Anticorrupción cita a declarar como testigo a un conseller de Mazón que pagó «sin justificación» a la trama de los Blasco

Marciano Gómez, conseller de Sanidad del Gobierno autonómico de Carlos Mazón, ha sido citado a declarar como testigo en el juicio del ‘caso Osvaldos’, celebrado ante la sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia. Sergio Blasco, exdirector gerente del Hospital Provincial de Valencia y sobrino del exconseller del PP Rafael Blasco, figura como el principal acusado de liderar una presunta trama de saqueo de la sanidad pública a la que dos consultoras del conseller Gómez abonaron pagos dudosos. En el banquillo de los acusados también se sientan un hermano y un sobrino de Sergio Blasco, actualmente directivo de un hospital de la República Dominicana, además de varios empresarios que supuestamente participaron en la red corrupta. La fiscal anticorrupción ha repasado algunos de los pagos a la presunta red y ha destacado, como ya hizo el juez instructor, que las empresas de Marciano Gómez pagaron “sin justificación alguna”.

El conseller de Sanidad de Mazón ha sido citado por el tribunal el próximo 22 de octubre, en la tanda de testigos solicitados a petición de la Fiscalía Anticorrupción, según ha podido confirmar elDiario.es. Dos consultoras de Marciano Gómez, tal como informó este periódico, pagaron fondos a empresas de la presunta trama. Unas mercantiles que, tal como acreditó la instrucción del ‘caso Osvaldos’, acabaron abonando numerosos gastos personales de Sergio Blasco, tales como viajes al extranjero, vehículos y terrenos, entre otros.

El actual conseller compatibilizaba su trabajo de médico en la sanidad pública valenciana con la administración de dos consultoras (Iniciativas Médicas y Farmacéuticas SL e Iniciativas y Marketing Sociosanitario SL). La primera de las firmas abonó 20.000 euros a Vamont Consulting SL, una empresa clave de la trama usada para la construcción de dos hospitales privados en Perú (pieza separada que fue finalmente archivada).

Por otro lado, Iniciativas y Marketing Sociosanitario SL pagó 17.400 euros a Corporación Sanitaria del Mediterráneo SL, empresa cuyo accionista era el hermano de Sergio Blasco y que abonó el pago de varios viajes al extranjero del exgerente del Hospital Provincial y de otros miembros de la trama e incluso un vehículo Mercedes Clase M y un pase para el palco VIP en el estadio del Valencia Basquet durante dos temporadas, entre otros gastos.

El president Carlos Mazón y el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, en una imagen de archivo.

Al juez que investigó la presunta trama no le convencieron las explicaciones sobre los pagos que dio Marciano Gómez en su declaración como testigo durante la fase de instrucción (antes de ser nombrado conseller del Ejecutivo de Mazón). Gómez, según reza el auto de procedimiento abreviado, abonó un total de 37.400 euros a las firmas de la trama “sin justificación alguna”.

El actual titular de Sanidad declaró que hizo los pagos “por indicación de Sergio Blasco” y que “no conocía de nada” a las mercantiles a las que abonó el dinero. También especificó que se trataba de “unos folios” con información sobre “unos hospitales en Perú que le dio el propio Sergio”.

La resolución consideraba que la consultoría sobre “supuestos proyectos en Latinoamérica” no tenía “justificación documental alguna”. Además, según remachaba, los pagos coincidieron “en cuantía y fechas” con las transferencias de Vamont Consulting SL a Corporación Sociosanitaria del Mediterráneo, la firma que abonaba los gastos particulares de Sergio Blasco y su familia.

Una acusada pide declarar la primera

La defensa de una de las acusadas —Gisela Samudio, administradora de una de las mercantiles y definida por el instructor como una “persona muy vinculada” al exgerente del Hospital Provincial— ha pedido que declare la primera, incluso antes que las testificales de los testigos. El presidente del tribunal ha acordado que declare al inicio de la siguiente sesión programada en el calendario del juicio, el próximo 23 de septiembre.

La acusada, a pesar de su “capacidad económica escasísima”, según su letrada, ha consignado 20.000 euros para afrontar parte de la responsabilidad civil.

La fiscal anticorrupción ha dejado caer que la mujer declarará a cambio de que se le reconozcan posibles atenuantes por reparación del daño causado o para identificar a responsables de la presunta trama. La defensa de la mujer ha lamentado que la “pieza de caza” para los investigadores de la causa siempre fue el exconseller Rafael Blasco y que las pesquisas se fueron “ampliando” hasta llegar al sobrino del expolítico del PP y a los empresarios que se sientan en el banquillo. 

Una investigación “omnímoda”, según las defensas

El juicio ha arrancado este martes con la sesión de cuestiones previas, en la que las defensas han pedido al unísono la nulidad de la causa, cuya instrucción consideran prospectiva. El letrado de uno de los empresarios que se sientan en el banquillo ha afirmado: “Pocos ejemplos he visto tan claros de inicio de una investigación prospectiva”.

Las pesquisas se iniciaron en 2014 tras una denuncia de Esquerra Unida y una querella posterior de la Fiscalía Anticorrupción. Una de las letradas ha defendido que se trata de una “investigación omnímoda” y ha recordado que “dos habitaciones” de la Ciudad de la Justicia de València albergan numerosas cajas con documentación sobre varios hospitales. Otro de los abogados ha asegurado que se juzga una “causa general” y ha criticado la denuncia inicial de la diputada Marina Albiol, también citada como testigo.

Por su parte, la defensa del empresario Miguel Sanfélix ha asegurado que la parlamentaria aportó “únicamente un cuadro esquemático”, en referencia a un detallado croquis de las relaciones societarias de las empresas de la presunta trama. “Con fotografías muy monas, eso sí”, ha concedido el letrado.

Comisiones para “beneficiarse de forma ilícita”, según la fiscal

La representante de la Fiscalía Anticorrupción ha recordado, por el contrario, que la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia avaló la instrucción de la causa y desestimó los recursos de las defensas contra el auto de apertura de juicio oral. En un tono muy técnico, la fiscal ha cuestionado una por una las alegaciones de las defensas y ha apuntalado el inicio de las pesquisas.

También ha recordado que la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo no exige “poderosos” indicios de criminalidad para abrir una investigación, tan solo que se verifique la “verosimilitud” de los hechos denunciados. Tal como ocurrió en los albores del ‘caso Osvaldos’, con una serie de diligencias preprocesales por parte de Anticorrupción que propició la querella del Ministerio Público.

Se abrieron tres piezas separadas y solo una ha llegado a juicio. Una de las piezas que se archivó —la “rama andina”— fue la de los negocios de la presunta trama en Perú. “Desde el principio de la causa se confirmó la verosimilitud” de los hechos denunciados, ha explicado la fiscal.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación. En el sumario constan informes de la Intervención General del Estado que acreditaron presuntas irregularidades en adjudicaciones a la supuesta red.

La fiscal anticorrupción ha aludido al “cobro” de presuntas comisiones a supuestas empresas pantalla “semiactivas o inactivas” para “beneficiarse de forma ilícita”.