La presión de Aliança Catalana arrastra a Junts y ERC a un nuevo enfrentamiento por la inmigración

Es un fenómeno europeo e incluso global, está ocurriendo en la mayoría de las democracias occidentales. Las formaciones de extrema derecha se comen el electorado de las derechas tradicionales de cada país. Catalunya no es una exepción, pero la irrupción de este tipo de partidos hasta ahora solo había sucedido con Vox, por la banda españolista. Pero en los últimos meses el seismo ha sido registrado también en el extremo contrario, el independentista, donde el auge del discurso xenófobo de Aliança Catalana está captando a votantes de Junts y, también aunque en medida, de ERC.

Esta presión ha hecho que los dos partidos tradicionales del independentismo vuelvan a chocar. El crecimiento de la extrema derecha independentista, que hasta hace poco se veía como estrafalaria en las direcciones de los partidos, ha hecho que ahora suenen todas las alarmas. Pero mientras Junts ha optado por radicalizar su discurso, ERC prefiere el acento en las diferencias económicas y, de paso, carga contra Junts por entrar en una deriva que entienden que tontea con la xenofobia.

El líder republicano Oriol Junqueras ofreció este martes una conferencia en la que, además de postularse como candidato a la presidencia de la Generalitat, fijó la posición de su partido en relación con la extrema derecha y la inmigración. Según explicó, “el miedo y la desesperanza no derivan de la inmigración”, sino de los problemas sociales que tienen que ver en su mayoría con la pobreza y la desigualdad. Por tanto, el líder de ERC recetó acción en materia económica y social y obvió hablar de la mayoría de los temas que Aliança pone sobre la mesa.

La estrategia del partido de Carles Puigdemont hasta sido, hasta el momento, prácticamente la contraria. Para evitar una sangría electoral, Junts ha apostado por un endurecimiento del discurso en materia tanto migratoria como de seguridad. Sobre la cuestión de la extranjería, Junts puso toda la carne en el asador de la negociación con el PSOE para obtener una delegación de competencias para la Generalitat que acabó naufragando en el Congreso.

Pero, durante la defensa de esta proposición de ley, la diputada de Junts Míriam Nogueras dió muestras de hasta qué punto el campo semántico del partido para hablar sobre la inmigración ha virado en los últimos cinco años. Según Nogueras, la inmigración genera “problemas” que el Gobierno “no ha sido capaz de resolver”. La administración del Estado, además “no ha querido o no ha podido controlar este fenómeno”, dijo. Y remató todo esto con la idea de que la supervivencia de Catalunya como nación no está garantizada debido, entre otras cosas, a las migraciones.

“A nadie se le escapa por qué la derecha catalana está pidiendo esto”, aseguró Rufián sobre la delegación de las competencias en inmigración. Una intervención en la que llegó a sugerir que Nogueras había hecho una defensa racista de la medida. “Están alimentando un monstruo que se los comerá”, aseguró el portavoz de Esquerra entonces.

Los alcaldes de Junts enfocan el padrón y la seguridad

El control de los flujos migratorios, que es una bandera de Aliança que Junts ha tratado de disputar sin éxito, se ha sumado otra de las políticas estrella de los xenófobos: la obstaculización del padrón a las personas nacidas en el extranjero.

Después de que la líder de AC, Sílvia Orriols, llevara a cabo estas prácticas en al ayuntamiento de Ripoll, este verano ha sido el mayor municipio gobernado por los independentistas, Sant Cugat, quien ha hecho del padrón un arma contra los inmigrates. En concreto, el consistorio gobernado en coalición por Junts y ERC ha dado de baja 4.000 registros del padrón en un solo año y asegura revisarlo “caso por caso” para evitar que sea “un colador”.

Esta retórica hostil en materia migratoria y de gestión de padrón se adoba con una óptica de brocha cada vez más gorda sobre la delincuencia. En la primavera pasada, cuando Junts celebró la convención municipalista, los temas que el partido quiso poner bajo el foco fueron la llamada “multirreincidencia”, es decir, el fenómeno de los delincuentes con un historial delictivo extenso pero no lo suficientemente grave como para cumplir penas de prisión, y las ocupaciones de inmuebles. Diversos alcaldes de Junts, precisamente, ya habían llevado al Congreso diversas propuestas para endurecer el Código Penal, algunas de ellas aprobadas y actualmente en vigor.

En Junts, la retórica cada vez más cercana a Aliança ha sido una postura alentada desde algunas de sus alcaldías principales. La semana pasada, primeros ediles como Albert Castells (Vic), Agustí Arbós (Olot), Arnau Rovira (Manlleu), Marc Buch (Calella) u Òscar Fernàndez (Cabrera) se reunieron con el secretario general de Junts, Jordi Turull, para compartir sus preocupaciones y reclamar que el partido se centre en hablar de inmigración y multirreincidencia.

Algunos de los alcaldes anteriores han manifestado posiciones como que el crecimiento de su municipio es inasumible por lo que debe ser limitado, en el caso de Arbós en Olot, o han defendido impedir a trabajadores regulares y con contratos legales empadronarse en su municipio por el hecho de ser extranjeros, en el caso de Buch en Calella.