Pau Marí-Klose: «Ha llegado el momento de la adaptación al cambio climático, y eso implica movilizar muchos recursos»

Sociólogo por la Universidad de Zaragoza especialista en desigualdades y en infancia, Pau Marí-Klose analiza en el libro ‘Estado del bienestar y el cambio climático’ –editado también por Mario Kölling– los retos sociales que generan las medidas frente al calentamiento global, junto con autores del prestigio de Eloísa del Pino. “El cambio climático hasta ahora solo se había visto como un riesgo natural, pero resulta obligatorio mirarlo desde el punto de vista social”, sostiene.

Ex alto comisionado para la Infancia en el primer Gobierno de Pedro Sánchez y exdiputado socialista del Congreso, Marí-Klose también se adentra en cuestiones como el debate migratorio, los impuestos o la situación política actual.

¿Por qué un libro que ligue el estado de bienestar con el cambio climático?

Queríamos hacer visibles las dimensiones sociales que tiene el cambio climático y las respuestas sociales que requieren. Hay efectos devastadores sobre el planeta, pero en ese planeta viven personas y lo que nos interesa es cómo los van a sufrir las personas. Además de riesgos naturales, provoca riesgos sociales, y el gran protagonista para gestionarlos debe ser el Estado de bienestar.

¿Cómo inciden las políticas climáticas en la política social?

Hay una relación estrecha: buena parte de las políticas climáticas tienen efectos colaterales en lo social, para bien y para mal. Las políticas climáticas, de transición energética, suponen una reconversión de la economía muy importante que genera ganadores, que ven nuevas oportunidades de beneficio o de empleo, pero también perdedores, que observan cómo sus medios de subsistencia, sus minas o sus centrales térmicas, se cierran. Y los efectos pueden ser muy importantes para los territorios donde se produce. Pero esto va mucho más allá. El efecto climático más evidente este verano han sido las olas de calor: producen muertos y obligan a replantearse cuestiones de la atención sanitaria, desde la especialización de los médicos a medidas preventivas o paliativas. Y es solo un ejemplo; la interrelación es constante. 

Su obra ‘Estado del bienestar y el cambio climático’, de carácter coral, lo pone de relieve.

Se reflexiona muy poco sobre esta interrelación entre cambio climático y cambios sociales o nuevas vulnerabilidades. Hasta ahora hemos estado muy centrados en la idea de que había que frenar el aumento de las temperaturas, en el efecto invernadero; obviamente es una medida fundamental, pero ha llegado el momento de la adaptación al cambio climático. Durante cierto tiempo no hablábamos de adaptación, algunos lo veían con escepticismo: parecía que así asumíamos que no podemos frenar el aumento de las temperaturas y sus consecuencias. Pero es que llega un momento en que nos enfrentamos a un riesgo tan devastador que hay que hablar de adaptación. Y eso implica la movilización de muchos recursos. Te pongo un ejemplo: la Dana. Pone de manifiesto que hay miles de viviendas en España en cauces de posibles barrancos, expuestas a situaciones de vulnerabilidad. Las inundaciones tienen un enorme efecto asimétrico sobre la población: ¿quién vive en las plantas bajas? Las dimensiones sociales son enormes y apenas se ha reflexionado sobre ellas.

El cambio climático no nos iguala, sino que provoca ganadores y perdedores. 

Desde el primer momento. La exposición al cambio climático en el planeta es muy desigual. Y la responsabilidad en su generación es muy desigual: lo hemos provocado fundamentalmente los países ricos. Eso ha dejado atrás a otros países, los más vulnerables en este momento: los que vienen en zonas del planeta donde un incremento de temperaturas es absolutamente devastador y donde los episodios del clima extremo son más cruentos. Y ante los que tienen menos herramientas para defenderse: con sistemas sanitarios menos adecuados o sin posibilidad de llevar a cabo obras de ingeniería para encauzar los ríos, por ejemplo. Buena parte de los efectos del cambio climático en las zonas del norte son desiguales: las olas de calor matan sobre todo a sectores más vulnerables, personas mayores que tienen sus casas más expuestas al calor o barrios con menos arbolado. En mi capítulo menciono una noticia de elDiario.es: después de la tormenta Filomena, las calles que más liberó el Ayuntamiento de Madrid fueron las de los barrios más acomodados, mientras los más humildes seguían bajo la nieve. Esto, que se produce aquí a pequeña escala, está documentado que ocurrió en Nueva Orleans con el Katrina.

Una desigualdad tanto internacional como intranacional.

Así es. Dentro de cada país hay una desigualdad entre zonas ganadoras, normalmente metropolitanas urbanas. El cambio climático ha originado una transición energética que abarata la electricidad renovable para determinados sectores. Aquí hay unos claros ganadores, que en principio deberíamos ser todos, pero explícalo en las zonas rurales donde has cerrado una mina o una central térmica, o donde has el subido los impuestos al diésel, con lo que has encarecido los combustibles en la agricultura. Esto ha dado lugar a movilizaciones en Europa importantes, ¿eh? En Alemania, en Países Bajos, los chalecos amarillos en Francia. Grandes movilizaciones contra gobiernos con sensibilidad medioambiental por determinadas tasas sobre combustibles fósiles.

Y ¿qué papel pueden desempeñar las políticas sociales en una transición energética justa y sostenible?

Las soluciones están por construir. En algunos aspectos estamos avanzando: para las zonas más afectadas por la transición energética se han arbitrado soluciones de inversión, de nuevo tejido económico, recualificación de las personas que viven allí y también políticas compensatorias. En el sistema sanitario hay que hacer todo un replanteamiento de atención a colectivos vulnerables: que existan refugios climáticos, que haya un acompañamiento para que estas personas acudan a ellos; hay que especializar al personal sanitario, y probablemente haya que integrar los servicios sociales y los sanitarios mucho mejor. El desplazamiento de determinado tipo de insectos que pueden ser vectores de transmisión de enfermedades: son cuestiones que no estamos acostumbrados a tener que prevenir. El tipo de pavimento, el tipo de árboles, la distribución del arbolado de manera más extensa en determinados barrios, toda una política de adaptación de las viviendas, etc. Son muchos campos en los que va a tener que entrar la política social. El Estado de bienestar va a tener que concebirse como un estado ecosociable, en el que todas estas dimensiones están presentes en todas las actuaciones.

Desde los ayuntamientos, como dice, hay posibilidad de impulsar infraestructuras urbanas que protejan del cambio climático.

Desde el plano de las comunidades afectadas hasta el plano individual de los colectivos con vulnerabilidad, y pasando por planos intermedios. El del ámbito de trabajo, por ejemplo: se nos está muriendo gente que trabaja en situaciones de clima extremo. Esto impele a reflexionar, a hacer un análisis exploratorio de qué riesgos plantea y qué responsabilidades debemos asumir. El estado del bienestar se concibe precisamente como eso: una respuesta a riesgos sociales. El cambio climático hasta ahora solo se había visto como un riesgo natural, pero resulta obligatorio mirarlo desde el punto de vista social. Este verano hemos visto que se quemaban pueblos y viviendas: ante los incendios forestales, los gobiernos suelen tomar medidas para indemnizar a colectivos afectados, pero lo hacen de una forma discrecional. Si generamos derechos ante el retraso de un vuelo del que uno no es responsable, indemnizando a pasajeros por retrasos de dos horas, ¿por qué no plantearse que suceda lo mismo frente a catástrofes como incendios de las que uno no es responsable? Y según qué gobierno responderá de forma diferente.

Eloísa del Pino menciona un trilema al que se enfrentan los estados de bienestar: aunar la preservación de la naturaleza, el aseguramiento de la justicia social y la garantía del crecimiento económico. ¿Cuál eliminamos de la ecuación?

No es fácil encontrar el equilibrio; los países están dejando caer uno o incluso dos. Del Pino pone el ejemplo de Noruega: aparentemente tiene unas políticas ambientales muy avanzadas, una política social también avanzada y un progreso económico muy saludable… pero que se basa en la exportación de petróleo y en la generación de un fondo soberano. Una de las patas falla. Hay ciertas posturas, lo que se llama el ‘retardismo’, que aquí en España puedes encontrar claramente en el PP: aceptan que hay que tomar medidas contra el cambio climático, pero sin poner en ningún tiempo de riesgo el crecimiento económico y la creación de empleo. A la mínima en que pueda suceder, no proponen una respuesta social, sino que renuncian.

En este trilema, ¿entra en juego también la ideología?

Sí, se gestiona de forma diferente según tu inspiración ideológica. ¿Estás dispuesto a admitir políticas sociales desde posturas de izquierdas para mantener la ambición climática? E incluso ¿estás dispuesto a renunciar al crecimiento a corto plazo porque entiendes que la política social y la política climática pueden a largo plazo promover el crecimiento económico? Ahí hay toda una serie de debates que no están resueltos. En qué medida las políticas de transición energética van a producir ese crecimiento que compense los costes a corto plazo. 

Es como lo que decía Merkel de que sabía qué hacer, pero no cómo ganar después las elecciones.

Claro. Y una de las respuestas a cómo ganar elecciones cuando tomas decisiones en política climática que resultan impopulares es generar una transición que se perciba como justa, en la que no salgan perdiendo siempre los mismos, y en la que los que vayan a perder a corto plazo tengan una perspectiva de recuperación. La política social es una herramienta también para promover medidas contra el cambio climático. 

Como sociólogo, ¿cómo cree que podemos atacar un problema de carácter tan global? ¿Cómo liberarnos del sesgo de que sean otros los que asuman las cargas que supone luchar contra el cambio climático?

Es un ejemplo muy claro de lo que en economía se conoce como el dilema del prisionero: cómo cooperar y no tener la tentación de aprovecharte para sacar el máximo beneficio propio. Esa tentación existe, y más en unos sectores sociales que en otros. Ahora se habla mucho de las personas con una mentalidad de suma cero; hay que apelar a quienes no la tienen. Obviamente una de las grandes batallas es confrontar la desinformación; tanto la que apunta a que la responsabilidad del cambio climático no es humana como las actitudes contra las políticas de adaptación, las que transmiten que la adaptación es derrotista.

Cambiando de tema, la semana pasada la consejera aragonesa de Bienestar Social esgrimió argumentos muy similares a los de Vox en materia migratoria, como le afearon incluso diputados alineados con el PP. ¿Está perdido este debate?

Yo quiero pensar que todavía hay un atisbo de responsabilidad en el PP a la hora de enfrentarse a una cuestión en la que se dirimen derechos; de una población, además, muy vulnerable. Si el PP es un partido de centroderecha, que asume los principios de la Convención de Derechos del Niño, en algún momento tendrá que detenerse y asumir sus responsabilidades. Ante un problema que, además, se genera fuera de España, con lo que no pueden responsabilizar al Gobierno central.

Pero lo hace.

Y distorsionando la realidad. Las pateras llegan a Canarias, las islas tienen un problema objetivo que está empezando a aparecer también en Baleares, y una gestión de ese problema implica el reparto de cargas en un Estado como el nuestro. Si además son tan partidarios de que en el Estado haya responsabilidades centrales, y que no se cedan, deben entender que pasan por repartir la carga.

Aragón recauda 12 millones de euros menos provenientes de contribuyentes acaudalados por el aumento de exenciones en el impuesto de patrimonio del Gobierno de Azcón. Eso también tiene un impacto en el estado del bienestar.

Todos los recursos que dejan de entrar son recursos que no se pueden utilizar en políticas públicas o en las principales partidas de las políticas sociales. La actitud responsable y rigurosa es tratar de que no se dejen de ingresar recursos que además luego las comunidades autónomas reclaman, lo cual es una paradoja. Regiones con una política fiscal más laxa son después las más reivindicativas para que el Estado les dé recursos y les condone deudas.

Usted fue alto comisionado para la Infancia. España ha pasado a Rumanía y es el país de la UE con mayor riesgo de pobreza infantil. ¿Han servido para algo las políticas impulsadas?

Yo quiero pensar que sí. Se han adoptado políticas que en algunos casos están evidenciando unos primeros efectos, y que en algunos casos se enfrentan a una realidad cambiante en que aparecen nuevas formas de vulnerabilidad. España está recibiendo contingentes muy importantes de migración y el riesgo de pobreza en estos colectivos es relativamente elevado. Y eso explica el mantenimiento de la pobreza infantil en un contexto en que la pobreza y la desigualdad están disminuyendo. Es decir, que las medidas sí que se están materializando. En la pobreza infantil hay que insistir. Y aquí puedo ser además crítico con el Gobierno actual: comenzamos considerándolo una prioridad y se está relajando. La pobreza infantil es resultado de toda una serie de transformaciones sociales en curso, y debemos ser conscientes de que tienen una magnitud importante. He hablado de la migración, pero también puedo mencionar que somos un país con unas estructuras familiares mucho más frágiles de las que tenía, y la pobreza infantil se está concentrando en familias monomarentales. Ante nuevos escenarios, pedir que los datos de pobreza infantil bajen de un día para otro es difícil.

Afea el papel de algunas comunidades autónomas en este ámbito.

La acción del Estado central ha coincidido en muchas comunidades autónomas con la inacción de estas o incluso con retirada de las políticas en la materia. Por ejemplo, el hecho de que el Estado central haya lanzado un ingreso mínimo vital, con un componente importante de atención a la infancia, ha coincidido en el tiempo con ciertas comunidades autónomas que han recortado sus prestaciones o no las han querido convertir en complementarias en la lucha contra la pobreza. Es decir, que hay dos planos: uno en el que las transformaciones sociales generan muchas situaciones de vulnerabilidad, pero también hay una inacción política que provocó que la responsabilidad principal la asumiera el Estado; lo que economía se llama efecto ‘crowding out’, efecto desalojo. Aragón, con la dispersión de la población, que genera costes importantes para personas en zonas muy apartadas… No se ha iniciado una reflexión sobre cómo hay que complementar las rentas en mínimas en estos espacios.

Como exdiputado del PSOE por Zaragoza, ¿en qué punto se encuentra su actividad política?

Sigo colaborando con las fundaciones del pensamiento del PSOE: la Pablo Iglesias y el Laboratorio Avanza; tengo varios proyectos con ellos. Ayudo a los que me preguntan, aunque cada vez menos. Yo estoy contento de ayudar cuando puedo, pero no me sitúo en ninguna trinchera. No he renegado, pero no me veo participando en política activa en muchos años; yo soy profesor universitario y me gusta lo que hago.

¿Cómo observa el nivel de crispación actual?

Me resulta desagradable, pero entiendo que la situación difícilmente puede ser diferente. Nos encontramos en un escenario político internacional muy convulso, con un auge fuerte de fuerzas muy crispadoras, que ponen mucha presión en los partidos de centroderecha. Ha pasado en Francia, en el Reino Unido, en Austria. Por otro lado, las fuerzas de centroizquierda no pueden aspirar a las mayorías que tenían antes; me hace gracia que pidan al PSOE que sea de nuevo el partido del 40%. Y ¿cómo se hace eso? El mundo ha cambiado y el escenario es muy complicado para todos. También para el PSOE, obligado a gestionar un Parlamento en el que tiene que trabajarse cada decreto de forma muy angustiante. El nivel de polarización es resultado de esa fragmentación.

El PP pide anticipar elecciones.

También lo hizo con Felipe González y con Zapatero: quiere forzar la caída de un Gobierno antes de que este no esté en condiciones de gobernar. Y Pedro Sánchez, aun con muchas dificultades y equilibrios casi imposibles, está en condiciones de gobernar. La situación macroeconómica no es mala y la convivencia es relativamente buena.

¿No ve pues necesarios los comicios en la situación actual?

Yo tenía muchas reticencias a entrar en este gobierno, a gobernar en esta legislatura. Pero una vez iniciada, solo hay una persona a la que le corresponde convocar elecciones, y es el presidente del Gobierno. Que es perfectamente legítimo para continuar esta legislatura hasta que considere que conviene pasar página. Yo no creo que la situación económica y social requiera ir a nuevas elecciones de manera inmediata. Y la situación política es inducida en gran medida por la crispación que alimenta la oposición. Por eso creo ilegítima la exigencia de nuevas elecciones. Otra cosa es que las dificultades económicas o sociales se agudizaran, pero esa situación no existe en este momento. Hay medida que no va a poder aprobar, pero España seguirá adelante sin jornada de 37,5 horas.