Un centenar de organizaciones firman un manifiesto contra «los 50 años de impunidad» tras la muerte de Franco

Medidas legislativas para “poner fin a la impunidad” de los crímenes franquistas. Es la petición que han lanzado las más de 100 organizaciones firmantes de un manifiesto que han presentado este miércoles a los partidos políticos en el Congreso. Aprovechando que este año se cumple medio siglo de la muerte de Franco y de los últimos fusilamientos que ordenó una semana como esta pero de 1975, el texto denuncia que “el poder se mantuvo en las mismas manos sin depuración”, el mismo, asegura, que “construyó un muro de impunidad” frente a los fusilamientos, las detenciones, la tortura, el trabajo forzado o las desapariciones durante más de 40 años de dictadura.

“El sistema de impunidad construido por los tres poderes del Estado tras la muerte de Franco se ha mantenido básicamente hasta hoy en día”, sostienen los firmantes, que hacen referencia al mantenimiento de la Ley de Amnistía o la Ley de Secretos Oficiales, de la que actualmente el Congreso tramita una reforma. También apuntan a que las políticas de memoria histórica están “más orientadas a reconocimientos institucionales” que a “facilitar el acceso a la justicia” y censuran que el poder judicial “se niegue reiteradamente a investigar y enjuiciar los crímenes contra la humanidad cometidos” durante el franquismo.

El manifiesto, impulsado por la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), lo rubrican entidades memorialistas y de derechos humanos como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de varias localidades, la de Memoria Militar Democrática o La Comuna, a las que se suman sindicatos, entre ellos CCOO y UGT. A la presentación del texto en las escalinatas del Congreso han acudido representantes de ERC, Sumar, Bildu, Podemos y el BNG.

Varios representantes de los partidos políticos con miembros de organizaciones firmantes.

“Seguir manteniendo políticas de impunidad que impiden la investigación de los crímenes franquistas resulta incompatible con políticas de regeneración democrática”, reza el texto, que pone sobre la mesa “la inadmisión” de 115 querellas presentadas en España por este tipo de hechos en los últimos años. Este ha sido el modus operandi habitual, hasta el punto que la única causa penal abierta contra el franquismo que ha permanecido viva ha sido la argentina. Sin embargo, este verano una jueza de Elda (Alicante) imputó al exministro Rodolfo Martín Villa junto a un policía por la muerte en 1976 de Teófilo del Valle. Si nada cambia, ambos tendrán que declarar el próximo noviembre.

La citación es una insólita grieta en el muro de impunidad que denuncian las organizaciones porque “sistemáticamente” las querellas son “desestimadas” con argumentos como la Ley de Amnistía, la prescripción de los delitos y el principio de legalidad. Una triada que en la práctica ha impedido que los responsables de alguno de aquellos hechos se sienten en el banquillo. “Ni el Gobierno ni Congreso han promovido reformas legales que permitan superar el actual marco de impunidad. Además, el Tribunal Constitucional ha establecido recientemente que la vigente Ley de Memoria Democrática no habilita a los jueces para investigar estos crímenes”, añaden desde CEAQUA.

Por ello, las organizaciones firmantes hacen un llamamiento a los partidos políticos, a los que reclaman entre otras cosas la modificación de la Ley de Amnistía de 1977 o la modificación del Código Penal para introducir el principio de legalidad internacional, algo que ha sido rechazado en el Congreso en varias ocasiones. Por otro lado, frente al recelo que entre historiadores y asociaciones produjo la nueva Ley de Secretos Oficiales presentada por el Gobierno, piden una “acorde a los principios democráticos de transparencia” y también una censo sobre violaciones de derechos humanos en el franquismo.