Revilla no se quemó la mano: el escándalo de corrupción de Obras Públicas se cierra con un pacto y sin implicaciones políticas

Aquel día lo cambió todo. Faltaban apenas tres meses para las elecciones autonómicas de 2023 cuando una mañana de invierno la Policía Nacional irrumpió en la Consejería de Obras Públicas de Cantabria entre el estupor de los funcionarios y el desconcierto del Gobierno. En esas tempranas horas -eran las siete y media- ni siquiera el entonces presidente, Miguel Ángel Revilla (PRC), sabía qué estaba pasando y envió a una persona de su confianza para ver si conseguía algún tipo de información.

En los pasillos del edificio situado en la calle Alta de Santander, en pleno barrio del Cabildo de Arriba y a solo unos pasos del Parlamento de Cantabria, se sucedían los rumores. El jefe del Servicio de Carreteras no había ido ese día a trabajar. Se había excusado a última hora. La siguiente vez que sus compañeros vieron a Miguel Ángel Díez fue en los medios de comunicación saliendo de un coche policial para declarar ante el juez y, más tarde, entrando en el penal de El Dueso, donde estuvo más de seis meses en prisión preventiva.

En esas primeras horas se registraron un total de cinco empresas y dos domicilios particulares. La UDEF detuvo a ocho personas relacionadas con las compañías API Movilidad, Rucecan, Cannor y La Encina. Cantabria asistía atónita a una operación policial inédita. “No tenemos ni idea de lo que está pasando”, admitió en aquellas horas el consejero de Obras Públicas. José Luis Gochicoa, el técnico. El ojito derecho de Revilla, que se refería a él como “un hombre honorable”. El ingeniero destinado a mantener un papel primordial en el Partido Regionalista de Cantabria, de trayectoria y reputación pública intachable, insistía en su desconocimiento.

Pero presionado por la expectación pública del escándalo, el presidente acabó por entregar su cabeza nueve días más tarde. De mala gana. De hecho, poco después le organizó un homenaje al que muchos cargos de su partido asistieron con enorme recelo. Salía por la puerta de atrás del Gobierno y entraba en el salón de la fama de la convención del PRC. “No pongo una mano en el fuego por José Luis Gochicoa, pongo las dos”, proclamó Revilla.

Cuatro consejeros del PRC acompañaron a Gochicoa en su despedida pública.

Quien, al menos en un primer momento, admitió saber algo fue el presidente de CEOE-Cepyme Cantabria, Enrique Conde. En unas tempranas declaraciones calificó de “impactante” la noticia sobre la presunta trama de contrataciones irregulares en el Servicio de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas, por la “magnitud de las cifras”, pero a la vez señaló que “había empresas que sabían qué estaba sucediendo”. Pero extrañamente, ahí se quedó todo. Si lo sabían, no hablaron ni antes ni después de estallar el caso.

La policía llevaba un año investigando la trama de adjudicación de los contratos de obras en carreteras tras una denuncia anónima que les puso sobre la pista. Los beneficiarios eran casi siempre los mismos. Después se supo por qué. El propio funcionario que ejercía como jefe de Carreteras facilitaba los concursos a las empresas que le reconocían el favor con algunas mordidas: dinero, coches y hasta un contrato laboral para su mujer, que cobraba la nómina sin ir a trabajar. Para ello simularon gestionar una empresa de fotocopias, aunque el único aparato que adquirieron para ello estaba olvidado al fondo de un almacén. Una fotocopiadora en el trastero y ni un solo folio de papel para imprimir.

Una máquina de billetes y una caja fuerte oculta en una pared de su casa con más de medio millón de euros evidenciaron que lo más difícil del negocio paralelo fue ocultar el dinero. Eso exigió imaginación y el consenso de toda la familia que se ha visto directamente afectada por la trama. Las escuchas telefónicas del caso dejan la confesión de la esposa, que se aburría mucho entre las compras en El Corte Inglés y el gimnasio Marismas. A las hijas las detuvieron en Madrid, donde estudiaban, para tomarles declaración. Sus padres les habían donado a cada una medio millón de euros. También figuraban como socias de una empresa familiar de exótico bautismo hindú: Parivara Lagani, el negocio de las fotocopias.

Este funcionario tuvo en 2022 entradas en sus cuentas bancarias por casi tres millones de euros, además de poseer una cuenta en un banco de Luxemburgo y constar operaciones con fondos de inversión por más de 772.000 euros. En aquellos primeros momentos también se desveló que había hecho donaciones a su mujer y a sus hijas en los cuatro últimos años por importe de 775.000 euros.

Derivada política del caso

El PRC llegó a las elecciones autonómicas y municipales con el peor de los escenarios: defendiéndose de una corrupción en la que después -ya tarde- se demostró que no tenían implicación directa. Al principio estaban tan noqueados en las filas regionalistas que hasta sospechaban de su socio y pensaban que el registro y la escenificación policial se había ejecutado para perjudicarles electoralmente a instancias de los responsables del PSOE. En febrero estalló el escándalo y el 23 de mayo los cántabros y cántabras estaban convocados a las urnas.

Lo cierto es que la operación generó una catarsis política que influyó de manera decisiva en el cambio de Gobierno autonómico. A pocos meses de las elecciones, dinamitó un escenario político hasta entonces relativamente tranquilo. Fue una convulsión que acabó por pasar una enorme factura al PRC en las elecciones de mayo de 2023.

Revilla abraza a Gochicoa en el acto de homenaje tras su cese como consejero.

El escándalo de Obras Públicas, que ahora está cerca de cerrarse con un pacto con el Gobierno de Cantabria y la Fiscalía, nunca alcanzó a la cúpula política regionalista. Pero sus adversarios del Partido Popular se aplicaron en sembrar la duda con una estrategia de repetición que generó desconfianza hacia las siglas regionalistas. “Aquí hacen falta menos homenajes y menos chulería y muchas más explicaciones”, pregonaba la entonces candidata del PP. María José Saénz de Buruaga acabó por arrebatar el sillón presidencial a Revilla con el martillo de la corrupción y los trenes que no cabían por los túneles.

El Partido Popular azuzaba al electorado prometiendo una auditoría en Obras Públicas cuando gobernase. Pero cuando lo consiguieron, desde los despachos de la calle Peña Herbosa se empezaron a atemperar los ánimos. Dos minutos después de ganar las elecciones sin mayoría Revilla anunció que haría presidenta a Buruaga, como lista más votada. A partir de ahí, y de dos sucesivos pactos para aprobar los presupuestos de Cantabria, el escándalo y la auditoría fueron cayendo en el olvido. La efusión inicial se fue desinflando. Ya se había conseguido el objetivo de gobernar.

Casi dos años después se desveló el tibio resultado de la investigación interna: la Intervención General del Ejecutivo detectó “debilidades” en el control interno de los contratos suscritos por Obras Públicas entre los años 2018 y 2023 -cuando la gestionaba el PRC- si bien reconocía que se había cumplido la normativa aplicable en las fases de licitación, adjudicación y formalización de los contratos.

El funcionario detenido por supuestas irregularidades en el Servicio de Carreteras a su llegada al Juzgado.

La instrucción judicial se dilató algo más en el tiempo. El funcionario imputado ha estado peleando en los tribunales por regresar a su puesto de trabajo, del que había sido apartado. Consiguió que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) amparase su retorno, pero estaba a falta del recurso ante el Supremo.

Finalmente, dos años y medio después los investigados en el escándalo del fraude en la contratación de obras públicas han llegado a un pacto que les permite evitar el juicio. Admiten su culpabilidad y la justicia circunscribe la trama al funcionario y las empresas adjudicatarias que pagaban las mordidas. No hay más implicaciones. Miguel Ángel Díaz asume siete años de cárcel y el pago de una multa de un milón y medio de euros. Su mujer, un año de prisión y casi otro medio millón de multa, y los empresarios dos años de cárcel cada uno y multas económicas mínimas dada la magnitud de los contratos de los que se lucraron.

Se cierra así un capítulo -a falta de ratificarse en la Audiencia- que ha tenido una extraordinaria repercusión política sin haber implicado directamente a ninguno. Revilla puso las dos manos en el fuego por su consejero. No se ha quemado ninguna. Pero eso ahora le sirve de poco cuando su partido ya se había achicharrado electoralmente y salió del Gobierno después de 16 años en dos etapas como presidente.

Durante este tiempo, con las cuentas bloqueadas por la justicia, a la familia del funcionario le costó apretarse el cinturón y vivir con los tres mil euros al mes que les autorizó a gastar el juez sin acceso a sus cuentas en Luxemburgo. Meses después de estallar el escándalo su mujer fue sorprendida en Hipercor llevándose jamón al corte sin pagar. Compareció en un juicio rápido defendida por un abogado de un despacho de Bilbao y argumentó ante al juez que se lo llevó “sin darse cuenta” porque estaba muy nerviosa con el “asunto” de su marido.