El fiscal general pide la absolución al Supremo y apunta a una «operación orquestada» del entorno de Ayuso

El fiscal general del Estado ha presentado un escrito en el que solicita al Tribunal Supremo su absolución en el caso de la filtración de la confesión de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Un documento en el que Álvaro García Ortiz repasa casi un año de investigación para concluir que no hay pruebas que le vinculen con esa publicación: para cuando conoció ese correo, varias personas, sobre todo periodistas, ya habían tenido acceso a su contenido. Si la Fiscalía recopiló toda la información sobre esa causa de fraude fiscal, añade, fue para contrarrestar la “operación perfectamente orquestada” del entorno de la presidenta madrileña y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, que puso bulos en circulación para “desviar el foco”.

La causa que arrancó hace casi un año será llevada a juicio ante la Sala de lo Penal a finales de noviembre con el fiscal general en el banquillo acusado de filtrar a la prensa un email en el que el abogado de Alberto González Amador reconocía el fraude fiscal de su cliente y ofrecía un pacto a la Fiscalía. Una confesión que trascendió a la prensa en la noche del 13 de marzo mientras Isabel Díaz Ayuso, comparecencia tras comparecencia, afirmaba que todo el caso era una operación de Estado contra su pareja.

El magistrado Ángel Hurtado, después de que la Sala de Apelaciones acotara su auto de procesamiento, abrió juicio oral contra el fiscal general, dejando un relato en el que García Ortiz filtró a la prensa ese correo para perjudicar al empresario. Ahora la Abogacía del Estado contraataca con un escrito de defensa que dibuja una historia distinta: ese email estuvo a disposición de mucha más gente, no hay ninguna prueba de que él se lo filtrase a un solo periodista y, para cuando tuvo todos los datos encima de su mesa, esa confesión ya circulaba por algunas de las principales redacciones del país.

García Ortiz relata cómo en la Fiscalía nadie sabía que la pareja de Isabel Díaz Ayuso había sido denunciada por defraudar 350.000 euros. Y explica que el correo del abogado Carlos Neira reconociendo que “ciertamente” el empresario había cometido dos delitos fiscales estuvo en manos de mucha gente desde que fue enviado el 2 de febrero de 2024. Llegó a una cuenta genérica de la Fiscalía de Delitos Económicos al que “tienen acceso 16 personas”, además de ser enviado a un Abogado del Estado, semanas antes de ser denunciado, buscando una salida silenciosa al caso.

“Carlos Neira rompía así, unilateralmente, cualquier supuesta confidencialidad del correo electrónico”, dice el fiscal general. Y esa confidencialidad, añade, se siguió rompiendo cuando Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, estuvo en contacto con el empresario, consiguió un correo del fiscal del caso y lo difundió entre la prensa junto con un bulo para, dice, “desviar el foco de la información publicada por elDiario.es y acusar a la Fiscalía de perseguir por motivos políticos a la pareja de la Presidenta de la Comunidad de Madrid”.

La investigación ha demostrado que en la mañana del 12 de marzo de 2024, pocas horas después de que este periódico desvelara que la Fiscalía había denunciado a Alberto González Amador por fraude fiscal, el empresario remitió a Miguel Ángel Rodríguez un correo del fiscal Julián Salto que reflejaba la existencia de esas negociaciones. “Se rompió de nuevo la hipotética confidencialidad de las conversaciones entre abogado y Fiscal para alcanzar una conformidad”, alega García Ortiz. Más aún, prosigue, cuando en la tarde del día siguiente el jefe de gabinete de la presidenta regional difundió entre decenas de medios uno de esos correos y una versión falsa del caso: que la cúpula de la Fiscalía había truncado un posible pacto de conformidad.

Miguel Ángel Rodríguez, explica el fiscal general, “diseñó y ejecutó una estrategia consistente en construir y difundir un relato alternativo”. Una “persecución política” contra Ayuso ejecutada entre Hacienda y la Fiscalía. “Acciones coordinadas” entre las declaraciones de la propia Ayuso, que llegó a cuestionar la “honestidad” de la fiscal provincial de Madrid, y las filtraciones de Miguel Ángel Rodríguez. Fue entonces, a última hora de la tarde del 13 de marzo de 2024, cuando el fiscal general y sus colaboradores empezaron a recopilar toda la información de unas negociaciones que, hasta entonces, desconocían.

Una “campaña de desinformación” contra la Fiscalía

El escrito de defensa del fiscal general repasa todas las pruebas y diligencias que el juez Hurtado ha considerado irrelevantes en los últimos meses. Desde el papel que jugó Miguel Ángel Ramírez y el entorno de González Amador para difundir información con elementos “radicalmente falsos” de su caso, hasta los periodistas que han explicado en el Supremo que conocían estas negociaciones antes de que los documentos llegaran a manos de García Ortiz esa noche.

Esa noche “cundió primero el desconcierto y después la preocupación” en la Fiscalía y García Ortiz, con el visto bueno de sus colaboradores, activó el mecanismo de dación de cuentas para que el fiscal Julián Salto, que estaba en un partido de fútbol, remitiera esos correos a sus superiores. El objetivo, añade, era emitir un comunicado al día siguiente para hacer frente a esa “campaña de desinformación”. “Ese procedimiento operativo de dación de cuenta para los asuntos con posible transcendencia pública es el procedimiento que se sigue habitualmente”, explica.

La Fiscalía recopiló la información mientras periodistas y medios de comunicación intentaban hacer lo mismo. Varias publicaciones afirmaban falsamente que el Ministerio Público había ofrecido un pacto al empresario, cancelado por indicaciones de la cúpula fiscal, cuando la realidad era la contraria. “Se suscitó un gran interés informativo que impulsó a todos los medios de comunicación a una intensa actividad investigadora, fruto de la cual algunos de ellos lograron obtener de sus fuentes y publicar el correo”, explica García Ortiz. Pero él, continúa en el escrito, no habló con ningún periodista ni filtró ese correo.

Varios periodistas declararon haber tenido acceso a ese email antes, algunos en horas muy similares al fiscal general. Eso, alega la Abogacía del Estado, no implica que él fuera el origen de la filtración. “Si ambos hechos están próximos en el tiempo es porque los dos tuvieron una misma causa desencadenante, que fue la puesta en marcha desde la Comunidad de Madrid de una serie de acciones coordinadas de comunicación” para proteger a González Amador ante la opinión pública a través de un bulo. “La obtención del correo por algunos periodistas y el conocimiento del mismo por el fiscal general tienen que estar próximos en el tiempo”.

El comunicado que la Fiscalía publicó al día siguiente, en el que sí intervino activamente, tampoco constituye un delito de revelación de secretos según el fiscal general. “Todos los datos que se incluyeron en la nota eran ciertos y necesarios para desmentir las imputaciones de actuación irregular y ya se habían difundido y eran de público conocimiento”. Todos estos pasos, añade, se hicieron “en el legítimo ejercicio de sus competencias” y, además, los abogados de González Amador siguieron negociando “durante meses” una posible conformidad. Un González Amador que, tal y como ha dicho la Sala de lo Civil del Supremo, era por entonces ya un personaje público.