Joan Maria vio morir a su hijo arrastrado por un trastorno de conducta grave: «Los tratan como delincuentes, pero son enfermos»

Joan Maria Sala, de 71 años, pierde la cuenta y el orden a la hora de recordar todos los sobresaltos que le causó su hijo Ignasi, afectado por un trastorno de conducta grave, a lo largo de su vida. Desde la preadolescencia y hasta su muerte a la edad de 31 años, el joven acumuló peleas, agresiones a familiares, huidas, consumo de drogas, ingresos hospitalarios, delitos, órdenes de alejamiento de sus propios progenitores, cárcel, intentos de suicidio… “Y lo peor es que él sufría muchísimo, porque nos quería, pero se descontrolaba totalmente”, rememora Joan Maria.

Nacido en 1988 en Barcelona y adoptado a los pocos días por Joan Maria y Montserrat –igual que su hermano, cuatro años mayor–, Ignasi era un niño agradable y algo perezoso, explica su padre. Diagnosticado de TDAH en la escuela, habitualmente expulsado de clase, ya desde pequeño su carácter inestable e impulsivo condicionó su vida y la de sus familiares. Más aún cuando este derivó en crecientes arrebatos de ira y de violencia.

“Con 12 años le pegó un puñetazo a mi mujer por un comentario mientras cenábamos, y con 13 me persiguió por el párquing con un extintor”, explica Joan Maria. Antes de los 15, estos episodios de agresividad ya habían obligado a sus padres a llamar a los Mossos d’Esquadra varias veces, y a ingresar a Ignasi en dos unidades hospitalarias de crisis psiquiátricas. “Pronto ya vimos que la situación era insostenible, acompañada además de un peregrinaje por psiquiatras y profesionales que te decían cosas distintas”, explica.

Perfiles como el de Ignasi, de trastornos de conducta con agresividad y problemas de adaptación social, suelen tener un encaje complicado en los circuitos de atención sanitaria. Muchas familias sienten que nadie quiere hacerse cargo de ellos. En los últimos años, en Catalunya la Generalitat ha desarrollado un Plan de Salud Mental que incluye algunos servicios de atención a estos casos –calificados como de “elevada complejidad”–, pero cuando Joan Maria y Montserrat necesitaban ayuda para su hijo, no la encontraron.

De ahí que fundaran en 2016 Afatrac, la Asociación de Familiares de Afectados por Trastornos de Conducta, una entidad pionera en España por la que han pasado más de 500 familias con hijos que conviven con esta problemática. Sus impulsores se conocieron a raíz de una carta en La Vanguardia de Montserrat, desesperada en ese momento porque Ignasi había salido de la cárcel y malvivía en un piso supuestamente tutelado, sin apenas supervisión y entregado al consumo de alcohol. “No hay nada para los enfermos mentales severos, agresivos y que consumen. Esperar a que se degraden hasta la muerte en la calle”, escribía la mujer.

Tras la misiva, decenas de familias se pusieron en contacto. Padres y madres que acumulaban años de sufrimiento, con su propia salud mental mermada, decidieron organizarse. “Como padres es muy duro, porque hay momentos que querrías matar a tu hijo porque te está amargando la existencia o porque temes por tu integridad física, pero hay otros en que te acuerdas de que en realidad está enfermo”, resume Joan Maria, que añade que muchos matrimonios no sobreviven al manejo de estos jóvenes conflictivos.

En Afatrac, los perfiles son muy dispares, aunque todos unidos por conductas desafiantes y agresivas de los jóvenes que complican mucho su adaptación en entornos sociales y laborales. El 70% no trabajan, el 80% consumen regularmente algún tipo de droga –principalmente, marihuana y alcohol– y el 65% ha tenido problemas con la justicia por robos o agresiones, según sus encuestas a afiliados. Entre sus diagnósticos hay trastornos de conducta, negativista-desafiante, TDAH, esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno límite de personalidad (TLP), trastorno antisocial o disocial y un largo etcétera.

Para favorecer su integración laboral, desde 2021 la asociación cuenta con una tienda de ropa de segunda mano, Rescatem, que en 2025 se ha convertido oficialmente en empresa de inserción. Posiblemente la única dedicada a personas con estos trastornos de alta complejidad, señala Joan Maria. Ubicados en la calle Rosselló, cerca de la Sagrada Família, venden prendas usadas y donadas por empresas textiles, con lo que emplean por ahora a tres jóvenes con estos trastornos, además de Manel, el integrador social que los supervisa. “El día que abrimos las primeras contrataciones nos llegaron decenas de solicitudes”, explica Manel.

Manel, integrador social y trabajador en la tienda ‘Rescatem’, junto a una de sus dependientas

El legado de Ignasi tras una vida de sufrimiento

Durante casi dos décadas, Joan Maria y Montserrat vivieron un calvario. Debido a las peleas en casa y a las huidas de Ignasi durante días, sumado al creciente consumo de alcohol y marihuana durante la adolescencia, sus padres acabaron ingresándolo en un centro privado, en el que las visitas y las salidas estaban muy controladas. Estuvo cerca de dos años allí a razón de 5.000 euros al mes. “Te puedes imaginar el esfuerzo económico de toda la familia; conocemos casos de padres que han tenido que hipotecarse para hacer frente a situaciones así”, señala.

La entrada en la adultez volvió a sacudirlo todo. Le buscaron algunos empleos, pero no duraron. “En ese momento decidimos también incapacitarlo, para protegerle”, explica su padre. Pero entonces entró en contacto con ideologías neonazis, y tras una agresión con arma blanca fue condenado a cárcel. Estuvo en el módulo psiquiátrico de la cárcel Modelo. Se lamenta Joan Maria de que fue en la prisión, sobre todo en su posterior paso por Brians II, donde mejor estuvo. “Estaba en una unidad de psiquiatría, no consumía, cumplía horarios, comía… De hecho, decía que lo que le daba miedo era salir”, comenta.

En cuanto estos jóvenes entran en contacto con la Justicia, se queja Joan Maria, la sociedad ya les pone la etiqueta. “Aunque empiezan a delinquir para consumir, cuando entran en la rueda judicial ya los tratan como delincuentes, pero en realidad están enfermos”, reflexiona.

De los 20 a los 30, Ignasi encadenó episodios violentos, robos y delitos, ingresos y altas de centros hospitalarios… Sus padres llegaron a pedir una orden de alejamiento de él, que les fue concedida. Esto comportó un episodio “incomprensible” en el que tras su hospitalización por dos intentos seguidos de suicidio, el Hospital Clínic no les permitió visitarle. Tuvieron que ir corriendo al juzgado a solicitarlo. Ignasi se había tirado a la vía del metro y había sobrevivido de milagro, aunque estuvo en la UCI durante semanas.

En los últimos tres años de su vida, Ignasi estuvo viviendo en la calle, en el barrio del Raval. “Cada dos semanas más o menos venía a casa, se duchaba, comía algo, cogía fuerzas y volvía a la calle”, cuenta Joan Maria. “A veces le dejábamos entrar y otras veces, no. Dependiendo de cómo venía, si estaba muy nervioso o había consumido”, comenta.

La última vez que lo hizo fue en diciembre de 2019. “Durmió en casa, se fue al día siguiente y pensábamos que no lo veríamos hasta otra, pero esa noche regresó a dormir también. Al día siguiente lo mismo, pero ya no se despertó. Mi mujer se lo encontró muerto”, relata. “Yo creo que en el fondo vino a morir a casa, porque era un lugar que amaba y porque ya se veía en un estado de degradación muy avanzado”, concluye.

A Joan Maria le duele reconocer que ese día, 13 de diciembre, su mujer y él respiraron aliviados. Ya no tendría que dormir más con el teléfono encendido a la espera de la llamada de la policía o del hospital. “Al menos su vida tuvo un sentido, gracias a él creamos la asociación Afatrac”, reconoce. Desde su fallecimiento, han muerto otros 11 jóvenes de entre 30 y 40 vinculados a la entidad.

De los equipos guía a más centros especiales

La lucha de estas familias casi diez años después de su organización ha dado ya algunos frutos. Su primer hito fue una comparecencia en el Parlament de Catalunya donde trasladaron su desesperación a los grupos políticos. Se dio el caso que coincidió su irrupción con la creciente toma de conciencia por parte de la Administración de los problemas de salud mental, sobre todo a raíz de la pandemia.

En 2020 el Departamento de Salud de la Generalitat publicó el Programa de Abordaje Integral de los Casos de Salud Mental y Adicciones de Elevada Complejidad (PAICSAMAEC), las primeras políticas públicas orientadas a estos jóvenes. Entre sus principales servicios está la implantación de los llamados “equipos guía”, grupos integrados por cuatro o cinco profesionales distintos, entre los que hay psiquiatras, psicólogos, enfermeros y educadores sociales, para atender a estos usuarios en su entorno. “Han sido muy útiles, porque como nuestros hijos no se presentan nunca a la consulta cuando les dan cita, estos equipos acuden donde ellos están, y crean un vínculo con ellos para acompañarles en lo que hace falta”, apunta.

Por ahora hay 10 de estos equipos repartidos por toda Catalunya. Pero Afatrac pide su ampliación. Según sus datos, el 15% de sus jóvenes ya está atendido por estos servicios. Del resto, aunque la mayoría no lo ha pedido, existe un 19% al que se le ha denegado.

Entre otras demandas de Afatrac, están también pedir más centros hospitalarios especializados en estos trastornos agresivos, para ingresos largos o de urgencia, y que se apueste más por la justicia restaurativa en su paso por los juzgados. “En la cárcel están mejor que en la calle, pero esta no puede ser la solución”, reclama este padre.