El Ayuntamiento de València limita las permutas de la Policía Local tras las denuncias por la compra de plazas

El Ayuntamiento de València congela las permutas de la Policía Local tras las investigaciones de la Agencia Antifraude por un ‘mercado’ de plazas entre agentes de la capital y otros municipios. El organismo autonómico que trabaja en la prevención del fraude y la corrupción lleva años con pesquisas sobre estos procedimientos y ha recibido denuncias por compra-venta de puestos en la Administración, según las cuales agentes de municipios pequeños pagan a veteranos en la capital para intercambiar su plaza.

La Agencia Antifraude, que inicialmente apreció tres delitos en su última investigación, no pudo acreditar el pago por la plaza, aunque concluyó que el acto administrativo no cumplía lo previsto en la ley y debería ser declarado nulo porque uno de los agentes se jubiló inmediatamente después del cambio. Antifraude terminó recomendando que en los acuerdos de permutas se “exterioricen las razones de interés público que aconsejan su utilización o de que no existen razones o necesidades del servicio que la desaconsejen”. El consistorio rechazó abrir una investigación sobre este caso al considerar que, de haberse producido un pago por la plaza entre los dos agentes, sería “un supuesto hecho que supuestamente se ha producido entre particulares”.

Con todo, las investigaciones de Antifraude generaron un gran revuelo en el Cuerpo, los sindicatos y el consistorio que han llevado a un bloqueo en las permutas. En los últimos años, apuntan fuentes policiales, se había producido un aumento notable de esta fórmula, mediante la que policías a punto de jubilarse en la ciudad cambiaban su plaza con agentes más jovenes de otros municipios, agentes con ganas de progresar. Los pagos por las plazas han sido vox populi, apuntan estas fuentes, que deslizan que no se ha dado solo en agentes de base.

El Ayuntamiento de València reconoce en un informe remitido al Síndic de Greuges la paralización de las permutas con carácter general, y apunta que únicamente se tramitarán las permutas que solicitadas por motivos de conciliación de la vida familiar y profesional. En el documento, que viene citado en una resolución del defensor del pueblo, se da cuenta de “las incidencias acaecidas” en el proceso de permutas. El informe, remitido el pasado 2 de julio, es el resultado de la queja de un agente, que acudió al Síndic después de preguntar al consistorio por la tramitación de su permuta y no obtener respuesta.

Según apunta la queja al órgano estatutario, el agente preguntó por el estado de tramitación del procedimiento de concesión de permutas y las causas concretas de su demora. Se presentó al proceso convocado por el Ayuntamiento en enero de 2024 y en el mes de noviembre de ese mismo año dejó de recibir información. El mismo agente apunta que la plantilla municipal fue informada por varios sindicatos de la pendencia de actuaciones investigadoras realizadas por Antifraude y por la solicitud de dictamen al Consell Juridic Consultiu de la Comunitat Valenciana. Según se desprende del texto, el consistorio no volvió a comunicarle ningún trámite.

La queja, que se basa en la falta de respuesta del Ayuntamiento al agente, recuerda al consistorio su deber de dar respuesta a las solicitudes, reclamaciones y/o recursos que presenten los interesados en toda clase de procedimientos. En un escrito posterior, fechado el 12 de septiembre, el Ayuntamiento se compromete a adoptar la resolución de su expediente de permuta, parado desde hace un año.