Francisco d’Agostino, el plutócrata venezolano que impulsa la tauromaquia en España

Es un hombre maduro, plantado en lo que parece la entrada de una finca ganadera. Viste una camisa azul cielo, bajo la que se intuye una medalla dorada, y unos pantalones claros. Entre el índice y el anular de la mano izquierda aprieta un puro y con las yemas del corazón y el meñique sostiene el móvil que agarra con la diestra. Mira la pantalla a través de unas gafas de pequeños cristales redondos, pero más que mirarla se la muestra a un chico, un adolescente con aspecto aniñado, que también observa, con fijeza, el teléfono. Ese chico se llama Juan Pablo Ramírez. Es malagueño y novillero. Está aprendiendo a matar toros. Por eso mismo, sabe que el señor con el que comparte plano no es un cualquiera. Se llama Francisco d’Agostino y es el personaje en el que terminan todas las pesquisas cuando se intenta responder por qué se han organizado cuatro corridas de toros en apenas cinco meses en Mallorca.

Tres de ellas las ha pagado su sociedad –Balears Cambio de Tercio, la cuenta de Instagram que publicó la fotografía del empresario y el novillero– y, antes de que termine 2025, quiere pagar dos más.

La inversión de D’Agostino pretende resucitar la tauromaquia en una isla donde hace una década estaba prácticamente extinguida. Entonces, apenas se organizaban corridas y era frecuente ver desangelado el tendido del Coliseo Balear, la plaza de toros de Palma. El Parlament balear –con mayoría de centroizquierda– aprobó en 2017 una ley para evitar que los animales sangraran y murieran en las plazas.

Una abolición, de facto, a la tortura pública de las reses. Pero el Tribunal Constitucional –todavía con Mariano Rajoy en La Moncloa– pulverizó el texto poco después de que entrara en vigor. De los toros a la balear quedó apenas un fleco. Los menores de dieciocho años no podrían entrar en los cosos para presenciar el maltrato animal.

Desde de que PP y Vox –la nueva mayoría en la cámara autonómica– tumbaron ese último reducto en 2024, críos y chavales, solos o acompañados, nutren el público que ha llenado las plazas de dos de los pueblos más grandes del interior mallorquín: Inca y Muro. Los centros de operaciones de D’Agostino, propietario de una biografía que permite conectar la dictadura franquista con el régimen chavista.

Los toreros en la plaza de Muro.

De Francisco Franco a Hugo Chávez

Francisco Javier D’Agostino Casado es caraqueño, hijo de española y de italiano emigrado a Venezuela tras la II Guerra Mundial. Aunque desde Balears Cambio de Tercio no concedió a elDiario.es la posibilidad de entrevistarlo para elaborar este perfil, el empresario ha explicado en otros medios que su pasión por los matadores de toros viene desde la niñez. “Desde niño viví rodeado de esto. Cuando me negué a entrar al ruedo en mi primera becerrada tuve que admitir mi miedo en voz alta. Aprendí que la tauromaquia es respeto y cultura. No estoy entrando ahora en este mundo, nací en él”, comentó a El Mundo el pasado julio. Y añadió que, volando por España en su helicóptero (con el que va a visitar a cercanos como el torero Morante de la Puebla, uno de los primeros rostros públicos que pidió el voto para Vox cuando empezó a crecer electoralmente) se ha dado cuenta de las que tres cosas que, según él, tienen en común todos los pueblos españoles: “La iglesia, el campo de fútbol y la plaza de toros”. En el país caribeño del que procede D’Agostino, en cambio, la tauromaquia se va apagando sin que las autoridades decreten su abolición total.

En aquel reportaje de El Mundo, el empresario también explicó cómo Franco D’Agostino Mancinelli, su progenitor, se hizo amigo de Luis Miguel Dominguín. Una figura que, en la España de los sesenta, trascendía, por mucho, el toreo. Pese a casarse dos veces –primero, por lo civil; luego, obligados, por lo religioso– con la actriz italiana Lucia Bosé, Dominguín mantuvo hilo directo con El Pardo. Era ídolo entre ídolos. Por eso, D’Agostino, gracias a Dominguín, acabó cazando con el Generalísimo. Las conexiones permitieron a la familia hispanovenezolana –la madre de D’Agostino es madrileña– trabar relaciones con el círculo más selecto de la dictadura: el de los Martínez-Bordiu, la familia política del Caudillo. La saga que soñó con sucederlo en el poder.

Luis Alfonso de Borbón y Martínez Bordiu no es sólo el bisnieto de Franco (y presidente de honor de la fundación que rinde culto al dictador), el nieto del cardiólogo que fotografió al dictador en su lecho de muerte y el primo segundo de Felipe VI. También es cuñado de Francisco d’Agostino. El hispanovenezolano le presentó al aristócrata –y uno de los pretendientes al desaparecido trono francés– a la hermana de su esposa. Estaban en Sotogrande, Cádiz; epicentro de una de las grandes pasiones de la jet set que se concentra en la costa mediterránea de Andalucía: el polo. El sitio del encuentro no fue, por tanto, casual. El suegro de estos dos cuñados que se conocen desde la infancia ha fundado equipos de este hockey ecuestre en varios países (República Dominicana, Venezuela, España…), y junto a los coches de súper lujo, los barcos y los aviones particulares, es su gran afición. Su nombre, Víctor Vargas Irausquín. Su apodo, el banquero de Hugo Chávez.

Como los maridos de sus hijas, el banquero Vargas conoce los beneficios de un matrimonio ventajoso: los Santaella, el ‘clan’ al que pertenece su mujer, es uno de los apellidos históricos del crédito venezolano. A diferencia de su yerno Luis Alfonso –al que se le conocen tantos vínculos con Vox como fracasos empresariales–, declaraba desde su country de Caracas a The Wall Street Journal, allá por 2008, que la clave de su éxito en las finanzas había sido declararse “agnóstico a nivel político”: “Un empresario tiene que tratar con su gobierno, sin importar lo a la derecha o a la izquierda que esté. (…) La gente dice que tengo un Ferrari, un avión y un yate. Pero no es verdad. Tengo tres aviones, dos yates, seis casas… ¡He sido rico toda mi vida!”. Así explicaba el periódico neoyorquino por qué, junto a otros hombres de banca, Vargas se opuso en 2002 a las huelgas que querían sacar a Chávez del Palacio de Miraflores, enfrentándose a una parte del sector empresarial de Venezuela. La intentona golpista se frustró. Su entidad, el Banco Occidental de Descuento, era un buque insignia.

Después de alcanzar la cúspide, el poder político del banquero Vargas comenzó a declinar. Ser propietario de un piso valorado en 33 millones dólares al estar situado en el número 15 de Central Park West, cogollo de Manhattan, no iba a librarlo de problemas. El País reportó en 2016 –ya con Nicolás Maduro al frente del chavismo– que el Servicio Bolivariano lo había detenido e interrogado por su supuesta conexión con un ciberataque. Tres años más tarde (2019), Panamá intervino AllBank Corp., una de las filiales de su entramado bancario, que tenía sede en el paraíso fiscal de Curazao y donde, precisamente, trabajaba Luis Alfonso de Borbón. Sólo habrían de pasar otros tres años (2022) para que el régimen de Maduro anunciara en la Gaceta Oficial de Venezuela la disolución de la entidad matriz del imperio de Víctor Vargas. Tras siete décadas, el Banco Occidental de Descuento desaparecía. La cronología no parece caprichosa: es aquel período el mismo en el que Francisco d’Agostino comienza a sufrir contratiempos jurídicos que terminan llevándolo a Mallorca y a invertir su fortuna en la tauromaquia.

Un día antes de ceder el despacho oval a Joe Biden, Donald Trump incluyó al yerno del banquero Vargas en una lista negra: la de empresarios que colaboraban con el Partido Socialista Unido de Venezuela. Era el 19 de enero de 2021: las cuentas yanquis de D’Agostino han estado bloqueadas cinco años exactos. Tras la última Navidad, la Oficina de Control de Activos Extranjeros estadounidense perdonó –junto a otras petroleras de origen venezolano– a D’Agostino and Company, como informó el diario mallorquín Última Hora. Los acontecimientos habían girado completamente y, por eso, el empresario y su familia se establecieron en Mallorca, hacia 2021. También en enero, pero del 2024, una orden de la Interpol a requerimiento del régimen de Maduro obligó a las Fuerzas de Seguridad españolas a detener al empresario. Declaró y quedó en libertad, pero se le retiró el pasaporte. La inteligencia de su país natal lo acusaba de un “quebranto económico” de 33 millones de euros a la estatal Petróleos de Venezuela por una operación que movió dos millones de barriles de crudo a China en 2021. La acusación señalaba a D’Agostino, presuntamente, de adulterar facturas y contratos para modificar el valor real de la venta. El método de camuflaje, empresas pantalla.

Todo aquel episodio lo recordaba El Periódico de Catalunya al publicar el final del culebrón: la Audiencia Nacional ha rechazado extraditar a D’Agostino por no encontrar “elementos esenciales que certificaran su relación con el entramado”. “Es una cosa absurda que nunca tuvo ni pies ni cabeza. (…) Es imposible que yo tuviera ninguna relación con el Gobierno de Venezuela porque yo vendí mis acciones de la última empresa que tenía relación con Venezuela a principios de 2017. Es un tema político. Yo tengo una hermana casada con un líder político de la oposición, Henry Ramos Allup [presidente de la Asamblea Nacional venezolana entre 2016 y 2017]. En Venezuela la justicia está politizada”, declaró el empresario. Era 11 de septiembre, jueves. Tres días más tarde vio cómo 4.500 espectadores llenaban la plaza de toros de Muro.

“En una plaza tiene que haber corridas de toros”

“Yo no he tenido relación con Francisco [d’Agostino], hablamos con los abogados para firmar un alquiler. 3.750 euros por diez días, 375 la jornada, efectivamente”. Miquel Porquer Tugores es uno de esos políticos a los que todavía se puede acceder sin necesidad de pasar por un gabinete de prensa. El alcalde de Muro –algo más de 8.000 habitantes– descuelga el teléfono y confirma la cantidad que apuntó la Fundación Franz Weber –uno de los colectivos que protestan por la celebración de espectáculos donde se maltrata a animales en Mallorca–, cuando consideró que se “le regalaba” el uso de la plaza –pública– a Balears Cambio de Tercio. “Es el mismo precio para todo el mundo”, defiende el alcalde. “Lo que no le puedo decir”, añade Porquer, “es si [Balears Cambio de Tercio] se presentará o no a la licitación que sacaremos a concurso”. “Las empresas que lo hagan deberán cumplir una serie de condicionantes, líneas básicas. Que la plaza sea un espacio visitable por cualquier persona, que haya espectáculos culturales… El ayuntamiento se reserva su uso durante treinta días al año”, añade.

–Alcalde, cuando estuvimos en Muro [el pasado 14 de septiembre] notamos división entre los vecinos. Algunos se unieron a los manifestantes que habían ido al pueblo a protestar y estaban en contra de que volviera a celebrarse corridas de toros ocho años después de la última.

–¿División? Si la plaza se llenó con 4.500 personas, 2.000 eran de Muro. Las entradas que se vendieron a pie de calle entre la tercera edad y los jóvenes se agotaron en menos de una semana. [El de la tauromaquia] es un debate en el que ni entro ni salgo. Tenemos una plaza de toros y allí se tienen que organizar [corridas de] toros. También se hace un correfoc dentro de la plaza y van trescientas personas. ¿El pueblo está a favor o en contra de un correfoc? No lo sé.

Al acabar la conversación, el alcalde recibirá un mensaje preguntándole si estuvo en la corrida organizada por Francisco D’Agostino y llamará por teléfono para contestar: “Sí, fui”.

Aspecto del tendido en Muro.

Peineta de una taurina dedicada a los animalistas que protestaban a pocos metros de la plaza.

Vox apoya al venezolano

Cabeza visible de El PI, la coalición que tomó el relevo de Unió Mallorquina tras su derrumbe a causa de la corrupción, el alcalde murense representa las dudas internas de una formación que, en 2017, cuando tenía diputados en el Parlament, dio apoyo parcial a la ley de toros a la balear. “Que yo sepa, en ninguna de las ejecutivas en las que he estado se ha dado alguna directriz sobre la tauromaquia”, detalla Porquer. La posición de los insularistas, también democristianos, recuerda a la libertad de voto con la que contaron los miembros de Convergència i Unió cuando se votó la abolición de las corridas de toros en Catalunya (a la vez que se protegían los bous al carrer). La diferencia es que, al contrario de la fuerza que tenía CiU hace quince años en el hemiciclo catalán, el peso de El PI en la política autonómica del archipiélago es mínimo. No así el de Vox.

Pese a sus luchas intestinas y sus escisiones, sigue siendo clave para acelerar o frenar las decisiones que tome la presidenta Marga Prohens, del PP. Y para imponer algunos puntos de su agenda. Los ultraderechistas son el principal baluarte político del retorno de la tauromaquia que impulsa económicamente Balears Cambio de Tercio. A Jorge Campos, ex líder autonómico y diputado en el Congreso, o Toni Gili, conseller insular y autor de una frase que acaparó portadas (“Es tan inmoral gastar dinero público en catalán como en putas y cocaína”), se les ha visto en los eventos patrocinados por Francisco d’Agostino, varias filas por encima de un empresario que prefiere permanecer en el burladero.

Gracias a su relación con toreros como Javier Conde –marido de Estrella Morente, quien ha actuado en la plaza de toros de Inca este verano– o Enrique Ponce –como Luis Alfonso de Borbón, también cercano a Santiago Abascal–, el venezolano apuesta por abrir una escuela de novilleros en Mallorca y ampliar en duración y cantidad la temporada taurina. En la isla que le sirve de residencia, D’Agostino quiere soñar en grande mirando hacia Sevilla. A Inca, en abril, trajo miuras desde Lora del Río. En Muro, en septiembre, albero desde Carmona, y empleó operarios para que pintaran el exterior e interior de la plaza, instalaran baños portátiles, renovaran cubiertas, restauraran barreras, adecuaran chiqueros y jardineras, reforzaran estructuras. Un lavado de cara en toda regla a compensar con la taquilla. Según fuentes del Govern balear y el Consell de Mallorca, Balears Cambio de Tercio no recibe ayudas ni subvenciones culturales, pese a que un festival taurino en la isla puede costar, de acuerdo a lo que explicaba en Última Hora la anterior gestora de la plaza de Inca, “unos 20.000 euros sólo en viajes y hoteles”. “La tauromaquia aquí tiene raíces, solo hay que saber sembrar bien”, dijo recientemente el empresario en el portal taurino Cultoro.

Enrique Ponce junto a Marco Pérez, menor de edad todavía y ya matador de toros profesional.

Esa fe llevó a D’Agostino, también este verano, a intentar quedarse con la joya de la corona: ofreció 5 millones de euros por la propiedad del Coliseo Balear y la plaza de Jerez de la Frontera. Ambos recintos están en manos de los Balañá, una familia catalana, dueña de un imperio que, desde la tauromaquia –en Mallorca también poseyeron el coso de Felanitx–, saltó a los teatros y las salas de cine. Aunque, por el momento, no le vendan el impresionante coso de arquitectura neomudéjar, un solar inmenso enclavado en pleno ensanche de Palma, D’Agostino no se da por vencido. Lo suyo son los pulsos maratonianos.

El último se lo ha ganado a Manuel March Cencillo, nieto de Joan March Ordinas, el banquero que financió el golpe de Estado contra la II República. El empresario taurino reclamaba 3 millones de euros al nieto del fundador de la banca que lleva por nombre el apellido familiar. El origen del pleito era la cancelación de un contrato de compraventa por Son Galceran. Se firmó para traspasar una finca mallorquina que está situada en el idílico municipio de Valldemossa, en el corazón de la Serra de Tramuntana. Su precio, 8 millones de euros. Una sociedad en la que participa D’Agostino abonó un primer pago. March Cencillo, entonces, cambió de planes: la mansión y sus terrenos –que habían pertenecido al archiduque austríaco Luis Salvador de Habsburgo– se revendieron por 10 millones a otro comprador. Una decisión que le ha salido a pagar. En junio, un juzgado de Madrid decretó el embargo de los bienes del vendedor para cubrir la cantidad millonaria que reclamaba D’Agostino.