El Gobierno de Madrid hizo pagos directos a la empresa de Montoro pero lo oculta con un truco verbal

La habilidad verbal de la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, logró este jueves transmitir la idea –falsa– de que el Gobierno autonómico jamás ha adjudicado ningún contrato a Equipo Económico SL, pieza clave en la investigación judicial sobre la trama supuestamente corrupta y articulada en torno al exministro del PP Cristóbal Montoro. La propia empresa declaró a Hacienda 314.360 euros abonados por la Comunidad de Madrid entre 2008 y 2011, tal como consta en un informe de la UCO incorporado al sumario del caso Montoro.

Ese dinero, cuyo origen desconoce la Guardia Civil tal como figura en el citado informe –es decir, en concepto de qué se le pagó–, se suma a los 1,8 millones que en ese mismo cuatrienio le desembolsó Madrid Network. Inscrita como asociación privada, Madrid Network fue cofundada por la Comunidad de Madrid, presidida al menos durante años por quien ocupara en cada momento el cargo de consejero de Economía y financiada con fondos públicos.

La idea de que la Comunidad nunca tuvo trato directo con Equipo Económico SL quedó plasmada, voluntaria o involuntariamente, en el discurso de la consejera tal como sigue: “Usted –dijo dirigiéndose al diputado socialista Agustín Vinagre, que acababa de lanzarle una cuestión sobre el asunto– me pregunta cuántos contratos se han firmado en esta legislatura por parte de la Comunidad de Madrid al Equipo Económico de Montoro. Y yo contesto a la pregunta: ninguno, señoría. Ni en esta legislatura, ni en la anterior, ni en la anterior de la anterior, ni siquiera en la anterior a la anterior de la anterior. Ninguno”.

El parlamentario no había circunscrito su intervención a lo sucedido esta legislatura ni a ninguna en concreto. Enfatizó lo ya conocido sobre el tándem Madrid Network-Equipo Económico y reprochó a Albert que se siga subvencionando a la asociación que engrosó las cuentas del despacho creado por Cristóbal Montoro con 1.863.025,45 euros en cuatro años. Entre junio de 2008 y el mismo mes de 2011, el consejero madrileño de Economía y presidente de Madrid Network fue Antonio Beteta. En diciembre de 2011 se incorporó al ministerio de Montoro como secretario de Estado.

La cadeneta de legislaturas tejida por Rocío Albert –la ya narrada sobre la legislatura anterior de la anterior de la anterior– condujo a que algunos políticos y periodistas que seguían la sesión plenaria creyeran que la máxima responsable de Economía, Hacienda y Empleo había negado taxativamente la existencia de algún contrato de la Comunidad con el despacho de Montoro. Por ejemplo, la agencia Europa Press tituló así su teletipo: La Comunidad asegura que no ha firmado ningún contrato con el despacho clave del ‘caso Montoro’.

Es cierto que, desde luego, no se sabe si hubo algún contrato firmado en el sentido literal del término. Pero también lo es que hubo pagos de la Comunidad de Madrid a Equipo Económico: el 29 de diciembre de 2009, el Consejo de Gobierno de Esperanza Aguirre convalidó en su última sesión del año “las actuaciones y un gasto de 67.280 euros correspondiente al servicio Análisis de la normativa sobre dependencia, asistencia técnica para su aplicación y desarrollo en la Comunidad de Madrid prestado por la empresa Equipo Económico SL”. Convalidar significa que una administración acepta efectuar un pago a una empresa que ha dado un servicio… fuera de contrato. O sea, sin ajustarse a los trámites del sistema de contratación pública. 

A día de hoy, es un misterio de qué consejerías salieron los 314.360 euros declarados en total como procedentes de la Comunidad de Madrid por Equipo Económico SL en su Modelo 347, que desgrana la relación de quienes en un ejercicio han pagado al declarante importes superiores a 3.005,06 euros. La Guardia Civil admite en el ya referido informe de la UCO que el Modelo 347 permite acreditar las cantidades declaradas pero “desconociendo la Consejería de la que proceden”. Esos más de 300.000 euros llegaron a las cuentas de la empresa mediante la siguiente secuencia: 185.832 euros en 2008; 87.464, en 2009; 21.004, en 2010; y 20.060 en 2011.

Lo que sí se sabe -porque la nota oficial sobre el Consejo de Gobierno del 29 de diciembre de 2009 lo detalla- es que la convalidación de aquellos 67.280 euros correspondientes al Análisis de la normativa sobre dependencia se aprobó a iniciativa de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. 

Pero el agujero negro de información persiste, como lo demuestra la conversación telefónica mantenida ayer jueves con el diputado socialista Agustín Vinagre, autor de la pregunta a Albert. Sin informarle previamente de que la propia Comunidad había aprobado en 2009 un pago a Equipo Económico, este medio le preguntó qué había entendido de lo dicho por la consejera ante el pleno de la Asamblea de Madrid. Y esta fue su respuesta: “Que no se ha firmado ningún contrato. Al menos se ha retrotraído a tres legislaturas. El mensaje es que nunca hubo ningún contrato”. 

Al igual que el socialista, el hasta hace días diputado autonómico de Más Madrid y hoy su secretario de Economía y Lucha contra la Corrupción, Eduardo Gutiérrez, interpretó que Albert había negado la existencia de contratos, se firmasen cuando se firmasen. Y lo interpretó así porque el exparlamentario sí conocía la investigación periodística que en 2019 destapó aquel pago de 67.280 euros por un informe que primero se adjudicó a dedo mediante procedimiento negociado, luego se anuló por motivos nunca explicados y finalmente se pagó como si ningún bache se hubiera interpuesto en el camino. “El abuso de pagos sin contratos, burlando la legalidad administrativa, es antiguo y pertinaz en los gobiernos del PP”, sostiene Eduardo Gutiérrez. “Y se ve -agrega- que lo usan para ocultar desviación de fondos públicos a favor de empresas amigas, como es el caso de los pagos realizados a Equipo Económico del señor Montoro. Hay que preguntarse por qué miente en sede parlamentaria la consejera Rocio Albert, del Gobierno de Ayuso.” A preguntas de elDiario.es, la Consejería de Hacienda se limitó a recalcar que “la consejera no ha mentido”.