Un juez en activo arropa la plataforma de Espinosa de los Monteros y pide «osadía» contra reformas del Gobierno

La puesta de largo de Atenea, el ‘think tank’ del exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros, reunió en Madrid a diversas personalidades vinculadas a la derecha del PP, la extrema derecha de Vox e incluso a personas como el empresario imputado Víctor de Aldama y el líder ultra de Desokupa. Uno de los puntos centrales del evento fue una mesa redonda sobre Justicia y en ella participó, junto con la abogada de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, un magistrado en activo: Luis Sanz, integrante de una de las secciones de lo civil de la Audiencia Provincial de Madrid, que pidió “osadía” contra las medidas del Gobierno, desde la amnistía hasta reformas legales de la Justicia, que según él contribuyen a “destruir el Estado de Derecho” en España.

Sanz es magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid desde hace siete años, en una de las secciones encargadas de tramitar asuntos del orden civil: demandas de honor y pleitos económicos entre particulares, empresas o con bancos entre otros muchos asuntos. En los últimos años ha intensificado su presencia en tertulias y programas de medios de comunicación, sobre todo esRadio, en calidad de vicepresidente de la ‘Plataforma Cívica por la Independencia Judicial’, mostrándose en contra de distintas medidas e iniciativas del ejecutivo relativas a los tribunales: desde los indultos y la amnistía hasta las reformas del sistema de oposiciones a la carrera judicial pasando por las denuncias de ‘lawfare’.

Este jueves formó parte de una mesa de debate previa al discurso inaugural de Espinosa de los Monteros del nuevo ‘think tank’ que busca ser una referencia ideológica de la derecha conservadora española a modo de puente entre PP y Vox. Según afirmó el presentador del evento, un avance de su “primer paper” sobre “la recuperación de nuestro Estado de Derecho”. Con el magistrado Sanz y con Guadalupe Sánchez, abogada que entre otros pleitos representa al rey emérito, Juan Carlos I, en su demanda de 50.000 euros contra Miguel Ángel Revilla, pero también a la pareja de Isabel Díaz Ayuso en sus pleitos de honor, por ahora fallidos, contra políticos y periodistas que se han referido a él como “defraudador confeso”.

Para este juez de la Audiencia de Madrid hay “dos formas” de “destruir el Estado de Derecho”. Una primera “a través de un golpe de Estado o revolución” y una segunda “lentamente, usando los instrumentos del Estado de Derecho para hacerlo pedazos, despacito, sin que se note y por la puerta de atrás”. Esto, según dijo el magistrado es de lo que “estamos viendo señales en nuestro país”. Apuntó tanto a “la obtención de la investidura” de Pedro Sánchez con los indultos, las reformas de la malversación y la sedición, y finalmente la ley de amnistía “que otorgaba impunidad”. También calificó de “inquietante” la lista de reformas judiciales planteadas por el Gobierno: “Ojalá no salgan adelante, serán mecanismos muy claros de erosión del Estado de Derecho por la puerta de atrás, despacito pero de manera evidente”.

Considera también este juez que la situación “no es irreversible por ahora”, invitando a tener “una firme voluntad, osadía para reconstruir los espacios perdidos del Estado de Derecho” y mostrar “fuertes convicciones” en torno a la igualdad y la seguridad jurídica. Posteriormente, el magistrado también cargó con dureza contra el Tribunal Constitucional y contra “gobiernos de todo color” por la falta de medios en la Justicia o el sistema de nombramientos de los vocales del Consejo General del Poder Judicial.

Fuentes del Consejo General del Poder Judicial afirman a elDiario.es que la participación de este magistrado en la inauguración del ‘think tank’ de Iván Espinosa de los Monteros no requería de ningún tipo de autorización por parte del órgano de gobierno de los jueces. El artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe a los magistrados en activo “dirigir a los poderes públicos felicitaciones o censuras por sus actos”, así como acudir “en su calidad de miembros del Poder Judicial” a “actos o reuniones públicos que no tengan carácter judicial”.