‘Caso Libia’: el juicio por supuesta financiación ilegal que acorrala a Sarkozy llega a su fin

De todos los procesos judiciales en los que está inmerso Nicolas Sarkozy, el llamado affaire libio es sin duda el más grave. El expresidente francés conocerá este jueves en el Tribunal Correccional de París el veredicto del proceso judicial sobre la presunta financiación de su campaña presidencial de 2007 por parte del régimen de Muamar el Gadafi. Está acusado de haber sellado “un pacto de corrupción” en 2005 con el dictador libio, cuyo régimen habría enviado grandes cantidades de dinero a cambio de contrapartidas financieras, diplomáticas e industriales.

El juicio por “corrupción, encubrimiento de malversación de fondos públicos, financiación ilegal de campaña y asociación ilícita” se celebró en París entre el 6 de enero y el 10 de abril de este año. La fiscalía pide una pena de siete años de prisión contra Sarkozy. Junto al antiguo jefe de Estado francés también fueron juzgados tres de sus exministros, además de varios intermediarios y altos cargos del régimen libio.

La nota de Moussa Koussa

El caso se hizo público en 2012, cuando la web Mediapart desveló una nota de Moussa Koussa, jefe de los servicios de inteligencia exteriores libios, fechada el 10 de diciembre de 2006 y dirigida a Bechir Saleh, director de gabinete de Gadafi y presidente del principal fondo de inversión ligado al Estado libio.

En dicha nota se autorizaba la financiación de la campaña de Nicolas Sarkozy por valor de 50 millones de euros tras una reunión celebrada en Libia el 6 de octubre de 2006 con Brice Hortefeux, estrecho colaborador del expresidente francés y futuro ministro en varios de sus gobiernos.

Para Nicolas Sarkozy y su defensa, se trata de una venganza de exfuncionarios libios y del clan Gadafi por haber liderado la coalición que derrocó al régimen. Apuntan que Koussa ha dado versiones contradictorias sobre la nota y señalan que entre el inicio de la guerra, en febrero de 2011 y la muerte del dictador, en octubre, hubo tiempo de sobra de publicar muchas de las pruebas que hoy faltan a la Justicia.

No obstante, la instrucción habla de “un conjunto de testimonios coincidentes de antiguos dignatarios libios” que atestiguan que Nicolas Sarkozy, “aprovechando” su viaje a Libia en octubre de 2005, solicitó a Muamar el Gadafi un apoyo financiero oculto para la campaña presidencial de 2007.

Después, ya instalado en el Elíseo, Sarkozy visitó Trípoli en viaje oficial el verano de 2007 y poco después recibió en París al líder libio, que se hallaba en plena campaña diplomática para salir del aislamiento internacional y levantar las sanciones que pesaban contra el régimen.

Causas de la intervención

Sin embargo, para 2011, el contexto político había cambiado radicalmente: Nicolas Sarkozy se puso al frente de una coalición internacional para intervenir en una Libia en plena insurrección. La existencia de un pacto de corrupción entre ambos jefes de Estado podría haber sido un factor oculto en la toma de decisiones que llevó a la intervención militar.

“La mejor forma de borrar pruebas comprometedoras es la guerra”, resumía hace unos meses el periodista de Mediapart Fabrice Arfi, coautor también del libro Avec les compliments du guide y del documental Personne Comprend rien. “Las razones por las que entramos en la guerra son falsas. Y no soy yo quien lo dice, es el Parlamento británico”.

Una referencia al informe del comité de Asuntos exteriores británico publicado en 2016 menciona “el propio interés político” como uno de los motores de la intervención y apunta el hecho de que “el presidente Sarkozy y su Gobierno se mostraron muy decididos al respecto desde el principio”.

El caso es especialmente complejo, por la nutrida presencia de intermediarios, la falta de pruebas documentales, la variedad circuitos financieros para que el dinero se moviese de Trípoli a París y las declaraciones contradictorias de algunos testigos.

Sin embargo, la fiscalía y las tres asociaciones anticorrupción que se personaron en la causa (Anticor, Transparency International y Sherpa) insistieron en que “en materia de corrupción no existe la prueba perfecta, pero que el conjunto de indicios graves y concordantes es una prueba”. Y, en este caso “va más allá de los indicios”.

Libreta de notas

Además de la nota de Moussa Koussa y de las acusaciones de miembros de la familia Gadafi, la justicia francesa dispone de una libreta que pertenecía a Shukri Ghanem, ministro del Petróleo libio en esa época, en la que se mencionan varias reuniones con Hortefeux y Claude Guéant –jefe de Gabinete de Sarkozy y futuro ministro– y de envíos de dinero dirigidos al entorno de Nicolas Sarkozy y su partido. Shukri Ghanem fue hallado muerto en Viena en 2012, en circunstancias misteriosas.

Otro de los “indicios” examinados por el tribunal tiene que ver con la exfiltración de Bechir Saleh, el gran tesorero del Estado libio, hacia Francia en el momento de la caída del régimen. Arrestado por una de las facciones de opositores al régimen, se le trasladó a París vía la embajada francesa en Túnez. Poco después, en el momento en que se dictó una orden de arresto internacional contra él, dejó el país rumbo a Sudáfrica. Los jueces creen que el director general de Seguridad Interior de la época, Bernard Squarcini, orquestó la operación.

Una de las piezas centrales es el testimonio de Ziad Takieddine, intermediario libanés, conocido en Francia por su participación en otro escándalo de Estado (el Affaire Karachi). Takieddine forma parte de los acusados y el tribunal sospecha que fue el encargado de orquestar el traslado de fondos. Con el tiempo, Takieddine habría sido sustituido por un segundo intermediario, Alexandre Djouhri.

Los múltiples cambios de versión de Takieddine (los medios franceses estiman que ha dado 16 versiones del caso) y su rencor por Sarkozy son otro de los argumentos de la defensa para pedir la absolución. Takieddine es además protagonista de uno de los episodios más rocambolescos de la instrucción, que a su vez ha dado pie a otra causa judicial. A finales de 2020, el intermediario se retractó de todas sus declaraciones sobre Sarkozy en una entrevista a Paris-Match, solo para después volver a desdecirse.

Soborno de testigos

La justicia francesa cree hoy que recibió la promesa de varios millones de euros por parte de varias personas, entre ellas la llamada reina de los paparazzi de la prensa francesa, Mimi Marchand. Sarkozy también fue imputado en esta investigación por “encubrimiento de soborno de testigos” y “participación en una asociación ilícita con el fin de cometer el delito de estafa judicial en banda organizada”. También fue imputada por los mismos cargos su esposa, Carla Bruni.

Una de las contrapartidas que esperaba el Gobierno libio en el presunto pacto de corrupción es la retirada de cargos internacionales contra Abdallah Al-Senoussi, cuñado de Gadafi y jefe de los Servicios de Inteligencia. Al-Senoussi fue condenado en Francia en 1999 a cadena perpetua, tras el atentado contra el avión DC-10 de la UTA que costó la vida a 170 pasajeros, entre ellos 54 franceses, y pesa sobre él una orden de detención internacional.

Según los jueces, Claude Guéant, mano derecha de Sarkozy, acudió a una reunión privada con Al-Senoussi para abordar la cuestión. Por eso las familias de las víctimas también forman parte de la acusación particular y estuvieron presentes en el tribunal durante las vistas.

“Para las familias [se ha establecido que] hubo un grupo organizado de seis personas que había ideado un plan a fin de disponer de ingresos ocultos, para hacer realidad el sueño de infancia de Nicolas Sarkozy [ser presidente]”, expuso en su alegato Vincent Ollivier, uno de los abogados de las víctimas. “Un grupo que no veía ningún inconveniente en absolver al asesino de sus seres queridos”.

Otra de esas contrapartidas sería el desarrollo acelerado de plantas nucleares en territorio libio. Así se desprende del testimonio de la directora de la multinacional francesa de la energía nuclear Areva, Anne Lauvergeon, que ha relatado presiones para acelerar los contratos.

En la trama, Claude Guéant, mano derecha de Nicolas en el Ministerio del Interior y posteriormente en el Elíseo, desempeñó, según la acusación, “un papel esencial” en la recepción de los fondos, cuya cuantía exacta no se ha podido establecer. Guéant multiplicó los contactos con los intermediarios Takieddine y Djouhri y alquiló una caja fuerte en un banco francés “en la que una persona cabía de pie”. Él afirma que era para guardar documentos y discursos de campaña de Nicolas Sarkozy, los jueces creen que era para almacenar el dinero en efectivo.

Cuadros, paraísos fiscales y efectivo

El tribunal también cree que Guéant se enriqueció personalmente y que recibió 500.000 euros a través de un circuito financiero particularmente complejo, gracias a la intervención de una familia saudí, los Bugshan. Así pudo comprarse un apartamento en el 16º distrito de París, compra que él defiende haber financiado con la venta de dos cuadros de un pintor renacentista holandés, por el que un abogado malayo (al que la Justicia no ha conseguido localizar) habría pagado diez veces más de su valor estimado.

Pese a la dificultad de seguir el rastro de las transacciones, la Fiscalía Nacional Financiera pudo identificar parte de los tres millones de euros prometidos por Senoussi a los colaboradores de Sarkozy, mencionados en una de las libretas de Ghanem. El dinero llegó en enero de 2006, a una de las cuentas bancarias de Ziad Takieddine, que viajaba regularmente a París para reunirse con Hortefeux y Guéant. Una parte fue transferida después a una cuenta en las Bahamas de Thierry Gaubert, antiguo colaborador del expresidente francés.

En el escrito enviado al tribunal, las dos últimas juezas de instrucción que han llevado la causa resumieron la sucesión de dificultades con las que se ha encontrado la Justicia en la década en la que se construyó la causa contra Sarkozy, incluyendo la falta personal dedicado, “el bajísimo nivel de cooperación judicial internacional” y “la falta de voluntad política en Francia”, además de intentos de “manipulación” y “desestabilización”.