Una trabajadora discapacitada del Palacio de la Zarzuela lleva a juicio a la Casa Real por acoso laboral

Juicio sin precedentes contra la Casa Real por posible acoso laboral contra una trabajadora en el Palacio de la Zarzuela. La empleada, limpiadora al servicio de la reina emérita Sofía con más de tres décadas en el puesto y una discapacidad física reconocida desde 2022, ha llevado a juicio a la Casa Real, a Patrimonio Nacional y a una de sus superioras por acoso laboral y vulneración de varios de sus derechos fundamentales. 

Manuela (nombre ficticio para proteger su identidad), empezó a trabajar en Palacio a los 19 años. Ahora tiene 55 y lleva 36 cotizados en Patrimonio Nacional, el organismo público que custodia los bienes de titularidad pública del Estado afectados al uso del rey y de la Familia Real.

Como muchos otros empleados públicos al servicio de la Casa Real, el sueldo de Manuela lo paga Patrimonio, pero también recibe una gratificación del presupuesto de Zarzuela al prestarle servicios. En mayo de 2022 una sentencia le reconoció una discapacidad física del 33%, a raíz de una tendinitis crónica y dolores en los brazos tras un accidente laboral y varias intervenciones quirúrgicas.

Este año, Manuela decidió denunciar una situación de acoso continuado por parte de su superiora. En su demanda, explican fuentes conocedoras del caso, plantea que Patrimonio y Casa Real han vulnerado derechos fundamentales recogidos en los artículos 14, 15 y 24 de la Constitución, que consagran la igualdad de los españoles, el derecho a la integridad física y moral y la tutela efectiva de los jueces y tribunales.

El juicio quedó visto para sentencia este viernes. En su demanda, Manuela reclama una indemnización de 82.931 euros, como indicó en la vista el abogado del Estado que ha defendido en el pleito a la Casa Real y Patrimonio Nacional.

En su contestación a la demanda en el juicio celebrado el viernes en el Juzgado de lo Social número 51 de Madrid, el letrado de la Administración negó “la totalidad de los hechos” que recoge la denuncia, de los que no existe “ninguna concreción”; defendió que “no existe ningún tipo de vulneración de derechos fundamentales” y que es “evidente” la “falta de legitimación” pasiva contra la Casa del Rey y pidió “la íntegra desestimación” de la demanda.

En la vista declararon a petición de la defensa de la demandante cuatro testigos: una limpiadora que actualmente trabaja en Zarzuela como Manuela, otra que se jubiló hace un par de años y también sufrió prácticas de acoso parecidas, aunque no llegó a denunciarlas en un juzgado, y dos representantes de los sindicatos UGT (que ha asesorado a la actora en este proceso) y CSIF. 

Por parte de la demandada, testificaron, entre otras, la gobernanta o regidora de Palacio para la reina emérita, superiora de la encargada de Limpieza denunciada y que sigue en activo a sus cerca de 70 años; y la delegada de Patrimonio Nacional en El Pardo, Amaya Herrero.

Hija del fallecido político y jurista Miguel Herrero de Miñón, uno de los padres de la Constitución Española, Herrero ocupa ese puesto desde 2023 tras la jubilación de su antecesor, Aníbal de Miguel.

La delegación de Patrimonio en El Pardo es la más importante de las siete que tiene este organismo, por la zona en la que se encuentra, dando servicio a los reyes de España. En ella trabajaban a cierre de 2023 (último ejercicio del que Patrimonio ha publicado sus cuentas) 237 personas, el 22% de la plantilla total de 1.077 empleados. De ellos, más del 60% trabajan en el Palacio Real de Madrid, en los Servicios Centrales del organismo que preside Ana de la Cueva, secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa en el Ministerio de Asuntos Económicos con Nadia Calviño (desde 2018 hasta 2021). 

“Se le minusvalora”

En el juicio celebrado el viernes, a los cuarenta minutos de iniciarse la vista (que estaba abierta al público), la jueza expulsó de la sala a un redactor de elDiario.es tras las contestaciones a la demanda del abogado del Estado y la defensa de la acusada, cuando este se identificó como periodista, porque “es un procedimiento de vulneración de derechos fundamentales; no es un procedimiento normal”, explicó. Lo hizo también después de que la demandante confirmase a la magistrada que no quería prensa allí.

Según expuso el abogado del Estado, la demanda asegura entre otras cosas que el puesto de la actora no se ha adaptado a sus condiciones físicas, como exige la normativa cuando, como en este caso, existe una discapacidad reconocida por la Seguridad Social. En estos supuestos, los servicios de Prevención dan orden a los encargados de comunicar las minusvalías que tiene la afectada, qué trabajos puede hacer y cuáles no.

El letrado desgranó que, según su demanda, a Manuela “se le minusvalora” en sus funciones; y que “ni su encargada ni sus compañeras le dejan prestar servicios en dependencias de la Casa Real” y “en concreto”, el Palacio de la Zarzuela.

Manuela, expuso el abogado del Estado, entiende vulnerado su derecho a una tutela judicial efectiva al haber sufrido una “modificación sustancial” de sus condiciones laborales. Esta consistió, según explicó la defensora de la encargada de Limpieza demandada, en un mero “cambio de turno” que Manuela había pedido de forma “voluntaria” tras una grave discusión con su superiora el pasado febrero.

“No es cierto lo que se dice en la demanda de que se le controlan los fichajes, no se le deja fichar a unas determinadas horas y que se le impide realizar el mismo fichaje que al resto de sus compañeras”, aseguró el letrado de la Administración.

La defensora de la demandada compartió buena parte de los argumentos de su “compañero” de la Abogacía del Estado. Negó los “actos constitutivos de acoso” de su defendida que recoge la demanda, en la que, explicó, se asegura que la encargada de limpieza de Zarzuela “humilla de manera continuada” a su subordinada.

La letrada puntualizó que el acoso en el ámbito laboral [una conducta muy difícil de probar] es algo “muy serio”. La doctrina del Tribunal Constitucional exige que se trate de situaciones de estrés laboral caracterizadas “por su reiteración en el tiempo, su carácter degradante de las condiciones de trabajo o la hostilidad que conlleva”, y que “tienen como resultado atentar o poner en peligro la integridad laboral del empleado”. 

Ese acoso, añadió la abogada defensora, debe ser una práctica “sistemática” y “prolongada”, pero en la demanda, afirmó, “no existe ni una concreción” al respecto. “Entendemos que es desde 2022”, el año en el que la demandada fue nombrada encargada, dijo la letrada. 

En la misma línea, el abogado del Estado insistió en la “carencia de fechas concretas” en la demanda, con episodios que, a excepción de esa discusión del pasado febrero, se narran con “carácter genérico”, lo que, apuntó, introduce “inseguridad jurídica” a la hora de “valorar si hay algo prescrito o no prescrito”, o si puede considerarse “continuado” ese supuesto acoso.

Hecho “aislado”

Manuela decidió presentar esa demanda después de lo que la Abogacía del Estado y la abogada de la demandada califican de hecho “aislado”: el pasado 5 de febrero, expuso el letrado de la Administración, “se produce un incidente en las perreras de la Zarzuela”. Un altercado entre la encargada y su subordinada, “con unas palabras, una subida de tono, una pérdida de formas”. La demandante fue trasladada a su domicilio ese día por los servicios de Patrimonio Nacional. Acabó en Urgencias con una crisis de ansiedad, explican fuentes conocedoras del caso. 

Transcurridos unos días, se le concertó una cita con la Mutua Asepeyo, a la que, destacó el abogado del Estado, Manuela “no acudió”. También se abrió, como es preceptivo en estos casos, un protocolo de acoso por parte de Patrimonio Nacional. “Tras una serie de entrevistas con distintos trabajadores que han podido ver o escuchar ese incidente”, el expediente se “archiva” porque se considera que es “de carácter aislado” y “no tiene la suficiente gravedad para ser continuado o para ser constitutivo de acoso laboral” por ese “carácter aislado”, insistió el abogado del Estado.

El incidente “se investiga por la Casa Real, se da trámite de audiencia a todos sus compañeros y se ve que es un hecho aislado, donde se perdieron las formas”, expuso también la letrada de la demandada.

elDiario.es contactó con Casa Real y Patrimonio Nacional, sin obtener respuesta.

En su alegato inicial, el abogado del Estado defendió que es “incuestionable” que “se han respetado las limitaciones” físicas de la actora en su puesto de trabajo porque “en el mismo momento en que pide el cambio de turno se le concede”, el pasado 23 de abril. Expuso que “la mayoría” de los reconocimientos médicos realizados desde 2019 fueron “aptos”; que su limitación es “exclusivamente de carácter físico, nunca de carácter psicosocial”; que desde julio de 2023 estuvo de baja 18 meses “continuados”, y otros 310 días en 2022, cuando se le reconoció esa incapacidad del 33%.

Las bajas médicas, argumentó el abogado del Estado, “no tendrían mayor trascendencia” si no fuera porque los hechos que recoge la demanda “se refieren a fichajes, vacaciones, cómo se desarrollan o no las funciones”, y “malamente puede considerarse acreditada infracción de normativa de riesgos laborales, que dependen de un contacto directo”, si “no se ha prestado el servicio”. Apuntó que en el proceso de incapacidad que se resolvió en mayo de 2022 “no se demandó a la empresa”. Y “no consta ni una sola denuncia en el comité de seguridad y salud”, ni denuncias a la Inspección de Trabajo. 

Manuela trabaja en el anexo al palacio en el que vive desde hace años la reina emérita junto a su hermana Irene de Grecia, en el Monte de El Pardo, a unos 10 kilómetros de Madrid. “Una zona de Zarzuela que se creó en la década de los 70 y que consta de una distribución cómoda: cuatro dormitorios, una sala de estar y baño, más que suficiente para ellas”, recogía hace unos meses la revista Semana.

Forma parte de la nutrida plantilla de empleados públicos que trabajan para Casa Real sin depender de ella desde el punto de vista administrativo o presupuestario. Sin embargo, la institución figura como uno de sus pagadores en su informe de vida laboral, como admitió el abogado del Estado el viernes, en cumplimiento de la normativa que regula la cotización por determinadas remuneraciones, gratificaciones e indemnizaciones por razón de servicio percibidas por empleados públicos en situación de dependencia funcional.

El letrado recordó que en casos como este Casa Real puede asignar “libremente” de sus Presupuestos complementos retributivos a otro personal que trabaja en Palacio. En el caso de la actora es un complemento personal de unos 300 euros mensuales.

El letrado de la Administración defendió que es una retribución “puntual” y su empleador es otro, Patrimonio Nacional, que ha cumplido “la totalidad” de sus obligaciones en materia de riesgos laborales, con una evaluación de los riesgos del puesto de la limpiadora, la formación necesaria a los trabajadores en esta materia y un protocolo de acoso que se activó, sin consecuencias, en ese “episodio” de “carácter aislado” del 5 febrero, que insistió es “la única fecha concreta” que consta en la demanda. 

El juicio estaba previsto inicialmente para junio. En menos de dos meses salió la fecha de la vista, pero pocos días antes la parte demandada solicitó un aplazamiento, hasta ahora.