” que vivía la ciudad española tras la crisis migratoria de mayo. Es el mismo argumento reiterado por las condenadas durante todo el proceso judicial para defenderse del delito de prevaricación.

En su auto, la Audiencia lo echa por tierra: “Tampoco es posible alegar razones de urgencia y necesidad para ello debido a la extraordinaria situación acaecida en Ceuta por la entrada masiva de extranjeros no documentados en la ciudad, pues la expulsión de los menores no acompañados se produjo más de tres meses después de la entrada ilegal, estando los mismos acogidos por el sistema de protección en Ceuta”.