La jueza del escándalo de la FP, que afecta al gobierno de Ayuso, prorroga la investigación seis meses más

La jueza que investiga el fraccionamiento de contratos en la construcción de edificios de FP en la Comunidad de Madrid ha emitido un auto en el que acuerda prorrogar su instrucción seis meses más, a la vista de la necesidad de tiempo para recabar testimonios y practicar diligencias que ayuden a esclarecer si se pudo cometer un delito de prevaricación y, en su caso, qué personas de la Consejería de Educación pudieron estar implicadas.

En el documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, el juzgado de instrucción 39 de Madrid solicita esa prórroga e informa a las partes personadas. La justicia indaga por qué y bajo qué órdenes la Consejería de Educación construyó, entre 2021 y 2023, centros de FP sin contrato, fuera del presupuesto, sin expediente oficial y sin pasar ningún control económico. Al menos dos de los casos fueron enviados a la Fiscalía ante los indicios de que pudiera haber delito de corrupción. El ministerio fiscal lo calificó como una “grosera omisión del procedimiento”.

En el momento en que sucedieron los hechos lideraba la Consejería de Educación Enrique Ossorio, hoy presidente de la Asamblea de Madrid. Su número dos era Rocío Albert López-Ibor, peso pesado del PP, proveniente de Faes y hoy consejera de Economía y Hacienda de Ayuso. Además, la jueza ha llamado también a declarar como testigo a Coral Báez –actual directora del área territorial Madrid Capital en la Consejería de Educación y responsable de esa zona en el momento en el que sucedió la posible prevaricación– y a José María Serrano Adanero, exsubdirector general de Centros de Educación Secundaria.

El equipo de la actual Consejería (en manos de Emilio Viciana) elevó el caso a investigación cuando tuvo conocimiento del primer caso y a la Fiscalía y responsabilizó en su momento al exsubdirector de FP Alfonso Mateos, imputado y que ya ha declarado en el juzgado. Mateos dijo que el sistema de contratación ha sido este “desde siempre”, que se metían obras como gastos de funcionamiento que no eran de funcionamiento y se defendió evidenciando que las construcciones en centros educativos no eran de su competencia, sino del departamento de Infraestructuras y de la dirección territorial. El excargo de Educación señaló en su declaración ante la jueza que este sistema (que puede constituir un delito) se promovía desde la Consejería, el consejero firmaba el reparto de dinero entre centros y estaba avalado por la dirección general cuya responsable, Coral Báez, ha sido llamada ahora a declarar como testigo. También están imputados en el caso dos directores de instituto y el empresario que alertó al gobierno de Ayuso de las irregularidades tras comprobar que no se le iban a pagar los 1,6 millones que se le adeudaban por la construcción de un centro educativo sanitario en Ciudad Escolar.

Una denuncia de Podemos abrió el caso en un juzgado de instrucción, que aglutinó una causa en la que se han presentado como acusación el PSOE, Más Madrid, Comisiones Obreras y la propia Comunidad de Madrid y que ahora se prorroga.