Ilegales para el Gobierno, legales para la Xunta: la paradoja tras la que se amparan miles de pisos turísticos en Galicia

“Ni son ilegales ni pasarán al mercado residencial”. La respuesta de Aviturga, la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia, a la decisión del Ministerio de Vivienda de reclamar a las plataformas digitales que retiren los anuncios de 2.640 pisos turísticos, vuelve a apoyarse en el mismo parapeto. Se trata de los que solicitaron la inscripción en el Registro Único de Alojamientos Temporales pero no lo obtuvieron por no cumplir “los requisitos legales”. Sin embargo, la entidad se ampara en que esos inmuebles ya están inscritos en el registro autonómico de Empresas y Actividades Turísticas (REAT), un listado cuestionado por Consumo y ayuntamientos como el de Santiago porque la Xunta mantiene en él a viviendas que no cumplen la normativa municipal. El gobierno gallego, a preguntas de elDiario.es, guarda silencio.

La controversia no es nueva. Cuando en junio de 2024, el consistorio compostelano puso el colofón a su normativa sobre viviendas turísticas, cerró la puerta a regularizar aquellas que venían funcionando pero no se ajustaban al nuevo escenario. Entonces, el ejecutivo local se dirigió a la Xunta para que actuase de oficio y borrase del REAT los pisos que habían quedado en situación ilegal. Por ejemplo, los que están ubicados en el casco histórico —zona declarada Patrimonio de la Humanidad y donde están totalmente prohibidos— y que pueden detectarse simplemente consultando el callejero.

El actual ejecutivo compostelano, formado por BNG y Compostela Aberta, como ya hizo el anterior —socialista—, acusaba a la Xunta de incumplir sus propias leyes y permitir la inscripción en el REAT de “cientos” de alojamientos turísticos que no contaban con licencia municipal. Turismo lo explicaba entonces invirtiendo la carga de la prueba y tratando de mostrarse como el equivalente a simple copista.

Para inscribirse en el registro autonómico, recordaban, era suficiente una declaración responsable en la que el usuario asegurase que cumplía toda la normativa, “incluida la municipal”. El papel de la Xunta, por tanto, se limitaba a informar de cada alta al ayuntamiento correspondiente, que era quien debía comprobar si esa vivienda cumplía o no la normativa. “En caso de que no lo haga, es el Ayuntamiento quien tiene que comunicarle el caso a Turismo de Galicia para que podamos proceder con el expediente de baja, con audiencia a las partes”, respondía.

Bustinduy y los anuncios ilegales

Eso significa que cerrar 600 viviendas ilegales —las que dejaba fuera la norma compostelana— requeriría 600 expedientes. Y eso a pesar de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia aseguró en una sentencia de enero de 2023 que “la Axencia Galega de Turismo, en el procedimiento regulado en los artículos 39 y siguientes, relativo a las viviendas de uso turístico (VUT) y su régimen de actividad, debe comprobar que el destino como VUT no está prohibido por la ordenación de usos del sector”.

Como se ve, el argumento no convenció a los jueces. Tampoco al gobierno de la capital de Galicia; ni al central. A finales de abril, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, anunciaba en Santiago —en una nada casual comparecencia conjunta con la alcaldesa, Goretti Sanmartín— el envío a la Xunta de los datos de 9.600 viviendas turísticas que se anunciaban de forma ilegal en la comunidad, ya que no incluían el número de registro al que obliga la Ley de Turismo de Galicia. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, no dio por buenas aquellas cifras y acusó a Bustinduy de actuar con “efectismo”.

Cuatro meses después es otro ministerio, el de Vivienda, quien enciende las alarmas y va un paso más allá: ya no habla de publicidad ilegal sino que pone en duda la legitimidad de 2.640 viviendas para poder ejercer su actividad económica. Y es ahora cuando el REAT pasa de ser ese simple listado al que parecía querer reducirlo Turismo, para convertirse en un documento que da carta de naturaleza a los alojamientos. O, al menos, así lo interpretan ellos.

“Para nosotros, una vivienda turística es legal desde el momento en que tiene el número de registro que le da la Axencia Galega de Turismo, que es la que tiene las competencias”, aseguraba en la Cadena SER la presidenta de Aviturga, Dulcinea Aguín. “Entonces, no podemos comprender ni estar de acuerdo con ese calificativo [ilegal] por el hecho de que no tenemos el número del registro único”.

Solicitudes revocadas

El registro único que cuestiona Aviturga comenzó a funcionar el 1 de enero, en colaboración con el Colegio de Registradores, “para acabar con el fraude en los alquileres turísticos”, según dice el ministerio.

“A través de la Ventanilla Única Digital del Ministerio de Vivienda, los datos del registro se cruzan con los de las plataformas digitales, que están colaborando para identificar los anuncios sin código”, plataformas que ahora “deberán proceder a la retirada de los anuncios de estos inmuebles, que se pueden estar comercializando en varias de ellas a la vez”, según el comunicado de Vivienda.

Las 2.460 viviendas gallegas afectadas por la decisión son aquellas que pidieron inscribirse en el registro único desde el 1 de julio pero a las que les fue revocada su solicitud porque “contenía datos incompletos o no acordes a la normativa vigente del tipo de actividad que se pretendía desarrollar y no fue subsanada en un plazo oportuno”. Prácticamente la mitad de ellas (1.249) están en la provincia de Pontevedra; en A Coruña hay 992, 339 en Lugo y sólo 60 en Ourense. Vigo es el municipio con mayor número (227), seguido por Sanxenxo con 196, A Coruña (140), Santiago (128) y Pontevedra con 111.

Aviturga asegura que esas viviendas, pese a lo que pretende el Gobierno, no volverán al mercado residencial y que “el único efecto” que tendrá dejarlas fuera del registro será que no podrán anunciarse a través de las plataformas, pero que seguirán funcionando en el mercado turístico.

“Hasta la fecha, ningún gobierno que ha prometido el efecto de prohibición de las viviendas turísticas para engrosar la oferta de alquiler residencial ha visto cumplida su promesa”, advertían en su comunicado de respuesta al ministerio. Por eso, insisten en solicitar la derogación de la actual Ley de Vivienda, una demanda en la que también coinciden con la Xunta.