Isabel Rodríguez: “Debemos abordar en Europa el debate sobre prohibir la compra especulativa de vivienda”

Cuando el presidente Pedro Sánchez recuperó el Ministerio de Vivienda en 2023, confió la cartera a la que había sido su portavoz en el Gobierno. Desde entonces, Isabel Rodríguez (Ciudad Real, 1981) está al frente de la que puede ser una de las carteras más ingratas de esta legislatura, por unas competencias limitadas y unas comunidades autónomas que no siempre reman a favor de sus políticas. Pero es, también, de las que tiene más margen de mejora, porque la vivienda es, desde hace meses, la principal preocupación de la ciudadanía, según los datos del Instituto Nacional de Estadística.

Rodríguez ha empeñado sus esfuerzos en arrancar de las comunidades autónomas el compromiso de que ni un euro ni un suelo público acabe amortizándose y termine en manos privadas. “Blindar el carácter público, como hemos hecho con la sanidad o la educación”, repite a lo largo de esta entrevista, en la que reconoce que “destinar hoy viviendas a otros usos que no sean para la vida es un lujo que no nos podemos permitir”. Por eso, la ministra se abre a explorar en el ámbito europeo una limitación de la compra especulativa y pide “una tregua política en forma de respuesta y soluciones” a esta crisis, mientras descarta un adelanto electoral: “La ciudadanía está más preocupada por que resolvamos el problema de la vivienda que de acudir a las urnas”.

Esta semana ha anunciado que el nuevo Plan Estatal de Vivienda se aprobará previsiblemente en diciembre. ¿Cuáles son las líneas maestras de ese plan?

Es uno de los instrumentos con los que estamos dirigiéndonos a la consolidación del derecho a la vivienda desde el Ministerio y con el que queremos trabajar en colaboración con el resto de administraciones, principalmente con quienes tienen encomendada de forma exclusiva esta competencia, que son las comunidades autónomas. Es el primer plan tras la Ley de Vivienda, que despejó todas las dudas que existían en la doctrina constitucional, y eso cambia la manera en la que hemos venido trabajando hasta ahora. Existe un amplio consenso social, y espero que termine siendo también político, para no cometer los errores del pasado y dar una respuesta precisa a la ciudadanía española que hoy no tiene un techo.

Hemos de invertir más, triplicamos la inversión, pasando de 2.000 a 7.000 millones de euros, con una cofinanciación del 60% por parte del Estado; esta importante inversión no puede ser desamortizada en una década, en 15 años o incluso menos, como plantean algunas comunidades, sino que tenemos que blindar ese carácter permanente del parque público de vivienda, amparándonos en la absoluta transparencia, para identificar dónde hemos de construir más y dónde hemos de apoyar más otro tipo de medidas, y también que desde los poderes públicos evitemos la especulación, fundamentalmente en el mercado del alquiler, muy apuntada ahora por parte de los portales inmobiliarios.

Desde el Ministerio han advertido que se quedarán fuera aquellas comunidades que no acepten blindar el parque público para siempre, aumentar la inversión y ofrecer datos transparentes. ¿Pueden dejar a cero euros las transferencias a determinadas comunidades autónomas que, a priori, han dicho que no aceptan esos requisitos?

Este miércoles tenía un encuentro con empresarios, representantes de la patronal, y también con los sindicatos CCOO y UGT y el diálogo social está de acuerdo con estas tres premisas que plantea el Ministerio. El Tribunal Constitucional ha reconocido la potestad y la competencia del Estado en las políticas de vivienda, en su orientación para garantizar la igualdad de todos los españoles y el crecimiento socioeconómico de nuestro país. Nosotros vamos a poner encima de la mesa todos los instrumentos que sean necesarios, no vamos a parar de poner en marcha estos recursos, estos incentivos y estas ayudas por guerrillas partidistas o electoralistas. Entiendo que la vivienda tiene que quedar al margen de esa lucha, que los españoles merecen una tregua política en forma de respuesta y soluciones.

¿Cuáles son las comunidades autónomas que más problemas están poniendo para aceptar esos requisitos?

Están los clásicos, como la Comunidad de Madrid y su presidenta [Isabel Díaz Ayuso], que dio el espectáculo en la Conferencia de Presidentes atacando el uso de las lenguas cooficiales, pero en general no hubo un ‘no’ rotundo. Por tanto, aspiro a que vayan entrando en la razón de que esto es bueno para todos sus territorios. Este país se la juega con la vivienda y en términos de atender a la juventud se juega su futuro, a la clase media trabajadora que se siente asfixiada por el sobrecoste de la vivienda e, incluso, en términos democráticos. Tenemos que ser responsables con una política que está competencialmente repartida desde los ayuntamientos, que planean el urbanismo, hasta las comunidades autónomas, que la tienen en exclusiva, y un Gobierno que hace una apuesta clara inversora. Como estamos al principio de este documento, vamos a mantener ese marco de acuerdo. Si no, tendrán que explicar por qué no quieren poner más presupuesto o blindar ese carácter público, como hemos blindado la sanidad o la educación.

En la práctica, ¿dejarlas fuera del plan no supone marcar una diferencia entre los ciudadanos que viven en esas comunidades y el resto?

Tenemos otros instrumentos, como la empresa pública, que va a ser una gran impulsora del parque público de vivienda asequible en nuestro país. Estamos dedicando muchos recursos y vamos a trabajar con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos que deseen colaborar. En caso de ausencia de compromiso por su parte, que deseo que no ocurra, hay muchos agentes que quieren apoyar estas políticas, desde proveedores sociales de viviendas, un sector incipiente pero que ha tenido mucho éxito en otros países de nuestro entorno, hasta otras empresas públicas.

Plantean medidas a medio o largo plazo. ¿Qué medidas puede aplicar hoy el Gobierno para ayudar a ese 38% de familias que dedican más un de 40% de sus ingresos a pagar la vivienda?

La política de construcción de viviendas es lenta y el Ministerio hace un llamamiento a agilizar todo lo posible ese proceso. Desde nuestro ámbito, estamos apostando por la industrialización, que nos permite reducir los tiempos en torno a tres o seis meses. Entre tanto, son muchos meses donde cada familia, cada joven, sigue haciendo un desembolso exagerado para pagar el alquiler en los mercados más salvajes. Hemos puesto en marcha medida e instrumentos que están utilizando administraciones como Catalunya y, más recientemente, País Vasco, Navarra y también Galicia, que están permitiendo bajar las rentas y el esfuerzo financiero de las familias una media del 5% y hasta un 8% en algunos barrios de Barcelona. Estamos interviniendo el mercado desde lo público y está siendo eficaz. A algunos les parece una intromisión, pero es lo que reclamaba la presidenta de la Comisión Europea [Úrsula Von der Leyen], las posiciones más academicistas y los expertos.

Al mismo tiempo, vamos a acompañar con ayudas directas, intentando sacar del mercado todo aquello que se produce al amparo de la ilegalidad o de la falta absoluta de regulación, como hemos hecho con los pisos turísticos. Destinar hoy viviendas a otros usos que no sean para la vida es un lujo que no nos podemos permitir. En estos momentos hay que priorizar la vivienda para la vida, ese es el planteamiento que hacemos desde el Ministerio.

¿Se plantean prohibir la compra especulativa de vivienda, como piden algunos de sus socios?

Algunas de estas reformas tienen complejidad legislativa, pero en ningún momento lo hemos desechado. El Grupo Socialista ha registrado una iniciativa legislativa en la que planteamos gravar esas inversiones de extranjeros no residentes. Es un debate que hemos de abordar en las instituciones europeas, porque tienen que ver con el libre comercio y algunas de las normas de los contratos de adhesión a la Unión Europea, pero apostamos por intervenir, igual que con la excepción ibérica. La vivienda no es un bien de mercado cualquiera, es un derecho. Estamos hablando de una crisis que puede derivar en una crisis social. Los países de la Unión Europea y, desde luego, España con un crecimiento económico muy fuerte, tiene que abordar esta cuestión.

Menciona a los no residentes, ¿se lo plantean también para los residentes que tienen varias viviendas, para las empresas, los fondos de inversión? ¿Para todos ellos?

Sin ninguna duda. Nuestra apuesta pasa por que no se produzca la especulación en el ámbito de la vivienda. No es nada revolucionario, la Constitución nos habla de garantizar el derecho a la vivienda y de preservar los suelos con ese carácter social, evitando su especulación. Eso forma parte de todas las iniciativas que lanzamos desde el Ministerio, como gravar esas segundas o terceras residencias a fin de desincentivar su uso con fines no residenciales. Ojalá [se aprueben] estas iniciativas, que tenemos registradas en el parlamento que van en esa dirección: evitar la inversión extranjera, que en algunas zonas de nuestro país, como la costa valenciana o Baleares es muy grave, y cargar fiscalmente para desincentivar que se aproximen a la vivienda como fuente de inversión. Hay [otros] sectores productivos maravillosos en este país por los que apostar para invertir. También hago un llamamiento a los inversores para que hagan vivienda asequible, porque es una inversión rentable en términos sociales y, sin duda, creo que es un buen negocio.

Sumar se ha mostrado en contra de ese paquete fiscal, por contener bonificaciones a los propietarios, y se ha referido a la ayuda al alquiler con opción a compra como un “brindis al sol”. ¿La vivienda es uno de los temas que más discrepancias causa dentro de la coalición?

Es normal que cada grupo político tenga sus posiciones más ideológicas, pero estamos trabajando de manera muy coordinada y cumpliendo los acuerdos de coalición. Si repasa el documento del acuerdo de Gobierno en materia de vivienda, en torno al 99% de los puntos están cumplidos o en marcha. Entiendo que pueda haber matices, pero creo que en una política como esta tenemos que ser lo suficientemente ambiciosos como para alcanzar grandes acuerdos y también rigurosos y posibilistas para ir dando respuestas inmediatas.

Teniendo en cuenta que no han podido aprobar la Ley del Suelo, ¿cómo afecta la debilidad parlamentaria del Gobierno a las políticas de su ministerio?

Es una norma para la que, sin ningún tipo de complejo, esperaba al Partido Popular. Es una reforma necesaria para el buen funcionamiento del planeamiento urbanístico en nuestro país, muy demandada por todos los ayuntamientos, independientemente de su color político y que reclamaron también las comunidades autónomas. Se me pidió urgencia y con esa urgencia la elevé al Parlamento pero, por un cálculo meramente electoralista, el entonces recién llegado líder de la oposición, el señor Feijóo, decidió paralizarla contra todo pronóstico. Hubiera sido deseable que saliera adelante para promover con mayor garantía y construir más vivienda asequible.

El PSOE gobierna desde mediados de 2018. Desde entonces, los alquileres han subido casi un 30% según el Sistema estatal de referencia del Ministerio, y un 40%, según datos de Idealista, mientras el precio de venta se ha incrementado en un 50%. ¿Qué responsabilidad asume el Gobierno en estos incrementos?

Es muy importante hacer un análisis de la complejidad de lo que nos ha sucedido y de dónde veníamos. Partíamos de una ausencia de construcción y de vivienda nueva de casi una década y de una absoluta dejación de construcción de vivienda pública. Los menores índices de construcción de vivienda pública en democracia se corresponden con el año 2002, con el señor Aznar, y 2018, con el señor Rajoy. Si la crisis de vivienda tuvo su peor rostro en forma de desahucios, desde el punto de vista económico lo tuvo en la destrucción de un sector importante a efectos de PIB y de empleo en nuestro país, así que no solo hemos tenido que levantar y poner en marcha la inversión pública, sino levantar al sector.

Especialmente en los últimos cinco años, después del Covid, también se ha producido un incremento muy importante de la creación de hogares, como consecuencia de la bonanza económica. Hemos ido poniendo instrumentos para dar respuesta a esa situación. Quiero recordar que, en el año 2019, el primer año de Gobierno del presidente Sánchez, se alargó la duración de los contratos de alquiler, lo que ha dado estabilidad. Vamos acompañando este problema con soluciones a corto y a largo plazo. Hemos pasado de un parque de vivienda [en alquiler] de 2,5 a 3,4 millones, que no es para echar las campanas al vuelo, pero demuestra el esfuerzo que estamos haciendo, y veníamos de una construcción que no superaba las 90.000 viviendas al año y estamos ya con visados de 130.000. En este momento, gracias al impulso inversor del Gobierno de España, hemos conseguido movilizar mucho suelo público, todos los de la Administración General del Estado, y la construcción de vivienda protegida se ha incrementado en un 63% en el último año, frente al 13% de vivienda libre.

Sin embargo, ese aumento en la construcción no está teniendo una repercusión en los precios, que siguen aumentando y son la gran preocupación de los ciudadanos.

Porque todavía no hemos conseguido acompañar la demanda a la oferta, cubriendo el déficit, como consecuencia del crecimiento económico de nuestro país y la creación de hogares. Sinceramente, creo que estamos en la dirección correcta y tenemos algo que no siempre se tiene en política: fondos. La sociedad lo demanda y tenemos la capacidad de hacerlo, de responder y de revertir esta situación en el menor tiempo posible. Si la Comunidad de Madrid hubiera puesto en marcha hace dos años las zonas de mercado tensionado, estarían bajando los precios del alquiler, al tiempo que podríamos estar propiciando el interés del propietario en ponerlo en este tipo de mercados y no buscar la trampa, como está sucediendo en esta comunidad.

Ponen el ejemplo de Catalunya, donde se han aplicado zonas tensionadas y los precios han bajado un 5%, según sus datos. ¿Es suficiente un 5%? ¿Con qué porcentaje de bajada estaría satisfecha la ministra de Vivienda?

Nuestro objetivo es abordar la asequibilidad y ese es un concepto en el que, académicamente y en el entorno europeo, hemos convenido que tiene que estar alrededor del 30% de los ingresos de una familia. Para conseguirlo, se necesita la iniciativa pública y este es el gran cambio de paradigma.

¿Hay alguna fórmula para trasladar ese tope del 30% también al mercado privado?

Está técnicamente comprobado que, cuando evoluciona el mercado público de vivienda, deja de elevarse la renta en el privado.

En el ciclo preelectoral de 2023, el presidente Sánchez prometió 183.000 viviendas en alquiler asequible. ¿En qué situación están estas viviendas? ¿En cuántas hay familias viviendo ya?

Tenemos muy avanzada la promoción de todas estas viviendas. En muchas ocasiones, cuando la derecha me reprocha dónde están esas viviendas, he podido mostrarles a presidentes y presidentas del Partido Popular entregando las llaves. En el Plan Estatal de Vivienda incorporamos un capítulo de transparencia, para que ese esfuerzo que estamos haciendo no se quede encajado también a efecto de opinión pública en una pelea de carteles y logotipos, sino que la ciudadanía sepa exactamente que con sus impuestos estamos haciendo este esfuerzo por construir ese parque público.

¿Hay algún número que me pueda dar?

Hay más de 100.000 viviendas que están en marcha en distintos momentos. Ustedes mismos, que siguen habitualmente mi agenda, me han visto entregarlas ya a la ciudadanía.

Las encuestas señalan un aumento de la intención de voto a opciones de extrema derecha, sobre todo entre los más jóvenes. ¿La falta de expectativas o de esperanza, principalmente en asuntos como la vivienda, está avivando ese interés?

La ultraderecha siempre necesita del miedo y la desesperanza para intentar conmover a la ciudadanía. Ya estamos acostumbrados a una extrema derecha que vinculaba migración con delincuencia y, ahora, cada vez más, les escucho hablar del problema de la vivienda como un problema que origina la migración. Así es la extrema derecha. Si la derecha en nuestro país, en lugar de sumarse a las soluciones, se suma al miedo a la okupación y a las alarmas, gana la extrema derecha. De hecho, más que del miedo, la extrema derecha en España se está alimentando de la irresponsabilidad de Feijóo.

¿Hacen autocrítica en este sentido? ¿Por qué no son capaces de transmitir esa esperanza o mejorar la vida de los jóvenes?

Este plan es una respuesta muy directa, una apelación a la juventud española. El problema de la vivienda es transversal, pero estoy convencida de que, prioritariamente, tenemos que atender a la juventud. Siempre se dice que sobre el derecho a la vivienda se hacen depender otros muchos derechos, como el de la salud o, incluso, una buena educación. Sin un techo es difícil que un niño pueda concentrar en sus estudios y, bajo el techo, se desarrollan los proyectos vitales, los profesionales o los íntimos, como la maternidad. Por eso hemos querido que, en este plan, la juventud tenga un papel absolutamente protagonista.

Muchas de las medidas que han ido anunciando en los últimos meses van, precisamente, destinadas a menores de 30 o 35 años. ¿Qué pasa con esas personas que están en el siguiente tramo de edad, con 40 o 45 años, que tal vez han sufrido la crisis anterior y ahora atraviesan estas dificultades de acceso a la vivienda?

Hay una parte de las ayudas que también tienen que ver con familias con algún tipo de vulnerabilidad, pero insisto en la prioridad de la población joven porque, al final, los datos también nos constatan que es, efectivamente, donde está el problema. Creemos que, en estos momentos, la atención tiene que estar en la población joven, sobre todo con la expectativa de que, en el futuro, más allá de los 35, todo el mundo haya resuelto este problema.

Por último, en estos momentos no parece que haya ninguna expectativa de que los Presupuestos Generales del Estado puedan salir adelante. ¿Esa falta explícita de apoyo parlamentario no justificaría un adelanto electoral?

La legislatura precisa de dos años más para consolidar estas políticas de vivienda y, por tanto, comparto con el presidente del Gobierno que España no se merece parar. Necesitamos seguir avanzando, apelando a la responsabilidad del Parlamento y también a la conciencia de esos grupos que nos han apoyado y que, en su mayoría, coinciden con nosotros, con sus matices, en la necesidad de ese avance. Tengo la expectativa de que estos presupuestos puedan aprobarse, pero la ciudadanía está más preocupada por que resolvamos el problema de la vivienda que de acudir a las urnas.