Sobrevivir a un terremoto en un país con ‘apartheid de género’: «Las mujeres son las principales víctimas de este desastre»

En Afganistán, uno de los lugares más castigados del planeta, cada nueva catástrofe funciona como una muñeca rusa: una crisis humanitaria dentro de otra, y a su vez dentro de otra. En un país controlado por los talibanes desde hace cuatro años, con la mitad de la población en la pobreza, sequías recurrentes, escuelas cerradas para las adolescentes, universidades solo para hombres y más de un centenar de decretos destinados a borrar a las mujeres de la vida pública, el devastador terremoto del pasado 31 de agosto ha golpeado doblemente a las mujeres y niñas que viven en lo que ya se califica como un “apartheid de género”. 

El seísmo de magnitud 6,2 que sacudió el este del país ha dejado, según recuentos provisionales, más de 2.200 muertos —el 47% mujeres— y más de 3.600 heridos —el 54% mujeres— en las provincias de Kunar, Nangarhar y Laghman. Al menos 6.700 viviendas han quedado destruidas o gravemente dañadas. En total, 7.727 familias —casi 25.000 mujeres— han resultado afectadas.

Maryam (nombre ficticio), una mujer afgana que coordina algunos proyectos de la ONG Ponts per la Pau y habla con elDiario.es bajo condición de anonimato por seguridad, se ha desplazado hasta la zona afectada. “Las mujeres y las niñas son las más afectadas: no tienen refugio, muchos niños están enfermos y ellas viven bajo un enorme estrés psicológico; lloran, no se sienten seguras y no saben a dónde ir”, dice a este medio. La ONG, fundada por la activista afgana Nadia Ghulam Dastgir, intenta distribuir alimentos, medicinas y ropa entre la población afectada.

ONU Mujeres ha pedido a autoridades locales e internacionales que prioricen a mujeres y niñas en la respuesta, “desde la asistencia urgente y el cuidado hasta el refugio seguro y la protección”. En el gran terremoto de Herat en 2023, casi seis de cada diez personas fallecidas fueron mujeres y casi dos tercios de las heridas también.

Las últimas en llegar

El terremoto ha golpeado estructuras que ya niegan a las mujeres derechos básicos. Desde 2021, los talibanes han impuesto por decreto un entramado de vetos: prohibición de estudiar educación secundaria y en la universidad, exigencia de viajar con un tutor masculino (mahram), y la desaparición de las mujeres de prácticamente todo el mundo laboral.

“Las mujeres llegan más tarde que los hombres a los hospitales porque no hay suficientes doctoras y muchas no quieren ser atendidas por personal masculino; el tener que esperar a un mahram retrasa aún más la atención y, cuando llegan, su estado ha empeorado”, dice Maryam.

La falta de espacios privados en centros de salud desincentiva que acudan, mientras los equipos de rescate —mayoritariamente masculinos— encuentran más trabas para atenderlas. “Incluso tras el terremoto, equipos de doctoras que quieren llevar medicinas a Kunar han necesitado una carta oficial para poder ayudar; sin ese papel, no pueden entrar”, añade Maryam. En el seísmo de Paktika de 2022, muchas murieron porque llegaron tarde a los hospitales. Hoy la situación es peor porque hay menos personal sanitario femenino y más obstáculos.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), estas barreras hacen que más de 11.600 mujeres embarazadas se encuentren en una situación de riesgo extremo en las zonas devastadas por el terremoto. En uno de sus últimos informes, la OMS recoge que solo el 42% de los heridos que han llegado a diez hospitales son mujeres y niñas, frente a un 58% de hombres.

“Vi un vídeo de un hombre que gritaba: ‘He perdido a mi mujer, a mis hijas, a mis hermanas, a mi madre; quiero doctoras que puedan ayudar’. Es el ejemplo más brutal de lo que han hecho los talibanes con sus decretos: han creado un sistema de apartheid de género en el que, cuando llega un desastre, las mujeres y las niñas sufren las sacudidas más brutales”, dice Gaisu Yari, activista afgana y directora de Incidencia y Políticas de la Iniciativa para Afganistán del Fondo Malala, que se encuentra en EEUU.

El efecto se multiplica para las mujeres viudas y las niñas huérfanas, que pierden ingresos, no pueden desplazarse sin mahram, quedan expuestas a matrimonios forzados y se ven despojadas de propiedades y documentos. Los temblores secundarios se han repetido y la lluvia ha empapado los terrenos improvisados, pero muchas han dormido al raso. “No tienen refugios adecuados. La situación es insoportable, lloran porque no saben qué hacer y sienten que no hay nadie que las escuche”, resume Maryam.

El control de la ayuda

En la “zona cero” del terremoto, los talibanes establecieron puestos de control y exigieron que los flujos de ayuda —y de dinero— pasen por sus manos, explica Gerard Dotti, técnico de proyectos de Ponts per la Pau. “Nos han dicho que no quieren bienes de primera necesidad sino dinero, y que debíamos entregárselo a ellos; nos hemos negado a entrar en ese juego”. Dotti indica que la ONG ha movilizado a sus cooperativas y talleres en Afganistán, integrados por mujeres en situación de pobreza y exclusión, para confeccionar ropa de abrigo para la llegada del invierno. “Se enfrentarán a temperaturas muy bajas y lo han perdido todo, necesitarán ropa de abrigo y calzado adecuado”, señala el responsable de la organización, que explica que la artesanía es uno de los pocos oficios en los que los talibanes permiten trabajar a las mujeres.

Maryam aporta ejemplos concretos: “Incluso los paquetes de botellas de agua enviados como ayuda los compraron a los comerciantes por la mitad de su precio para revenderlos; un pack cuesta 100 afganis (1,25 euros) y les obligan a venderlo a 50 para quedarse con la diferencia”.

Una mujer afgana camina por una carretera en Kandahar el pasado julio.

Gaisu Yari, que sigue de cerca la emergencia desde Washington, señala que los talibanes “controlan los vínculos con los negocios locales, y gran parte de las ventas de alimentos o bienes básicos acaba en sus bolsillos”. “Los medios informan de que gran parte de la ayuda no llega a la población afectada. Si vas al epicentro del terremoto, está controlado por los talibanes: en los puestos de control se quedan con el dinero de la ayuda y deciden cuánto llega a la gente”, añade. En opinión de la experta, la “financiación flexible, la que se da a las entidades sin que vaya a un fin concreto para que puedan cubrir las necesidades que consideren, es la forma más eficaz de sostener a la sociedad civil afgana y al movimiento por la libertad de las niñas y las mujeres”.

Doblemente golpeadas

“Las mujeres y las niñas son las principales víctimas de este desastre; no tienen movilidad, no se las prioriza en la distribución de recursos y el sistema talibán bloquea el acceso de voluntarias”, resume Yari, que recuerda que ya ocurrió en anteriores emergencias, como durante el regreso masivo de refugiados desde Irán y Pakistán. En este sentido, denuncia un patrón: “Las mujeres viven en un sistema de apartheid y un desastre como este tiene un impacto doble sobre ellas. No hay suficientes recursos para que sean una prioridad. Ha pasado en el pasado, ha vuelto a pasar ahora y volverá a pasar en el futuro”.

La activista remarca la valentía de las mujeres y jóvenes que han intentado ayudar pese a los riesgos. “Las mujeres y las jóvenes han asumido grandes riesgos; se han desplazado desde distintas zonas de la provincia para apoyar en tareas de rescate y en hospitales. Organizan grupos de hermanas o primas que convencen a uno o dos hombres adultos de la familia para que las acompañen como mahram y sean ellos quienes hablen con los talibanes en los controles”, explica. “A pesar de enormes barreras y limitaciones, fueron, porque sabían que en los hospitales se necesitaban mujeres para cuidar y tratar a mujeres y niñas”.