Cartagena compró a sabiendas un solar con niveles peligrosos de metales pesados: “Han querido hacer casas para pobres”

El Ayuntamiento de Cartagena adquirió el 8 de junio de 2023, con el objetivo de construir en él 40 viviendas sociales y aprovechar así una subvención europea de 1,7 millones de euros que ha sido devuelta, un terreno que sabía de antemano contaminado por altos niveles de metales pesados.

La corporación municipal, dirigida entonces y en la actualidad por el PP, tuvo constancia de la contaminación de la parcela, ubicada en Los Mateos, uno de los barrios más degradados de la ciudad, al menos tres meses antes de formalizar su compra. En marzo de 2023, la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) entregó al consistorio un estudio de caracterización del suelo de la finca en el que vienen recogidos, entre otros, baremos de cadmio, plomo, mercurio y arsénico hasta 2.655, 2.373, 400 y 223 veces superiores, respectivamente, a los Niveles Genéricos de Referencia fijados en 2007 por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

En las conclusiones del informe, el edafólogo de la UPCT Ángel Faz recomienda la descontaminación urgente del suelo, dada la peligrosidad de los residuos, y apunta a la causa principal de su presencia ahí: la poca distancia que separa la parcela, poco más de 50 metros, de los terrenos de El Hondón, un desierto de balsas de químicos a la intemperie también propiedad del consistorio, donde estuvo ubicada hasta 2001 una fábrica de potasas y derivados. Si las 40 casas de Los Mateos se acabasen construyendo estarían, con el tiempo, igualmente salpicadas de metales pesados por la cercanía de dichas balsas.

Vista general de la finca contaminada de Los Mateos, rodeada de casas. Al fondo, y hacia la izquierda, se disgrega el barrio.

En mayo de 2023, también con carácter previo a la operación de compraventa de la finca, el Ayuntamiento supo que la cantidad de residuos hallada en su superficie suponía un “peligro no aceptable” para la salud de los vecinos que habitan en las casas colindantes, cuyas partes traseras, ventanas, puertas y garajes dan directamente a las tierras tóxicas. Así lo acreditó Hera Holding en un análisis de riesgos encargado por el propio ejecutivo municipal. 

A fecha de publicación de este reportaje, más de dos años y tres meses después de la compra de la parcela, no se ha acometido en ella ningún trabajo de descontaminación. Sí se ha licitado dos veces, en cambio, la construcción de los 40 inmuebles, quedando ambos concursos desiertos.

Una quita inferior al precio real de descontaminación

Con toda la información ambiental y sanitaria en la mano, el consistorio siguió adelante con la adquisición de la finca de Los Mateos, que pertenecía a una promotora, Técnica de Inversiones Gamma SL, vinculada a la familia del empresario cartagenero Mariano Roca. Pagó por ella un total de 437.279 euros. Había antecedentes: un proyecto inmobiliario de la familia Roca, en este caso de 370 pisos, fue paralizado en 2021 en un solar cercano, igual de próximo a El Hondón, por la existencia masiva de metales pesados en él. 

La corporación municipal descontó 200.000 euros del precio final que abonó por la parcela —habrían sido 637.279— en concepto de quita por una futura descontaminación, en base a un cálculo llevado a cabo por los técnicos municipales. Sin embargo, Hera Holding, en un informe presentado el 1 de junio de 2023, una semana antes de la rúbrica definitiva de la transacción, advirtió que el montante aproximado —aunque siempre “a la baja”, detalla una fuente solvente del sector— necesario para la remediación del suelo sería de 540.000 euros. En el contrato, el Ayuntamiento eximió a la empresa propietaria de su obligación legal de reparar el daño ambiental del terreno, según ha podido constatar documentalmente este diario.

En los pliegos de las dos licitaciones del proyecto de 40 viviendas, la limpieza del terreno tóxico aparecía como el primer lote de los trabajos de promoción urbanística. Ésta figuraba por poco más de 300.000 euros, un precio muy inferior al estimado por Hera, aunque ya un 50% por encima de la quita. Ninguna empresa concursó.

“Han querido hacer casas aquí, en Los Mateos, para gente pobre, en este barrio de gente pobre, porque a los que gobiernan les da igual que los pobres vivan en sitios contaminados y enfermen. No es solo el tema medioambiental, sino sobre todo el humano. No les importamos nada”, lamenta María Ángeles Vila. Su casa está pegada a la parcela.

Se da la circunstancia de que la adquisición de la finca se realizó con el Gobierno municipal aún en funciones, tras las municipales del 28 de mayo de 2023. Faltaban diez días para que se produjera un cambio en los puestos de responsabilidad urbanísticos del Ayuntamiento y en la presidencia del consejo de administración de la sociedad municipal Casco Antiguo, la empresa pública que se encarga de promover edificaciones en la ciudad, incluida ésta.

Aquel 8 de junio, la presidenta en funciones de dicha sociedad y la concejal provisional de Urbanismo era la exalcaldesa Ana Belén Castejón (Sí Cartagena), que abandonó la vida pública y política el pasado 15 de septiembre aduciendo “motivos personales”. La primera edil era, y lo sigue siendo actualmente, Noelia Arroyo (PP).

Denuncia admitida en el Juzgado

El pasado agosto, el Juzgado de Instrucción 2 de la ciudad portuaria admitió a trámite una denuncia de la Plataforma de Suelos Contaminados de Cartagena dirigida contra Arroyo, Castejón y otros cuatro ediles de Casco Antiguo que votaron a favor de la compra del solar en Los Mateos. Los acusa de presuntos delitos contra el medio ambiente y la salud de las personas, prevaricación y malversación.

En el escrito de la demanda, al que ha tenido acceso este periódico, la acusación señala “una secuencia de actos administrativos y decisiones mercantiles que acreditan la adquisición de los terrenos a sabiendas de su grave contaminación”.

“La prioridad, en más de dos años en que no se ha adoptado ninguna medida ambiental, no es la eliminación del riesgo tóxico y carcinogénico al que siguen expuestos los vecinos, sino cumplir con un eventual desarrollo urbanístico”, prosigue el texto.

Solo cuando el proyecto de las 40 viviendas fracasó tras las dos licitaciones desiertas, el Ayuntamiento abrió para septiembre de 2025 un nuevo concurso, esta vez solo centrado en la descontaminación, a razón de 538.450 euros. Un precio ahora sí cercano al estimado por Hera, y mucho más del doble que la quita de la compra. “Con pleno conocimiento del coste real del saneamiento, los responsables de Casco Antiguo, no obstante, acordaron basar la rebaja en 200.000 euros, causando un perjuicio patrimonial directo a las arcas públicas”, sostiene la denuncia.

“Lo más grave es que hay personas que están expuestas a la contaminación, con conocimiento de las administraciones, con datos objetivos, con una alerta objetiva, y aun así no han actuado para remediarlo”, recalca Fulgencio Sánchez, portavoz de la Plataforma.

El pasado 8 de septiembre, en el pleno del Ayuntamiento, los votos en contra de PP, Vox y Sí Cartagena tumbaron una comisión de investigación para esclarecer los hechos que motivaron la compra del solar.

“Todo lo que está enfrente de El Hondón está y estará contaminado”

El estudio de caracterización del suelo entregado por la UPCT al Ayuntamiento en marzo de 2023 calcula que deberán retirarse de la parcela 4.473 metros cúbicos de residuos contaminados. A simple vista, hay restos muy visibles de cenizas de pirita, de color granate oscuro, con gran concentración de arsénico, y acopios como si fueran cenizas que deterioran todo lo que hay debajo y se dispersan con el viento.

Desechos de cenizas de la tostación de la pirita en la parcela, con una gran cantidad de arsénico. A poca distancia se encuentra una balsa repleta de este material en El Hondón. Se utilizaba para fabricar ácido sulfúrico.

“Cuando acudimos a la parcela ya sabíamos que iba a estar contaminada. Todo lo que hay enfrente de El Hondón lo está y lo estará mientras no se actúe primero ahí. Encontramos concentraciones de metales pesados tan altas que necesitan un tratamiento previo para que puedan almacenarse en un vertedero de residuos peligrosos. Esa parte, junto con el consiguiente traslado al vertedero, es la más cara de todo el proceso”, explica el edafólogo Ángel Faz.

Hera Holding alertó en mayo de 2023 de un “riesgo potencial y tóxico por inhalación de partículas en suspensión para los residentes de las viviendas en el entorno inmediato” a la finca, y de “un riesgo cancerígeno 39 veces superior al umbral aceptable por contacto dérmico e ingestión de suelo para potenciales receptores que accedan a la parcela desde el exterior”. El estudio detalla que el riesgo tóxico en el interior de las casas colindantes supera en un 40% el máximo tolerable para la salud. En el exterior de las mismas, la cifra crece hasta un 80%.

“—El Ayuntamiento— podía haber planeado la vivienda social en otro solar de la ciudad que no tuviese problemas. Pero fueron a comprar el contaminado. Y lo sobrepagaron con dinero público. Hemos hecho hasta 17 requerimientos de documentación relativa a la compra, al proyecto urbanístico, a los informes que avalan el precio final de la quita, pero nunca hemos tenido respuesta. En esta ciudad no hay transparencia. Por eso acudimos a la justicia”, manifiesta Fulgencio Sánchez. “Los más perjudicados, al final, acabamos siendo los de siempre”, añade. “Los vecinos”.

“Los ricos no pueden vivir entre contaminación, los pobres sí”

Junto a la parcela, conviviendo ahora, a apenas diez metros de su casa, con un cartel de ‘residuos peligrosos’ que prohíbe el paso y que fue colocado, puntualiza, a primeros de septiembre, María Ángeles Vila, de 70 años, dice que un miedo nunca antes visto se ha apoderado de todos ellos. “Temen que alguien venga, haga pruebas en su salón o en las habitaciones y les diga: ustedes no pueden vivir aquí, es peligroso, se tienen que ir”. “Por eso no denuncian”.

A Vila le detectaron, hace casi una década, cuenta, mercurio en sangre. Dos semanas atrás, continúa, un hombre de 61 años que también vivía en una de las casas adyacentes a la parcela falleció horas después de sufrir un ictus. “Cuando lo llevaron al hospital y le hicieron pruebas se dieron cuenta de que estaba invadido de cáncer. Es uno de esos casos de cáncer que entre nosotros llamamos invisible, porque cuando te quieres dar cuenta ya es tarde”.

Explica la vecina que son numerosos los diagnósticos de esta enfermedad en un barrio que solo tiene 2.000 habitantes. “Pero las estadísticas oficiales no se hacen por barrios, sino que se suavizan contando los casos de la ciudad entera”, denuncia. “Es una vergüenza que jueguen así con la vida de las personas”.

Fuentes de la Consejería de Salud murciana confirman a este periódico que no han recibido “ninguna notificación” de parte del Ayuntamiento de Cartagena alertando sobre la situación sanitaria existente en los aledaños de la finca contaminada.

Un barrio salpicado por balsas de químicos

 “Lo que más me duele es que esas 40 casas que quieren hacer en un terreno lleno de metales no son chalets para la clase alta. Los ricos no pueden vivir rodeados de contaminación, pero nosotros sí”, concluye Vila.

En Los Mateos, el páramo tóxico de El Hondón está siempre muy cerca, y las vallas y los carteles fluorescentes con señal de prohibición lo anuncian: «Residuos peligrosos».

Los Mateos es uno de los núcleos de Cartagena más precarios. Entre sus calles desordenadas no se llega a perder de vista, en ningún momento, primero, el solar y las fachadas desconchadas que lo rodean, y más al fondo, al otro lado de la carretera general, las balsas de residuos de El Hondón, también propiedad del consistorio, que dispersan metales pesados a los cuatro costados y siguen sin descontaminarse más de 20 años después de su adquisición, cuando el Ayuntamiento, en conjunción con la Comunidad Autónoma, ideó ahí un residencial de 5.000 viviendas que nunca fue viable.

“En Cartagena, la salud de los vecinos nunca ha sido tratada como una prioridad, sino como un vehículo para conseguir un pelotazo”, asegura Fulgencio Sánchez. “Si no llegamos a denunciar, si no intervenimos esta vez, aquí nos hacen los edificios y no nos enteramos de nada”.

Ni el consistorio de la ciudad portuaria ni la concejal de Urbanismo en el momento de la adquisición de la finca, Ana Belén Castejón, han respondido a peticiones de este diario para recabar su versión de los hechos.