Nuevo revés a Airbnb: la Justicia confirma el bloqueo de 35.000 anuncios ilegales

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado un recurso de Airbnb, a cuenta de 34.728 de los 65.000 anuncios ilegales de pisos turísticos que el Ministerio de Consumo había ordenado retirar. Aunque el pronunciamiento judicial llega después de que la plataforma aceptase bloquear todas las páginas que no cumplían con los requisitos y la normativa, supone un segundo varapalo para la compañía, que no había retirado este recurso ante el TSJM.

El conflicto entre Airbnb y el Ministerio de Consumo viene de lejos. El departamento que dirige Pablo Bustinduy abrió en diciembre un expediente sancionador a la plataforma por negarse a eliminar 65.000 anuncios de pisos turísticos sin licencia, una práctica considerada como una infracción grave, con sanciones de hasta 100.000 euros o entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido por la misma.

Estos miles de anuncios venían en tres paquetes. Airbnb recurrió la primera tanda, de 5.800 viviendas, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que respaldó las actuaciones de Consumo primero y rechazó un segundo recurso de la plataforma después. Entre medias, la compañía recurrió una segunda tanda, de 34.000 anuncios.

Pese a que Airbnb pactó en junio con el Ministerio de Vivienda retirar los 65.000 anuncios de pisos turísticos ilegales, la plataforma mantuvo abierta la vía judicial con Consumo. De hecho, pese al cambio de estrategia de la compañía, que pasó de negarse a bloquear esas páginas, al margen de este proceso, este Ministerio continúa con el expediente sancionador iniciado en marcha. Ya entonces, desde el equipo de Bustinduy trasladaban que la retirada de estos anuncios había sido “instada por los tribunales” y que, en ningún caso, afectaba “a los procedimiento que puedan estar abiertos” porque “se trataría de hechos anteriores”.

En concreto, la Dirección General de Consumo identificó tres supuestas ilegalidades: no incluir el número de licencia o registro en los anuncios, un requisito en varias normativas autonómica y que suponía la infracción más común; incorporar número de licencia que no corresponden con los expedidos por las autoridades; o no indicar la naturaleza jurídica de los arrendadores, una práctica que puede inducir a error respecto a los derechos como consumidor de quien contrata el servicio.

Desde Consumo celebran que “la justicia vuelve a respaldar” sus resoluciones y defienden que estas actuaciones se enmarcan el objetivo fijado por el ministro de “contribuir a atajar la crisis de la vivienda en España, uno de los principales problemas del país”.