La jueza envía al banquillo a la pareja de Ayuso por fraude fiscal

El juzgado ha decidido abrir juicio oral contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso por el fraude fiscal de 350.000 euros perpetrado con facturas falsas. En un auto, la magistrada envía al banquillo a Alberto González Amador en una causa en la que la Fiscalía y la Abogacía del Estado piden tres años y nueve meses de cárcel para él. Junto con él, van a juicio los autores de las facturas supuestamente falsas y el empresario mexicano que también participó en el fraude.

La apertura de juicio oral recoge no solo las acusaciones de fraude fiscal y falsedad documental que han condicionado toda la investigación, sino también las que aportan las acusaciones populares de PSOE y Más Madrid: delitos contables e incluso de pertenencia a organización criminal.

Se trata del último paso de la Justicia para sentar a González Amador en el banquillo en un caso que desveló en exclusiva elDiario.es. La Fiscalía denunció al empresario por usar facturas falsas para que sus empresas pagaran menos impuestos y optimizar así los millones de euros que ganó durante la pandemia como comisionista sanitario. Según las acusaciones, usó estas facturas para endosar gastos ficticios a sus empresas y reducir la factura del Impuesto de Sociedades en 2020 y 2021, dejando de pagar 350.000 euros entre ambos años.

La magistrada ya decidió procesar a la pareja de Isabel Díaz Ayuso a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid confirme esta decisión. El empresario, a su vez, está pendiente de una segunda causa judicial. La que investiga su relación con el grupo Quirón y si compró una sociedad de la esposa de un directivo del gigante sanitario como “soborno”, en palabras de la Fiscalía, para seguir teniendo tratos comerciales con ellos.

El auto de apertura de juicio oral recoge que Alberto González Amador se sentará en un banquillo de un juzgado de lo penal. También expone jurisprudencia para apoyar este paso y recoge, precisamente, fragmentos del auto de apertura de juicio oral del juez Ángel Hurtado contra el fiscal general en el Tribunal Supremo.

Fiscalía y Abogacía piden cárcel

Alberto González Amador, los cuatro supuestos ‘factureros’ y sus empresas se sentarán en el banquillo bajo la acusación de la Fiscalía, la Abogacía del Estado en representación de Hacienda y las acusaciones populares de PSOE y Más Madrid. Tanto el Ministerio Público como la Abogacía piden tres años y nueve meses de cárcel para el empresario, repartidos entre los dos delitos fiscales de ambos años, además de una condena económica: mutas que suman 624.000 euros en total.

La Fiscalía y la Abogacía defienden la misma teoría que llevaron a los juzgados en el primer trimestre de 2024, cuando González Amador fue denunciado ante los juzgados de Madrid. Que González Amador usó el sistema de facturas falsas, algunas de ellas por trabajos inexistentes en México o Costa de Marfil, para reducir su factura fiscal de forma drástica.

Las alarmas saltaron en la Inspección de Hacienda cuando se dieron cuenta de que los ingresos de sus empresas se habían multiplicado y su Impuesto de Sociedades, sin embargo, se había reducido. En el caso de PSOE y Más Madrid la petición de condena asciende hasta los cinco años de prisión al incluir el delito de organización criminal.

La estrategia legal de González Amador, por su parte, ha ido variando a lo largo de los últimos dos años. Ante Hacienda, cuando el proceso aún no había llegado a manos de los tribunales, pasó de negar las irregularidades a intentar retirar facturas y, en la práctica, reconocer que sus declaraciones fiscales no eran correctas. Fue poco antes de ser denunciado cuando su abogado, Carlos Neira, se dirigió por escrito a la Fiscalía y la Abogacía para reconocer que “ciertamente” se había cometido dos delitos y fiscales y buscar una conformidad que, en la práctica, evitara el ingreso en prisión de su cliente y cerrara el caso con una condena pero con el menor ruido posible.

Está por ver si de cara a este juicio el empresario retoma sus negociaciones con la Fiscalía para aceptar una condena simbólica de cárcel y sellar el caso con una conformidad o si acude al juicio con intención de defender su inocencia. Este proceso se solapa con la causa abierta contra el fiscal general, precisamente, por la filtración de su confesión de fraude fiscal.