Igualdad asegura que el Poder Judicial no le advirtió del fallo que afectó a las pulseras antimaltrato

El Ministerio de Igualdad afirma que en ningún momento el Consejo General del Poder Judicial le advirtió de riesgo que supondría cambiar la adjudicación de las llamadas pulseras antimaltrato, que llevan días de actualidad tras conocerse el fallo técnico que el año pasado provocó la pérdida de datos en el sistema. Lo he hecho en una carta dirigida al Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género después de que su expresidenta, María Ángeles Carmona, asegurara en El Confidencial que había “advertido” al departamento de Ana Redondo de que el servicio “no tenía las garantías”.

“En ningún momento en esta Delegación se ha recibido comunicación oficial alguna, menos aún apoyada en datos objetivos, relativa a la mala calidad del servicio que iba a ofrecer dicha adjudicataria”, asegura la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, en la misiva, a la que ha tenido acceso la Cadena Ser.

El problema se produjo el año pasado, cuando el servicio que gestiona las pulseras de control (Cometa) fue adjudicado a otra empresa y pasó de Telefónica a una UTE de Vodafone y Securitas. Según ha detallado el Ministerio de Igualdad, en el proceso de transición hubo un fallo informático en la migración de los datos y esto hizo que “por problemas de descarga” Cometa no pudiera disponer de la información sobre la ubicación de los hombres anterior al 20 de marzo de 2024. Según la Fiscalía esto provocó absoluciones y sobreseimientos de acusados de quebrantar órdenes de alejamiento, aunque este jueves aclaró que fueron “puntuales” y que la “mayoría” fueron reabiertos y resueltos una vez recuperados los datos.

Carmona, que es letrada en un juzgado de violencia sobre la mujer, ha asegurado estos días que ella misma avisó a Ana Redondo en una reunión celebrada el 12 de enero de 2024 del riesgo que suponía cambiar la adjucación y se refiere, además de al fallo técnico con los datos, a otros supuestos errores con los dispositivos. Solo unos meses después de la reunión, en julio, defendía en una entrevista con Europa Press el sistema y afirmaba que las pulseras son “una herramienta muy eficaz imitada por países de nuestro entorno”.

En la carta, sin embargo, Martínez Perza subraya que aunque el contrato se adjudicó en noviembre de 2023 “el nuevo sistema no comenzó a instalar los dispositivos hasta el 8 de febrero de 2024” y hasta entonces “no había ningún dispositivo nuevo instalado, sino que se mantenían los de la anterior adjucataria”. La migración completa de los datos, prosigue la delegada, “no se finalizó hasta el 8 de mayo de 2024”, por lo que “ante esta situación es imposible que la Sra.Carmona pudiera valorar el 12 de enero de 2024 la calidad de un servicio que aún no se estaba prestando”.

Apunta además la misiva a que “la cuestión es de la máxima relevancia” porque se “está generando el desprestigio” de un sistema que “está funcionando al 100%, que cada día salva vidas y que es un modelo referente”. Tanto la Fiscalía como Igualdad insisten en que el problema con los datos “está solucionado” desde finales de 2024 y recalcan que “en todo momento las mujeres estuvieron protegidas” porque los dispositivos nunca han dejado de funcionar.

El Partido Popular ha entrado de lleno y este viernes ha registrado en el Congreso una moción para pedir la reprobación de la ministra de Igualdad mientras que Alberto Núñez Feijóo ha acusado al Gobierno de “ocultación”. “Se escondieron durante meses los efectos de la negligencia”, ha dicho el popular en la clausura del campus de FAES. La titular de Igualdad ha reiterado desde Valladolid que las pulseras “han funcionado en todo momento, no hay fallo” y que “salvan vidas a diario”. De estos dispositivos, que sirven para controlar las órdenes de alejamiento impuestas a hombres acusados de maltrato, hay 4.000 instalados a día de hoy. Hasta ahora ninguna mujer víctima que lo llevaba ha sido asesinada.