Andalucía prepara un grupo de policías para localizar pisos turísticos ilegales en plena guerra de cifras con el Gobierno

La Junta de Andalucía está perfilando los detalles de la intervención de su policía adscrita en la vigilancia, control y sanción de los pisos turísticos que incumplan la normativa autonómica. No se sabe cuántos agentes integrarán este grupo policial, que sumará fuerzas con el servicio de inspección turística de la Consejería de Turismo, pero el Gobierno andaluz dice contar para la tarea con el refuerzo de plantilla acordado con el Ministerio del Interior el pasado febrero. En 2025 se incorporarán 120 agentes a la Policía Autonómica, que ya cuenta con 362. De ahí, Andalucía destinará una parte a tareas de vigilancia de las viviendas de uso turístico (VUT).

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, anunció su creación durante ante el Parlamento andaluz en junio. Dijo entonces que el objetivo del llamado Grupo Titán será “detectar alojamientos no registrados e incumplimientos de la normativa”. Tres meses después, poco más se sabe. Hasta ahora, las consejerías implicadas (Turismo -de la que depende fijar requisitos expedir licencias turísticas, registrarlas y su control y sanción- e Interior -de la que depende la Policía Autonómica-) se remiten a una presentación que tendrá lugar en las próximas semanas.

No se sabe, por ejemplo, cuántos agentes integrarán el grupo, ni si podrán levantar actas de inspección o siempre tendrán que acompañar a un inspector de la Consejería de Turismo. Andalucía tiene más pisos turísticos que nunca, 150.000, que no han dejado de crecer, y escasez de inspectores para detectar las irregularidades. Hay siete inspectores para la provincia de Málaga, donde hay más de 86.000 VUT registradas.

En 2023 Andalucía inspeccionó 3.775 VUT, el 3,2% de las inscritas por entonces (116.000). Dos de cada tres arrojaron irregularidades. A pesar del crecimiento exponencial de las VUT registradas en Andalucía, de 2017 a 2023 el número de inspecciones se redujo a un tercio (de 9.310 a 3.775), y el de sanciones pasó de 245 a 79, según los datos obtenidos en su día por este medio a través de Transparencia.

“Gran actuación de control”

Turismo y Presidencia aún no han firmado el convenio que lo regulará, pero el consejero de Turismo, Arturo Bernal, se refirió este jueves en el Parlamento al nuevo grupo policial. Espoleado por la guerra de competencias y cifras que mantiene con el Gobierno central a propósito de quién puede declarar “ilegal” una vivienda turística y quién lo hace más, indicó que el Grupo Titán trabajará “sobre el terreno” con inspección turística. Y sacó pecho: “Somos una de las comunidades que más apuesta por la inspección real”. La Junta ha retirado la licencia de más de 10.500 pisos turísticos en el último año y medio. “Estamos ejerciendo nuestras competencias”, resaltó.

Bernal trataba de ponerse de ejemplo de una “gran actuación de control” en contraposición al Gobierno central, que “tergiversa” y hace “demagogia” en el debate sobre las VUT a base de “discursos y titulares, la mayoría falsos”, según dijo.

El pasado domingo, arropado por la ministra y futura candidata a la presidencia de la Junta María Jesús Montero, Pedro Sánchez hizo el anuncio de que su Gobierno va a “revocar, quitar de ese registro único de arrendamientos” 53.000 viviendas “para que pasen a ser alquileres constantes, permanentes para la gente joven y las familias de este país”. Esa fue la literalidad del anuncio. Pero el Ministerio de Vivienda fue más allá, habló de “pisos turísticos ilegales”, 16.740 de ellos en Andalucía. Y tanto el Gobierno autonómico como la patronal andaluza salieron en tromba con idéntico discurso: sólo Andalucía puede declarar que un piso turístico es “ilegal”. El mismo domingo, Bernal acusó a Sánchez de “atentar” contra la industria turística andaluza.

Casi 17.000 viviendas turísticas de Andalucía en el punto de mira

El registro estatal es obligatorio desde el 1 de julio e implementa un Reglamento europeo; según la Junta de Andalucía, lo hace mal, porque no debería crearse un nuevo registro teniendo ya el andaluz. En el nuevo registro estatal, intermediado por el Colegio de Registradores, los propietarios tienen que verificar que las viviendas cumplen con los requisitos para ejercer la actividad turística, recogidos en la normativa autonómica. Si no los cumplen, las principales plataformas (como Airbnb o Booking) reciben un aviso para retirar el anuncio. Pero la competencia para poner requisitos y dar licencia a la actividad turística o retirarla es autonómica.

Y ahí es donde la Junta se ha sentido señalada: Sánchez anunció que de los 53.000 que no cumplen y van a ver revocado su número de registro (y su anuncio) hay 16.740 en Andalucía. Andalucía es la comunidad autónoma, Málaga es la provincia y Sevilla es la ciudad que más viviendas turísticas revocables tienen en España. Sevilla es la primera ciudad de España con más pisos turísticos a desinscribir, Marbella la segunda y Málaga la cuarta.

Este jueves, Bernal ha insistido en que esos pisos siguen siendo legales, aunque no puedan anunciarse en Booking o Airbnb, y que probablemente ya encontrarán otra forma de llegar al usuario. “Dicen que van a notificar qué pisos no cumplen los requisitos. ¿Qué requisitos? Si [el Ministerio] no pone ninguno, los ponemos nosotros y ya nos ocupamos de cancelar las que no lo cumplan”. Según sus últimas cifras, Andalucía ha cancelado la licencia a 10.586 viviendas turísticas entre 2024 y lo que llevamos de 2025.

“Son los ayuntamientos los que tienen que decidir el modelo de ciudad”

Bernal siempre ha sido un firme defensor de la contribución de las viviendas turísticas a la industria turística, que con el 13% del PIB representa la principal de la región. Pero desde hace año y medio hace equilibrios entre esa defensa a ultranza y el supuesto rigor en la vigilancia de que cumplan la norma. El temor en el Gobierno andaluz es que el malestar de amplias capas de la población por la falta de vivienda asequible se relacione con la laxitud que ha permitido el boom de las viviendas turísticas.

El equilibrio es difícil, pero Bernal trata de ejercerlo. Por un lado, descarga responsabilidad en los ayuntamientos. “No pasamos la pelota a los ayuntamientos”, negó este jueves. “Son los vecinos de un municipio, a través de los ayuntamientos, los que tienen que decidir el modelo de ciudad que quieren, a qué quieren dedicar las diferentes zonas, en función de su problemática. ¿Cómo se puede plantear una política general de la Junta?”. Turismo ha suscrito convenios con ocho ciudades andaluzas (Granada, Cádiz, Málaga, Almería, Sevilla, Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera y Alhaurín el Grande) para facilitar la inspección y control.

La norma autonómica, aprobada en 2024, obliga explícitamente a cumplir la ordenanza municipal para inscribir el piso turístico en el registro autonómico, algo que reclamaban los alcaldes; pero para la inscripción, al registro andaluz le basta con una declaración responsable. Este jueves Bernal dijo que ahora se emitirá un “aviso preventivo” cuando se intente registrar una vivienda turística en una ciudad que ya establezca limitaciones, como pueda ser Málaga (con una reciente moratoria por tres años) o Sevilla (con zonificación). “Se aplica directamente para que el propietario no pueda continuar. La inscripción no llega a completarse”, dijo Bernal, que sin embargo luego añadió confusión: “Se generará de forma automática una resolución que deja sin efecto el alta”.

Por otro lado, apunta hacia el Gobierno central, al que acusa de aprobar una Ley de Vivienda que “genera inseguridad y ha terminado premiando la ocupación ilegal y la retirada del alquiler”. Bernal insistió con el supuesto incentivo de la ley a la okupación, aunque las cifras oficiales recogen una caída de las denuncias de allanamiento [que no recoge, por ejemplo, casos de ocupación de viviendas abandonadas o de impago de alquiler] en Andalucía del 5,3%, hasta las 2.207 denuncias, aproximadamente un 0,05% del parque inmobiliario en Andalucía.

“Si el problema es la vivienda turística, ¿por qué en ciudades donde apenas hay también existe el problema de acceso?”, se preguntó ayer Bernal: “El problema es una mala gestión estatal que desprotege a los propietarios y ahuyenta la oferta de alquiler”. La debilidad de ese argumento, y la oposición se lo recordó, es que Andalucía no aplica la Ley de Vivienda, de modo que la pregunta tiene reverso: si Andalucía no aplica la Ley de Vivienda, ¿por qué hay un problema de vivienda en Andalucía?