La Fiscalía enseña a Alvise el camino al banquillo por financiación ilegal y pide retirar su inmunidad parlamentaria

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que ponga en marcha los mecanismos necesarios para que Luis ‘Alvise’ Pérez pierda su inmunidad de eurodiputado y pueda ser juzgado por financiar ilegalmente su candidatura electoral. Según ha podido comprobar elDiario.es, el Ministerio Público se ha sumado al resto de acusaciones y ha pedido al juez Julián Sánchez Melgar que emita un suplicatorio para tumbar la protección del Parlamento Europeo, al entender que estos meses de investigación “han confirmado sobradamente las iniciales sospechas” que llevaron a la apertura de una causa por haber cobrado 100.000 euros en efectivo de un empresario de las criptomonedas durante la última campaña electoral europea.

El Tribunal Supremo decidió abrir la causa por financiación ilegal contra el líder de ‘Se Acabó La Fiesta’ el pasado abril. Tal y como reveló en exclusiva elDiario.es, el entonces agitador ultra contactó con Álvaro Romillo, empresario del sector de las criptomonedas apodado ‘CryptoSpain’, para colaborar y finalmente obtener dinero de cara a las elecciones europeas de 2024. Un día antes de lanzarse a la carretera y empezar su campaña, Alvise acudió a las oficinas de una empresa de Romillo y recogió 100.000 euros en efectivo.

Romillo, también imputado en esta causa e investigado en la Audiencia Nacional por la quiebra de su fallido club de inversiones, ha reconocido que entregó el dinero y el propio Alvise lo confesó en su declaración judicial voluntaria del pasado mes de julio. Según su versión, el dinero no era para financiar la candidatura en la que consiguió casi 800.000 votos y tres escaños en Bruselas, sino para “capitalizarse a nivel personal” por el sorteo de su sueldo que prometió a sus seguidores y votantes.

El juez del Supremo preguntó a las partes si había llegado el momento de dar un paso más y la Fiscalía ha contestado que el Parlamento Europeo debe retirar su inmunidad para, en su caso, poder sentarle en el banquillo en Madrid. El Ministerio Público deja claro que no ha quedado convencido con las explicaciones de Alvise y explica que las “iniciales sospechas” que llevaron a abrir el caso se han transformado en “indicios racionales de criminalidad”, lo que aumenta su “potencia incriminatoria”.

En medio año de diligencias la Policía ha concluido en un informe que Alvise recibió esos 100.000 euros en efectivo para financiar su campaña y no por otros motivos esgrimidos por el agitador, que ha pasado de afirmar que era dinero cobrado por “trabajos” como “autónomo” a decir ahora que era para hacer frente al sorteo de su sueldo. La “motivación subyacente” de esta entrega de dinero, dice la Policía, era “financiar parte de la campaña electoral”.

La Fiscalía destaca que Alvise cobró ese dinero en efectivo “con el objeto de financiar su campaña electoral a las elecciones al Parlamento Europeo del año 2024”, mientras Romillo abría wallets [monederos digitales donde están las criptomonedas] para que sus seguidores pudieran hacer donaciones en criptomonedas. Lo hizo, además, “ocultando a las autoridades encargadas de supervisar los gastos electorales la existencia de tal donación”. Según las acusaciones que pesan sobre él, ‘Se Acabó La Fiesta’ nunca explicó al Tribunal de Cuentas de dónde sacaba el dinero para financiar la candidatura.

El fiscal encargado del caso entiende que Alvise se puede enfrentar a varios delitos de financiación ilegal al infringir la normativa que regula el dinero que pueden recibir los partidos políticos, expuesto a condenas de hasta cuatro años de cárcel en los casos más graves. El Ministerio Público añade que el juez debe emitir el suplicatorio para que el Parlamento Europeo retire su inmunidad y así, llegado el caso, poder sentarle en el banquillo.

Un “extra” de 100.000 euros en una “maleta negra”

En su comparecencia voluntaria ante el Supremo, el eurodiputado y líder de ‘Se Acabó La Fiesta’ reconoció que había cobrado ese dinero en efectivo, pero negó que fuera destinado a financiar su campaña. Después de unos primeros meses en los que aseguró que el dinero era un pago “como autónomo y sin facturas” por servicios prestados a Romillo y sus empresas, ante el juez añadió que necesitaba el dinero para hacer frente a su promesa de sortear su sueldo mensual de eurodiputado.

Alvise explicó que recogió el dinero en una “maleta de deporte negra” y que el objetivo era sufragar gastos personales como “cenas con fuentes de información” o reuniones con “personas afines”. “Tengo tres vidas diferentes. Como eurodiputado, y ahí utilizo las dietas, cuando estoy con el partido y utilizo el dinero del partido, y cuando tengo que hacer viajes personales, que utilizo mi dinero privado”, dijo en el alto tribunal.

El juez preguntó varias veces a Alvise si había presentado su contabilidad al Tribunal de Cuentas, encargado de fiscalizar las candidaturas y sus finanzas, momento en el que el eurodiputado descargó la responsabilidad en una empresa a la que, asegura, contrató para hacer ese trabajo. “La agrupación de electores ‘Se Acabó la Fiesta (SALF)’ no ha presentado la contabilidad electoral”, dice este organismo en su último informe.

La causa por financiación ilegal es una de las múltiples imputaciones a las que se enfrenta Luis ‘Alvise’ Pérez, la mayor parte relacionadas con su actividad como agitador ultra en sus redes sociales, donde acumula cientos de miles de seguidores. Está investigado por difundir una falsa prueba PCR de Salvador Illa y por incitar al hostigamiento contra la fiscal valenciana Susana Gisbert, mientras los jueces han rechazado una nueva imputación por difundir los rostros de decenas de detenidos en la Aste Nagusia de Bilbao en 2023.