
El alcalde de Tinajo (Lanzarote) perdona a la empresa de su hermano una deuda de 35.000 euros con el Ayuntamiento
Entre los beneficiarios de la prescripción de casi medio centenar de adeudos, que suman cuatro millones de euros de dinero público perdido, también están el concejal de Agricultura y el de Festejos, el Cabildo y varias consejerías del Gobierno canario
Hemeroteca – El alcalde de Tinajo, Lanzarote, aloja en hoteles a agresores de violencia machista para no mandarlos al calabozo
El alcalde de Tinajo, Jesús Machín (Coalición Canaria), ha perdonado varias deudas por valor de 35.000 euros a la empresa Duque & Duque Lanzarote S.L., administrada por uno de sus hermanos. El primer edil de este municipio de Lanzarote lleva en el puesto 24 años y ha estado en el centro de la polémica en las últimas semanas por decir en un pleno que alojaba a agresores machistas en hoteles para evitar su detención. El pasado 30 de octubre, Machín firmó un decreto para tramitar la prescripción de deudas tributarias que ascienden a los cuatro millones de euros. Entre ellas, también hay pasivos de dos concejales de la corporación municipal.
El documento, al que ha tenido acceso este periódico, fue firmado en noviembre de 2024 y recoge hasta 47 deudas contraídas entre los años 2000 y 2020. La resolución atiende a una propuesta de la Secretaría-Intervención emitida el 26 de noviembre del año pasado, en la que se argumentaba la necesidad de iniciar los trámites para la prescripción de estos adeudos. Un día después, la Alcaldía incoó el procedimiento y se emitió un informe jurídico que comprobaba su “viabilidad y legalidad”.
Entre los beneficiarios de la prescripción de la deuda está Luis Miguel Pérez Berriel, concejal de Agricultura, Ganadería y Pesca, Parque Móvil y Transporte, Limpieza, Parques y Jardines, Vías y Obras, Mantenimiento de Viales y responsable del área de Protección Animal y Cementerio. En concreto, a 31 de diciembre de 2005 tenía pendiente de ingresar 2.987 euros y otros 2.358,50 correspondientes a “licencias urbanísticas”.
Otras dos de las cantidades pendientes de pago son de Jonathan Pérez Olivero, edil de Festejos, Economía y Hacienda, Recaudación y Catastro. En este caso, los importes son de 2.823,75 y 3.529,69 euros. Esta última correspondiente a “licencias urbanísticas”.
De los 4.025.431,26 euros que se debían a las arcas públicas del Ayuntamiento, 34.665,75 han sido perdonados a la empresa Duque & Duque Lanzarote S.L. En concreto, se trata de siete deudas diferentes contraídas entre 2013 y 2014. Las dos primeras datan del 8 de mayo de 2013, tienen un importe de 4.315,20 y 4.604,14 euros, y corresponden a la legalización y ejecución de vivienda unifamiliar aislada en La Vegueta.
Las dos siguientes son del 13 de mayo de 2013, en el documento aparece el mismo concepto que en las anteriores y los importes son de 5.247,97 y 5.711,10 euros. La siguiente es de 5.247,97 euros, data del 22 de octubre de 2013 y se relaciona con un canon de aprovechamiento urbanístico y proyecto técnico de legalización y ejecución de vivienda unifamiliar aislada en La Vegueta.
La empresa Duque & Duque Lanzarote fue constituida en noviembre de 2004 y en 2008 fueron nombrados dos administradores: José Carmelo Bermúdez Duque y Manuel Armando Machín Duque, hermano del alcalde, Jesús Casimiro Machín Duque. Se trata de una empresa pequeña dedicada a la construcción de edificios residenciales que tenía su domicilio social en La Vegueta, Tinajo.
En 2017 fue publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) el cierre provisional de la hoja registral de esta empresa por su baja en el índice de entidades jurídicas. Esta medida administrativa se toma cuando una empresa no ha cumplido con sus obligaciones legales o registrales sobre su actividad o su existencia legal.
Deudas de varias consejerías y del Cabildo
Tinajo tampoco cobró a diferentes consejerías del Gobierno de Canarias más de 220.000 euros para obras de mejora en diferentes áreas del municipio. La cantidad de dinero más alta que nunca fue abonada la prometió la Consejería de Educación en 2008 y tiene un valor de 100.000,93 euros, que se tenían que dedicar a la construcción del colegio público Guiguan, en Mancha Blanca. La Consejería de Industria tampoco pagó al municipio 86.929,25 euros de una ayuda aprobada en 2007 para realizar “varias obras de ahorro y eficacia energética en el municipio”.
Por su parte, el área de Empleo tenía dos deudas con el Ayuntamiento. Una de ellas de 14.679,53 euros para la mejora y el soterramiento de líneas eléctricas en Tinguatón y otra de 17.786,82 euros para la mejora y el soterramiento de líneas eléctricas esta vez en el núcleo de La Vegueta. En esta línea, la corporación municipal no cobró a las consejerías de Bienestar Social y de Presidencia otras dos cantidades de 1.200 y 2.486,86 euros para gastos del programa de concertación de plazas en escuelas infantiles privadas y para la potenciación y homogeneización de las policías locales de Canarias, respectivamente.
Por otro lado, el Cabildo de Lanzarote quedó pendiente de pagar al Ayuntamiento 380.412,51 euros por deudas de 2001, 2002 y 2017.
El documento también recoge cuatro deudas de la empresa Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa), encargada de la producción de agua en la isla. Dos de ellas corresponden a las tasas por ocupación de suelo de 2008 y 2009 que no se pagaron. En concreto, las cuantías son de 7.737,31 y 3.602,63 euros. La tercera data de 2012 y, en este caso, Inalsa no abonó 5.222,37 euros en concepto de tasas por el uso del subsuelo entre enero y agosto de ese año.
Tampoco pagó las relativas al periodo entre septiembre y diciembre de 2012, lo que supuso una pérdida para las arcas municipales de 2.209,20 euros más. También quedaron pendientes de pago las tasas por el uso del subsuelo entre enero y mayo de 2013. En total, esta empresa debía a Tinajo 22.318,77 euros. Este periódico ha pedido a la corporación municipal más detalles sobre por qué no se cobraron todas estas deudas, pero hasta el momento no ha respondido.
El decreto resuelve que se debe iniciar un expediente administrativo para determinar “la posible existencia de una actuación culposa en la administración de los recursos”. Esto significa que el Ayuntamiento deberá investigar si se produjo algún tipo de negligencia en la gestión del dinero público que haya provocado la pérdida de cuatro millones de euros en un municipio que en 2024 contaba con un presupuesto de 12 millones.