Rapapolvo del Defensor del Pueblo a Almeida por el ruido de Espacio Delicias y su «vulneración de derechos» a los vecinos

Las quejas por el ruido que desde hace años impide vivir tranquilos a cientos de vecinos del barrio madrileño de Delicias han llegado al Defensor del Pueblo. Por primera vez desde que el espacio polivalente comenzó a funcionar en 2022, el organismo, liderado por Ángel Gabilondo, se ha pronunciado sobre el polémico recinto y ha advertido al Ayuntamiento de Madrid de una posible lesión de los derechos fundamentales como consecuencia de la superación de los objetivos de calidad acústica.

En un escrito emitido el pasado 21 de agosto por el defensor público en respuesta a una queja enviada por una vecina del barrio a finales de 2024, Gabilondo reprocha al Gobierno de Almeida la concesión de autorizaciones para el Espacio Ibercaja Delicias que han permitido durante meses superar los límites legales de ruido. Según el dictamen, al que ha tenido acceso este periódico, los residentes han visto vulnerados derechos fundamentales como la salud y la intimidad domiciliaria, además de ser apartados de la participación efectiva en los procesos administrativos como parte interesada. En este sentido, Gabilondo insta a evaluar “la incidencia que dicha decisión pueda tener, para adoptar las medidas necesarias dirigidas a atenuar las molestias y garantizar el descanso de los vecinos”.

El Defensor del Pueblo también critica que a ningún vecino se le permitió participar como parte interesada en los procedimientos administrativos, vulnerando así los derechos reconocidos por los artículos 82 y 83 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común. Esto habría garantizado el derecho a audiencia y la posibilidad de recurrir decisiones que afectan directamente a la comunidad.

Además, no se abrió un período de información pública, lo que, según el dictamen, limita la transparencia y la participación ciudadana, elementos esenciales en un entorno urbano donde las decisiones sobre ocio y eventos afectan a numerosos residentes. “Siendo tantas las personas afectadas por la autorización de la superación de los objetivos de calidad acústica, sería razonable que al menos se sometiera el procedimiento al segundo de esos trámites, y que tampoco pueda negarse automáticamente la legitimación de una persona afectada en potencia que quiere recurrir esa decisión”, indica Gabilondo.

Otro de los puntos cuestionados por el Defensor es la utilización prolongada de licencias temporales. Las autorizaciones, inicialmente concebidas como excepciones eventuales, se han prorrogado de manera continuada durante más de un año, convirtiendo lo excepcional en habitual. Según el escrito, el Ayuntamiento no ha justificado de manera adecuada el interés general que motivaría la superación de los límites de ruido, incumpliendo el principio de proporcionalidad que debe regir este tipo de decisiones y que garantiza que los derechos de la mayoría no se vean afectados de manera injustificada por intereses particulares o por la presión de determinados sectores económicos.

Según explica el portavoz de la plataforma vecinal Delicias Para Tod@s, Manuel Díaz, en conversación con Somos Arganzuela, es la primera vez que un organismo público de carácter estatal respalda las quejas de los vecinos. “El defensor no se limita a analizar los ruidos, sino que va mucho más allá, reconociendo vulneraciones de derechos fundamentales y la dejación de funciones por parte del Ayuntamiento”, subraya. Para los residentes del barrio supone una victoria que Gabilondo confirme lo que llevan denunciando desde hace años: la administración municipal “ha sido cómplice” de LetsGo, la organizadora de eventos que explota el Espacio Delicias, permitido que opere sin cumplir la normativa vigente.

Vecinos de Arganzuela en una concentración contra la privatización del parque Tierno Galván

A pesar de que el Espacio Delicias comenzó a funcionar en 2022, las inspecciones por parte del Ayuntamiento no se llevaron a cabo de manera inmediata. Las primeras visitas llegaron en 2023 y 2024, cuando constataron que el espacio no cumplía la normativa vigente en materia de contaminación acústica, por lo que llegaron a operar durante dos años completos sin respetar los límites establecidos. “El Ayuntamiento ha permitido que se superen los permisos sin tomar medidas efectivas durante todo ese tiempo”, denuncia Díaz, recordando que, mientras tanto, los vecinos sufrían molestias continuadas que afectaban su vida cotidiana y su salud.

La cercanía del recinto con la Residencia de Mayores Ballesol, ubicada en el número 15 de la calle Amaltea, también ha sido señalada como un incumplimiento legal. La instalación se encuentra a menos de 150 metros de la residencia, lo que contraviene lo establecido en el punto 3 del artículo 19 de la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica (OPCAT) y en las prescripciones de la resolución del Director General de Sostenibilidad y Control Ambiental. Este aspecto es especialmente sensible, ya que afecta directamente a personas vulnerables, como los mayores residentes, que se ven expuestos a niveles de ruido perjudiciales, con riesgo de alteraciones del sueño, ansiedad y otros efectos sobre la salud, por lo que el Defensor considera que “la consecuencia del incumplimiento del régimen establecido en la OPCAT no es menor, y no puede ser considerada una cuestión a corregir sin más.

Gabilondo se centra además en los procedimientos administrativos seguidos por el Ayuntamiento. Si bien se llevaron a cabo inspecciones, se levantaron actas y se impusieron medidas correctoras, incluyendo limitadores de sonido, control de generadores y distancia mínima de equipos, estas actuaciones no han sido suficientes para proteger el descanso y la salud de los vecinos. Algunas sanciones se cerraron después del reconocimiento voluntario de responsabilidad y el pago de multas, mientras que en otras ocasiones no se abrió procedimiento al estar los niveles dentro de los límites autorizados, lo que a la vista de la oficina evidencia una aplicación desigual de la normativa y una falta de vigilancia efectiva.

En relación con los recursos presentados por la vecina a la que responde el escrito, el Defensor recuerda que sus quejas fueron inadmitidas bajo el argumento de que no tenía la condición de “interesada” en los procedimientos, a pesar de que su legítimo interés estaba claramente vinculado al impacto acústico en su vivienda y en la comunidad. La jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, citada por el Defensor, establece que las administraciones públicas deben garantizar la protección de derechos fundamentales frente a contaminaciones acústicas, y que los vecinos afectados deben poder participar en los procesos administrativos para asegurar la proporcionalidad y legalidad de las decisiones adoptadas.

Imagen aérea del Espacio Delicias

El Defensor del Pueblo concluye que, aunque formalmente el Ayuntamiento cumplió con los trámites administrativos, de fondo se ha producido una aplicación laxa del régimen excepcional de ruido. La autorización reiterada de superación de límites, sin motivación suficiente ni consideración de entornos sensibles como residencias de mayores, supone una vulneración de los principios de proporcionalidad, temporalidad y participación ciudadana. “La excepción no puede convertirse en la regla general”, enfatiza Gabilondo en el escrito, subrayando que la continuidad de estas prácticas puede sentar precedentes negativos para la gestión de eventos y el respeto a los derechos de los ciudadanos.

El Defensor también establece que la contaminación acústica afecta directamente a derechos constitucionales como la salud (artículo 43 CE), el medio ambiente (artículo 45 CE) y la intimidad domiciliaria (artículo 18 CE), recordando que la jurisprudencia española y europea reconoce la responsabilidad de las administraciones públicas en estos casos. Gabilondo insiste en la necesidad de aplicar criterios de proporcionalidad y motivación suficiente antes de permitir excepciones a los límites de ruido, así como garantizar mecanismos efectivos de participación ciudadana y transparencia.

El portavoz vecinal subraya que estos argumentos servirán para reforzar la batalla judicial abierta con el Ayuntamiento por la modificación de la normativa que prohíbe la privatización del parque Tierno Galván y otras autorizaciones similares, al demostrar que “las actuaciones municipales pueden generar vulneraciones sistemáticas de derechos fundamentales cuando no se aplican criterios de proporcionalidad, justificación y control efectivo”.

Cinco años de polémica y una licencia anulada

El Espacio Delicias lleva generando controversia desde que se puso en funcionamiento en 2022. El último giro en la trama judicial tuvo lugar el pasado mes de enero. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid anuló la licencia que el Ayuntamiento de la capital había concedido al complejo de ocio, al considerar que la actividad desarrollada no podía considerarse temporal. La sentencia atiende al recurso presentado por Ecologistas en Acción, que había denunciado “molestias y ruidos” en el distrito de Arganzuela y cuestionaba la prórroga de la licencia temporal otorgada por el Consistorio en 2022.

El Espacio Delicias lleva operando durante cinco años mediante concesiones sucesivas de licencias temporales. Todo comenzó en 2018, cuando el Ayuntamiento, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y Adif firmaron un protocolo para el desarrollo del uso dotacional de los suelos de la antigua estación, destinado a equipamientos y servicios públicos para los vecinos. Con el paso del tiempo, el Consistorio permitió la instalación de varias carpas sobre soleras de hormigón destinadas a actividades de ocio y espectáculos, que se mantuvieron a través de autorizaciones temporales reiteradas.

La sentencia emitida el pasado mes de enero señalaba que el Ayuntamiento “ha incumplido palmariamente” el plazo máximo de seis meses que establece la normativa para este tipo de licencias temporales, un aspecto que el Defensor del Pueblo reitera en el escrito. El dictamen judicial subrayaba que la concesión sucesiva de permisos “no es acorde con la temporalidad de las mismas y menos con la temporalidad de seis meses”. De hecho, la solicitud de nueva licencia de julio de 2022 ya reconocía que la actividad no podía considerarse temporal, al estar vinculada a expedientes anteriores. Según el juez, esta práctica de prórrogas continuadas vulneraba la normativa vigente sobre temporalidad y convertía en permanente una actividad que debía ser excepcional.

Tanto el Consistorio como LetsGo, la empresa que gestiona el espacio, presentaron un recurso de apelación contra esta sentencia. Por ello, desde Ecologistas en Acción lanzaron un crowdfunding para conseguir la financiación necesaria para afrontar los gastos judiciales y consiguieron llegar el objetivo fijado. La sentencia supuso una importante victoria para el grupo ecologista y los vecinos y podría poner fin a la actividad privada promovida por Adif y permitida por el Ayuntamiento de Madrid desde el año 2020.

Por su parte, los promotores del Espacio Ibercaja Delicias y LetsGo mantienen que la actividad “sigue operando con normalidad” a pesar de la anulación de la licencia. En el último año el recinto ha acogido la exposición Harry Potter: The Exhibition y una experiencia inmersiva de El Juego del Calamar. Actualmente, el espacio se encuentra ocupado por la muestra interactiva Jurassic World: The Experience, que ha ampliado su estancia hasta el 2 de noviembre. Además, también se celebran otros eventos privados para marcas. Por su parte, el Ayuntamiento de la capital tramita una reforma del entorno para facilitar el acceso de los clientes de este espacio de ocio privado.