Tu juez, mi juez, nuestro juez

El 15M y la revolución social después de que la crisis tuviera que ser sostenida con recortes sociales a trabajadores, ciudadanos e hipotecados sacó a la luz una nueva conciencia colectiva: las instituciones que habían sido sacras y opacas debían de empezar a rendir cuentas y a abrirse a los gobernados, que eran sus legítimos ‘propietarios’. Los partidos políticos y sus miembros siempre habían estado en la diana de los partidos de enfrente y los votantes. Pero había rincones sin tocar, persianas bajadas, cajas sin desprecintar donde la luz pública y las linternas no solían transitar.

Por delante de todos, la Monarquía –cuatro años después de aquellas plazas repletas y los nuevos partidos acabaría abdicando, de escándalo en escándalo, Juan Carlos I–. También la banca fue dada la vuelta por el tsunami de la indignación –hoy se les exigen más garantías y se revocaron en los tribunales cláusulas abusivas–. Las universidades, cuyo funcionamiento a veces endogámico había quedado al margen del interés público, empezaron a tener que dar más explicaciones –el caso de los plagios del rector de la URJC, como precuela de los abusos en el Caso Cifuentes, es prueba de ello–.

Sola, y atrincherada bajo los sacos de arena protectores que da un funcionamiento complejo con un lenguaje complejo, se quedó la justicia española. Hasta hace unos años, que se empezó a poder hablar de sentencias cojas o una justicia imperfecta, algo que ningún miembro de ningún partido tradicional se atrevía a hacer (“respeto a las decisiones judiciales” era la muletilla para todo, fueran cuales fueran). Uno de los aldabonazos sociales más sonoros, la sentencia de la manada que sacó a la calle a miles de personas. La justicia, sus carencias materiales o procederes mejorables, empezó a ser un fijo de la agenda mediática.

Más de una década después de aquel 15M, la justicia no solo ha sido escrutada, sino que gobierna las agendas con brocha gorda. Los discursos deberían contemplar la escala de graves y agudos: no es lo mismo el caso Koldo que la instrucción racimo del juez Peinado; las evidencias sonoras de Cerdán o las mordidas de Montoro que un auto basado en un informe que entra en contradicción con cinco testigos; la evidente colocación de amigas de Ábalos en plazas públicas o el espionaje de Kitchen que unos correos de Begoña Gómez. Pero ya da igual que sea o no lo mismo. La oposición, en lugar de trabajar propuestas y argumentarios, ha abrazado la justicia como salvavidas unívoco para llegar a la Moncloa, olvidando que la legitimidad se obtiene por méritos propios y no esperando los deméritos ajenos. Utiliza la justicia mientras critica que se instrumentalice la justicia. El Gobierno agarra con fuerza los casos del PP que puede y surfea la ola de casos propios tratando de evidenciar que una cosa es el grano (caso Cerdán, admitido desde el primer momento) y otra la paja (lo demás). Mientras, se imparte al país un máster en autos, instrucciones y siglas como la UCO.

Siendo los gobiernos poderosos, hay que admitir que algunos jueces tienen un botón nuclear y pueden cambiar la historia y los protagonismos de este país. Por ejemplo, la sentencia del caso Correa abonó la moción de censura de Pedro Sánchez. Pablo Casado pudo liderar el PP porque el Supremo consideró que no debía ser investigado por el caso Máster. Cataluña cambió de líderes porque una sentencia judicial –con recorrido aún en Europa– condenó a sus políticos independentistas. Los casos de corrupción, como Kitchen o Koldo, tienen una total incidencia sobre las expectativas de voto o las encuestas, sobre la supervivencia de líderes políticos o su abrasión en la hoguera. En definitiva, la justicia puede ser imparcial, pero no es tonta y sabe de su importancia.

Tanto Kitchen como el caso Koldo o el presunto fraude de González Amador, por poner tres ejemplos, tienen indicios legibles o ‘escuchables’ por el gran público en forma de grabaciones, mails o conversaciones de whatsapp. Hay casos más débiles, y el problema es que para saber si un juez se está deslizando por la vertiente política o no, habría que estar dentro de la cabeza del juez, si se pretende saber si le mueve un interés casual o definido. Hay casos en que la duda deja paso al asombro incluso de juristas y de instancias judiciales superiores, como el del juez Peinado en la causa de Begoña Gómez, a la que ha investigado por todo lo que se podía a la vez y en todas partes.

Las instituciones de gobierno de los jueces (CGPJ) se caracterizan –como los del deporte o tantos otros– por ser corporativistas (en el mal sentido de la palabra), lentos y por atascarse en las críticas de oficio, dejando así campar a sus anchas el descrédito o la desconfianza, olvidando que todos los colectivos –también los periodistas, claro– somos corresponsables de la salud de nuestro oficio, por acción u omisión.

Queda lejos, pero cabe recordar que todo esto subió de tono con la amnistía (“el que pueda hacer, que haga”). Hubo manifestaciones y comunicados de jueces por la aprobación de esta ley cuando ni siquiera existía. Y protestas a las puertas de los juzgados por una iniciativa votada en el Congreso. El juez García-Castellón descubrió que Puigdemont podía ser un terrorista en la causa de tsunami democràtic justamente cuando fue oportuno para que no se le aplicara esa ley. También ha habido jueces que se han burlado de la exministra Irene Montero en charlas porque había sido cajera de supermercado. La asociación conservadora y mayoritaria de jueces han recriminado las críticas cada vez más constantes del gobierno a “jueces que hacen política”, pero no las del jefe de gabinete de Ayuso a la jueza que manda a su novio a juicio, a la que presentó como “hermanita” al servicio de Sánchez.

Mientras todo esto pasa, la mayoría de jueces de base hacen su trabajo como pueden, con menos ayuda y tiempo del que se necesita para tener una justicia realmente justa.