Cárcel para los cabecillas ¿y ahora qué?: los afectados por Arbistar no recuperarán los 200 millones en criptomonedas que les estafaron

La Audiencia Nacional condenó esta semana a penas de cárcel a los principales acusados en la primera estafa a gran escala con criptomonedas que se juzga en España. Es un fallo inédito, que detalla un fraude masivo y piramidal con 32.000 inversores a los que estafaron más de 200 millones de euros bajo la promesa de rentabilidades tan atractivas como imposibles. El fallo obliga a los condenados a restituir el dinero defraudado actualizado al precio de cotización actual, pero varios de los abogados personados como acusación reconocen que esos fondos nunca regresarán a los bolsillos de sus clientes, pues con los bienes embargados apenas se cubrirá una “ínfima” parte. Y para ello, además, habrá que esperar a que la sentencia sea firme. 

La ley establece que cuando existen indicios de criminalidad contra una persona, el investigado deberá consignar una fianza para asegurar que puede resarcir a los afectados. Si no lo hace, el siguiente paso es decretar el embargo de sus bienes. En esta causa, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama acordó en 2022 el embargo de “todo tipo de cuenta bancaria, ya sea de criptomonedas u otra moneda de curso legal” de los principales acusados, Santiago Fuentes y Diego Felipe Fernández, ahora condenados a ocho y seis años de cárcel, respectivamente. 

El magistrado reclamó embargar en cada caso bienes hasta cubrir los 50 millones de euros que, como medida cautelar, se fijaron en un principio como responsabilidad para pagar a los perjudicados si eran condenados, como finalmente ha ocurrido. El juez también embargó un chalé en Sofía (Bulgaria) y un Mercedes de alta gama a Diego Felipe Fernández.

Sin embargo, varios de los abogados personados en la causa reconocen que los bienes incautados al ‘broker’ y a su socio —y cuyo decomiso pide la sentencia— no llegan ni para resarcir a una mínima parte de los perjudicados personados en el procedimiento o reconocidos por la Fiscalía, que ascienden a 9.494 personas. La sentencia, no obstante, reconoce que el resto de afectados pueden solicitar indemnización “a través del procedimiento civil correspondiente”. 

“Es muy poco lo que se ha conseguido embargar y no habrá para repartir casi nada. Será ínfimo lo que cobren los perjudicados. Hay vehículos —que además se devalúan con el paso del tiempo— y algo en criptomonedas. Todavía no se ha tasado, pero no creo que llegue ni al millón de euros”, explica el abogado Miguel Ángel Fernández-Salinero, que ha calculado que sólo sus clientes deberían ser indemnizados con más de once millones de euros de acuerdo a lo establecido en la sentencia. La clave es que la mayor parte del dinero estafado estaría albergado en lo que se conoce como “monederos fríos”. Esto es, que no están vinculados a una plataforma y que operan sin conexión a internet, lo que hace muy difícil su rastreo.

Este letrado cree, no obstante, que los condenados podrían valorar la posibilidad de intentar reducir sus condenas reparando el daño causado. Pero Santiago Fuentes está en prisión desde junio de 2023, por lo que sólo le quedarían dos años para cumplir los dos tercios de la condena que le abrirían la posibilidad de acceder a la libertad condicional, lo que también arroja dudas sobre su disposición a poner los fondos al alcance de los afectados. 

“Con esta condena tan baja Santiago Fuentes puede pensar ‘estoy dos años y pico más en prisión y, luego, a disfrutar de la vida’. De todas formas, nosotros ya hemos mostrado nuestra disposición a negociar. En el caso de mis clientes, las propias defensas de los acusados han reconocido que hemos aportado las pruebas forenses válidas y que hemos acreditado la condición de perjudicados”, añade Fernández-Salinero. 

“El dinero y los bienes retenidos no cubren ni la millonésima parte de las indemnizaciones de las que podemos estar hablando”, reconoce también el letrado Jesús López Pelaz, que ha defendido los intereses de una treintena de afectados. Este letrado admite que la “única opción” que tienen en este momento los representantes de los perjudicados para que sus clientes accedan a las indemnizaciones que figuran en la sentencia es que los investigadores puedan encontrar algunos wallets [monederos digitales donde están las criptomonedas] en los dispositivos electrónicos que se le incautaron al cabecilla. 

Este letrado concede, en todo caso, que la existencia de esos fondos no ha quedado acreditada por los agentes que han intervenido como peritos en el juicio. Y pone el foco en los interrogantes “técnicos” que todavía rodean a este tipo de causas que presentan enormes desafíos para la investigación y persecución.

“Todavía no sabemos si se puede embargar un wallet o si, por el contrario, lo que queda decomisado es el ordenador y lo que se embarga es el ordenador”, afirma. Este letrado considera que esta primera sentencia ha supuesto una “oportunidad perdida” para asentar algunos criterios que resultan clave en este tipo de investigaciones, como “la manera en la que deben acreditarse las pruebas y las acreditaciones o qué se va a considerar o no probado por el tribunal”. 

El abogado Francisco Jiménez, socio del despacho Zaballos Abogados y vicepresidente de la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas, que ejerce la acusación popular en varias causas de estafas, también lamenta que en este caso “la recuperación de los activos vaya a ser prácticamente imposible”.

“Las cantidades embargadas son mínimas y lo esperable es que, en el trámite de ejecución de la sentencia una vez sea firme, los condenados se declaren insolventes y ahí se acabe todo”, dice este letrado, que cree que la sentencia sobre Arbistar también pone de manifiesto que las autoridades llegan tarde a la trazabilidad de los wallets y al embargo de los activos, lo que genera impunidad e impide que las víctimas puedan ser resarcidas. 

Jiménez pone el ejemplo de la causa abierta contra el empresario que financió a Alvise Pérez, que está imputado por una estafa con criptomonedas en la Audiencia Nacional y que el pasado agosto denunció un robo a punta de pistola en su domicilio. “¿Cómo es posible que este señor, que lleva casi un año investigado, todavía tenga en su casa lingotes de oro, joyas, relojes y dinero en efectivo? ¿Pero dónde está la Justicia? Con esta sentencia vemos que sale muy barato y lucrativo estafar en España”, sentencia. 

En su última memoria, la Fiscalía General del Estado recomendaba precisamente establecer una unidad dentro de la Audiencia Nacional con “expertos en informática forense, análisis de datos y criptomonedas” que colaboraría con otros organismos nacionales e internacionales para investigar y perseguir este tipo de delitos financieros. También reclamaba reforzar la formación de las fuerzas de seguridad, de jueces, fiscales y magistrados en la investigación de estos delitos, así como implementar medidas para la protección de las víctimas y la recuperación de los daños causados.