¿Tiene límite el negocio educativo? Un fondo compra por 200 millones varios colegios concertados en Madrid

La venta de un grupo de colegios concertados a una aseguradora suiza por 200 millones de euros, adelantada por El Confidencial, ha sacudido el sector de la enseñanza. Especialmente el de la enseñanza privada, y más especialmente el de la privada subvencionada con fondos públicos, hasta ahora más o menos ajeno al creciente (y goloso) negocio educativo. ¿Es lícito sacar dinero de unas escuelas sostenidas con el dinero de todos, que además están construidas en parcelas que la Comunidad de Madrid cedió gratuitamente?

Para parte de la comunidad educativa esta operación supone un salto cualitativo importante. Una cosa son los colegios privados puros, argumentan (subsector en el que ha habido compraventas recientes), y otra hacer negocio con centros donde se invierte mucho dinero público. Entre las más beligerantes está Cicae, una asociación de centros privados que ve en la concertada, especialmente la madrileña, competencia desleal e incluso sitúa esta operación fuera de la legalidad, pero también la principal patronal de escuela concertada del país.

“¿Los colegios concertados no deben ser entidades sin ánimo de lucro? El marco legal establece que sí, y por ello se les asimila automáticamente a entidades benéfico-docentes, exentas del pago de muchos impuestos municipales. Sin embargo, operaciones como la de hace unos días evidencian una preocupante deriva hacia la mercantilización de un servicio público. Ningún fondo de inversión destina 200 millones de euros a un proyecto si no espera obtener grandes beneficios”, reflexionan desde Cicae.

Luis Centeno, secretario general de Escuelas Católicas, la sección educativa de la Iglesia Católica y que gestiona dos de cada tres colegios concertados en España, también se manifiesta “preocupado” por una operación que, dice, daña la imagen de todos estos colegios. “Se puede generar una opinión muy equivocada de lo que son los colegios concertados, que cumplen una función social y prestan un servicio público, según recoge la ley de educación”, explica temiendo la generalización.

Además, sostiene, nadie pensaría en adquirir un colegio religioso porque no generan beneficio alguno. “Son deficitarios de forma estructural y tienen que vérselas para intentar tapar ese agujero que desde el inicio provoca el concierto”, alude al sempiterno argumento de las patronales de la concertada respecto a la insuficiencia de lo que paga el Estado por módulo concertado y la polémica con las cuotas voluntarias no tan voluntarias. Una respuesta similar a la que ofrece un experto en la concertada catalana respecto a los centros de aquella comunidad autónoma.

La clave en este caso, apuntan fuentes educativas, es el modelo madrileño de escuela concertada. Una red que ha contado con el favor histórico del PP, que entiende que la “libertad de elección” de las familias se garantiza subvencionando colegios privados con fondos públicos. Todos los gobiernos populares de Madrid han defendido a la escuela concertada y el actual quizá sea el epítome de ello: aprobó la ley Maestra específicamente para blindarla de los efectos de la Lomloe, pensada en parte a su vez para controlar las políticas madrileñas.

Concertada tradicional vs. la “nueva concertada”

Dentro del particular ecosistema educativo madrileño hay dos tipos de escuelas concertadas. Las tradicionales, asociadas sobre todo a la iglesia católica a través de Escuelas Católicas, y la conocida como “nueva concertada”.

Los primeros son colegios con años de historia y asentados en la región, con un funcionamiento que podría calificarse de normal, más allá de la eterna sombra de las cuotas voluntarias no tan voluntarias. La nueva concertada surge al calor de los gobiernos del PP desde que la Comunidad adquirió las competencias educativas en el año 2000 y se implanta con una visión totalmente diferente. La nueva concertada favoreció, por ejemplo, las millonarias mordidas del que fuera mano derecha de la expresidenta regional Esperanza Aguirre, Francisco Granados, que acabó en la cárcel por corrupción.

Este periódico analizó en el año 2021 las cuentas de 32 de estos centros. “Sociedades mercantiles, beneficios, dividendos y altos salarios tras las subvenciones públicas”, se tituló aquel reportaje, que daba cuenta de un sector que parece más centrado en lo económico que en lo educativo, con empresas en vez de fundaciones y directivos donde suele haber directores. Un sector con accionistas, que reparte beneficios y paga nóminas de seis cifras.

El grupo Educare, noticia hoy por esta venta, ya mereció especial atención entonces. Tenía ese año seis colegios y una participación de casi el 80% en otro. Disponía de un saldo contable de 30,2 millones de euros para inversiones a largo plazo, otros 8,8 para “inversiones en empresas del grupo”, clasificadas como corto plazo, además de otros 4,9 millones de euros para “inversiones financieras a corto plazo”. La empresa declaró en 2018 un resultado del ejercicio de 11,5 millones de euros tras impuestos. Lo normal en un grupo educativo al que el Estado (la Comunidad de Madrid, en este caso) transfiere cientos de miles de euros al año para sus centros: el colegio Valdefuentes, el Torrevilano, el Peñalvento, el Peñalar, el Parque, el Montesclaros, Antamira y Antanes School.

Las particularidades de Madrid

Madrid tiene más peculiaridades, con la cesión de suelo público para hacer negocios privados quizá a la cabeza de todas ellas. Madrid es una comunidad autónoma en la que el Gobierno regional, que se dice liberal, no es que permita o facilite hacer negocios a los empresarios y emprendedores quitándose de en medio, sino que, si uno tiene suerte, le impulsa la actividad económica poniendo medios públicos a su disposición. Sucede desde hace años, décadas ya, con la escuela concertada.

De tanto en tanto, la Consejería de Educación detecta que en cierto barrio o municipio hace falta un centro educativo y, con un razonamiento particular, decide que ese centro debe ser concertado. A partir de ahí, es habitual que ceda de manera gratuita una parcela pública a un grupo o empresa para que levante ese colegio, que tiene garantizado el concierto antes de existir. Una escuela que viene con un pan debajo del brazo en forma de subvención pública, aunque esta práctica vaya contra la ley porque se conciertan colegios que existen, con su proyecto educativo concreto, no propuestas sobre el papel. Pero el caso es que el impulsor del colegio solo tiene que pagar la construcción de las instalaciones y dispone, habitualmente, de unos 75 años para recuperar su inversión (el tiempo normal que dura la cesión gratuita de la parcela). Además, los pliegos de las cesiones permiten a las adjudicatarias de los centros disponer del suelo como si fuera suyo durante ese periodo. Por ejemplo, pueden ponerlo como aval ante una hipoteca o préstamo.

Este es, o al menos era, el modus operandi normal. Hasta ahora, que uno de los grupos agraciados con parcelas públicas para sus colegios ha tomado un atajo al vender sus centros a una gestora suiza que gestiona casi 140.000 millones de euros. Fuentes próximas a la operación le explicaron a El Confidencial que la aseguradora suiza ha pagado unas diez veces el beneficio de explotación o EBITDA (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de Educare, que ronda los 18 millones de euros. El grupo de educación concertada factura unos 70 millones de euros al año y en el plan estratégico incluido en la documentación enviada a los inversores para la venta se incluía una proyección de EBITDA de 30 millones a cinco años. Todo ello a la vez que recibe fondos públicos para su funcionamiento. La deuda de Educare ronda los 50 millones.

Este periódico ha preguntado a Swiss Life cuáles son sus planes para estos centros y si planea expandirse más por el sector en España, pero la compañía ha declinado comentar nada. La Comunidad de Madrid, que tiene las competencias en educación y paga el módulo económico a los colegios de Educare, tampoco ha contestado. El Ministerio, que ejerce de prescriptor general del sistema a través de las leyes, pero que no tiene competencia directa, no tiene constancia documental de la operación.