El Gobierno propone reducir las ratios en las aulas con alumnado con necesidades especiales y en los centros desfavorecidos

El Gobierno ha propuesto este martes a los sindicatos bajar las ratios de alumnos por clase en las aulas y centros a los que acude el alumnado más desfavorecido. El Ministerio de Educación ha presentado a los sindicatos un anteproyecto de ley en el que incluirá tres líneas preferentes de actuación: reducir el número máximo de estudiantes específicamente en las aulas que cuenten con alumnado con necesidades educativas especiales: bajar las ratios en algunos centros concretos “ubicados en zonas de especial complejidad social”; y hacerlo con carácter más general en 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de la ESO, un momento educativo, la transición de Primaria a Secundaria, especialmente delicado para los jóvenes, según ha adelantado El País y confirmado este diario.

De esta manera, y cinco años después de descartar hacerlo cuando aprobó la Lomloe, el departamento que dirige Pilar Alegría hace un guiño a los sindicatos con una de las principales reivindicaciones de las organizaciones de profesores, y específicamente con la línea que venía reivindicando CCOO en los últimos años –centrarse en el alumnado vulnerable–, descartada por el Ejecutivo por considerar la bajada general de las ratios extremadamente cara. Además, el Ejecutivo centra sus esfuerzos en la escuela pública, receptora de la mayoría del alumnado desfavorecido frente a la concertada: las escuelas públicas acogen a tres de cada cuatro estudiantes con necesidades de apoyo educativo.

Los sindicatos han valorado positivamente la propuesta, según ha explicado Teresa Esperabé, secretaria general de Educación de CCOO, que ha exigido al Gobierno que la generalice a todo el alumnado con alguna necesidad de apoyo y que la concrete. En este momento, según figura en el documento que ha compartido Educación, la rebaja de ratios solo aplicaría al alumnado con necesidades educativas especiales (en términos generales, vinculado a algún tipo de discapacidad), pero deja fuera a los que tienen altas capacidades, dificultades de aprendizaje (retrasos madurativos, dislexia, inmigrantes con problemas de idioma) o están en situación de vulnerabilidad social.

Según un informe de CCOO de la semana pasada, en el sistema hay más de un millón de estudiantes que tienen alguna necesidad de apoyo, de los que solo 250.000 entran en la categoría de necesidades especiales que incluye el Gobierno en su propuesta. Tres de cada cuatro se quedarían fuera, por tanto.

También le han exigido los sindicatos al Gobierno que concrete su propuesta. El documento del ministerio no especifica cuánto más va a contar este alumnado a la hora de establecer la ratio. Esto es, CCOO lleva años proponiendo que cuenten doble. Esto es, si en una clase hay un estudiantes con necesidades educativas especiales y la ratio máxima está en 25 alumnos por clase, ese aula tendría como máximo 24. Pero Educación, por el momento, no ha aterrizado la cifra.

En este momento, las ratios máximas están entre ocho y 25 alumnos por clase en Infantil (según el curso), 25 en Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato, aunque en mucha comunidades se han bajado debido a la caída de la natalidad. Además, se dan grandes diferencias entre comunidades y entre centros de una misma comunidad, entre otras variables en función de que sean urbanos o rurales.

Una relación reconocida

“La relación entre las ratios escolares y la calidad del sistema educativo está reconocida por numerosas investigaciones y estudios académicos. En este sentido, la reducción del número de alumnas y alumnos por aula y su impacto en la mejora de la educación es un principio generalmente aceptado del que participan tanto las Administraciones educativas como los agentes sociales”, argumenta el Gobierno en su propuesta.

A partir de este razonamiento, Educación desgrana sus propuestas. Para la reducción de ratios a partir de la presencia del alumnado con necesidades educativas especiales, propone “considerar la inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales en las aulas de centros ordinarios como criterio reductor del número máximo de alumnado establecido en la normativa básica para las diversas enseñanzas”, sin especificar más.

Para la bajada del estudiantado en las clases de “determinados centros”, explica que “la aplicación del principio de equidad a las posibles intervenciones sobre las ratios puede incrementar sus efectos positivos cuando se dirigen al alumnado que presenta dificultades o condiciones desfavorecidas, facilitando su atención más personalizada, contribuyendo a disminuir las tasas de abandono educativo y favoreciendo el éxito escolar”. Para ello, tendrá en cuenta diversos indicadores, como la estadística de promoción, titulación y abandono de los centros, datos de vulnerabilidad urbana o el índice de vulnerabilidad socioeconómica del ministerio. Esta medida afectará a Primaria, la ESO y la Formación Profesional Básica y Media. Queda por determinar “el número de centros en los que intervenir y el profesorado necesario para atender a los posibles incrementos de unidades en las enseñanzas mencionadas, en función de las reducciones de ratios a aplicar y de las disponibilidades presupuestarias iniciales”.

Por último, la reducción de ratios en los cursos de transición entre Primaria y Secundaria, los que plantean más dificultades al alumnado (5º y 6º de Primaria, 1º y 2º de la ESO) y la FP Básica y el Bachillerato, los criterios de aplicación pasan por la “realización de proyectos de centro que incluyan acciones de calidad y planificación estratégica para incrementar el apoyo y la atención individualizada al alumnado, orientados a la mejora de resultados escolares y que, para ello, necesiten incremento de profesorado destinado a reducciones de ratios en sus aulas de las enseñanzas y cursos especificados”, según se lee en el documento.