El PSOE pide en su cita con Puigdemont mantener su apoyo al Gobierno y garantiza cumplir con los acuerdos pendientes

Es la enésima vez que se citan para reconducir una legislatura cada vez más torcida. La delegación del PSOE frente a frente con Carles Puigdemont y la cúpula de Junts en vísperas de una semana clave en el Congreso para la cesión de las competencias migratorias a Catalunya. En mitad de un ambiente de gran secretismo por ambas partes, los socialistas quieren trasladar al expresident su compromiso con los denominados acuerdos de Bruselas, esto es, los pactos alcanzados para la investidura de Pedro Sánchez en 2023 y cuya aplicación, como la amnistía al propio Puigdemont o la oficialidad del catalán en Europa, está pendiente en ambos casos.

El PSOE reclama al líder de Junts mantener un apoyo parlamentario que se ha diluido con el discurrir de este mandato y que a la vuelta del curso político se ha convertido directamente en inexistente. En solo dos semanas, los de Puigdemont han votado en bloque tres veces con PP y Vox para ejercer de oposición y tumbar medidas de enjundia y simbólicas para el Ejecutivo.

La semana pasada hicieron caer una medida estrella para este gobierno: la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media, la propuesta estrella del Ministerio de Trabajo. Esta semana, los de Puigdemont volvieron a operar de la mano de PP y Vox para tumbar la creación de una oficina anticorrupción, otra propuesta de Sumar. Exactamente, lo mismo que hicieron para sacar adelante una moción que exige al Gobierno derogar la ley de vivienda.

En ese contexto, y con Puigdemont abonado a la estrategia de mandar mensajes velados y anunciar que en otoño ocurrirán “cosas que no han pasado hasta ahora”, la semana que viene llega al Pleno del Congreso la delegación de competencias migratorias a Catalunya. Y lo hace, por el momento, sin los apoyos parlamentarios necesarios por la negativa de Podemos a respaldar la iniciativa.

Fuentes del partido de Belarra, Montero e Iglesias hablan de una ley con “intenciones abiertamente racistas” y señalan el preámbulo del texto que habla de la inmigración como un problema y “un riesgo para la convivencia y la cohesión social”. “Que la intención de ese pacto es desplegar una agenda racista y no abordar el autogobierno en Catalunya lo demuestran, además, las propias palabras de [Carles] Puigdemont cuando dijo, refiriéndose a este texto, que ‘sin integración no hay nación’”, explican esas mismas fuentes.

La votación es muy delicada para el Gobierno por la temática que aborda y porque no es cualquier cosa para Junts. En plena competición electoral con la xenófoba Aliança Catalana, la gestión migratoria es piedra angular de la estrategia electoral de los independentistas catalanes conservadores. Y por eso en el PSOE temen las consecuencias políticas de que descarrile a las primeras de cambio la delegación de competencias comprometida en su día a cambio de sacar adelante un decreto económico.

Las fuentes consultadas en el Ejecutivo admiten la dificultad de mover a Podemos de una postura que parece definitiva. “Nosotros queremos cumplir con los compromisos adquiridos, pero es que solo podemos responder por los votos del PSOE y de Sumar, y los grupos del Gobierno vamos a respaldar que salga adelante. Pero es que Podemos está en una posición muy estratégica de rechazarlo todo. No quieren apoyar esta medida y veremos cómo es el margen de negociación. Si piden que bajemos por ley un 40% el precio de los alquileres, como para los Presupuestos, pues ellos saben que dejan muy poco margen para el acuerdo”, apuntan esas mismas fuentes.

El objetivo principal de la reunión de esta semana entre la delegación del PSOE y la de Junts es intentar blindar la colaboración parlamentaria de tropiezos como el que, salvo sorpresa, se avecina la próxima semana para los independentistas catalanes con la delegación de competencias migratorias. O como los que ha cosechado el Gobierno desde la vuelta del verano por el voto en contra de Junts.

“No formamos parte de ninguna mayoría”

Pero Junts continúa con la baza de apretar a Pedro Sánchez y anticipa un curso tormentoso. Después de que en las vísperas del verano amagase con romper la relación con el PSOE, en las primeras votaciones tras el verano la formación ha demostrado no tener problema en aliarse con PP y Vox contra la reducción de la jornada laboral y la creación de una oficina antifraude estatal. “No formamos parte de ninguna mayoría”, repiten como un mantra que materializan con periódicos castigos a la coalición del Gobierno.

Pero los de Puigdemont han dejado claro que la delegación de las competencias en materia de inmigración es un material muy sensible para la formación. Dejando de lado la mastodóntica negociación sobre la amnistía, el acuerdo migratorio es el pacto más importante que Junts ha arrancado al PSOE en la mesa suiza. Y es, para los independentistas, la prueba del algodón de si ese diálogo puede dar frutos tangibles o no.

El texto pactado en forma de proposición de ley es una delegación de competencias, prevista en la Constitución, que en la práctica supondría que la Generalitat ejecutase la normativa estatal en materia migratoria. No otorgaría por tanto al Parlament capacidad de regular esta materia de forma diferente, sino que daría facultades de gestión administrativa que, en todo caso, recaerían ahora en el Govern del PSC.

Pero, para Puigdemont, apuntarse un tanto competencial en materia migratoria es un balón de oxígeno que considera vital en la complicada batalla que está librando ya de cara a las municipales con la xenófoba Aliança Catalana. Por eso, volverse a casa con las manos vacías después de casi un año de esfuerzo negociador es un escenario que, por el momento, Junts ni siquiera quiere considerar.

Fuentes de Junts resaltan que el PSOE les ha dado garantías de que están tratando de tejer la mayoría, que pasaría por hacer que Podemos cambie de parecer. La semana pasada el secretario general de Junts, Jordi Turull, acusó a Podemos de haberse “apuntado a la catalanofobia por cuatro votos” y desafió a la formación a vetar la delegación de competencias “de la mano de Vox”.

En la formación de Carles Puigdemont confiaban este jueves en que el partido del Gobierno fuese capaz de evitar un varapalo del legislativo en una materia tan delicada para ellos y, por el momento, rechazaban valorar ningún posible plan B para sacar adelante la delegación.

Alinear a Illa en el pacto entre Junts y PSOE

Una de las urgencias que ha surgido este nuevo curso en Junts es la necesidad de que el partido tenga más presencia e influencia en el debate político interno de Catalunya, después de casi dos años fiándolo todo a su incidencia en el Gobierno central. En unas jornadas celebradas entre la dirección de Junts y el grupo parlamentario la semana pasada, una de las conclusiones fue dar más espacio a posibles acuerdos con el Govern de Illa.

En concreto, Junts quiere comenzar a materializar esa apuesta en el debate de política general que celebrará a principios de octubre, cuando el partido ya ha anunciado que llevará una batería de propuestas en diversas materias, desde la lengua a la inmigración pasando por la fiscalidad, que esperan el voto favorable del PSC. 

De prosperar, esto supondría un giro importante en un partido que, hasta el momento, había hecho una posición de choque en el Parlament. Y, si la veintena de resoluciones propuestas por Junts se acabasen aprobando con el partido del Govern, confirmaría a los de Puigdemont como un nuevo aliado inesperado de Illa, desbancando de esta forma a sus actuales aliados de ERC y Comuns.