La número 3 de Ayuso ataca los informes de la UCO y pide que se archive ya la causa de corrupción contra ella

La vicesecretaria de Organización del PP de Madrid, Ana Millán, ha solicitado a la jueza que la investiga por cuatro delitos de corrupción que archive la causa antes de realizar las diligencias pendientes, entre ellas la declaración como testigo de su marido. En un extenso escrito, la defensa de Millán impugna los cinco años de instrucción y los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por estar, dice, repletos de “suposiciones”.

“El presente procedimiento está suponiendo un auténtico linchamiento mediático para mi representada, la cual lleva años viendo como, con fines puramente políticos y demagógicos, se la ha condenado públicamente por unos delitos inexistentes, afectando con ello a su honorabilidad y la de su familia”, recoge el escrito de la defensa de Millán, al que ha tenido acceso elDiario.es.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Navalcarnero imputó hace tres años a Ana Millán ante los indicios de que contrató, como concejala de Juventud de Arroyomolinos, a un empresario a cambio de prebendas para ella y empleos para su marido y su hermana. La imputación de Millán no frenó su ascenso en el PP de Madrid e Isabel Díaz Ayuso la nombró número 3 del partido y la incluyó en un puesto destacado en las elecciones de 2023. 

La obtención de un escaño en la Asamblea de Madrid, de la que es vicepresidenta, motivó la inhibición de la magistrada de Navalcarnero en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ante el Millán que pasó a estar aforada. A petición de la Fiscalía, el TSJM devolvió en diciembre pasado la causa al juzgado local porque la magistrada no había dictado una exposición razonada con los indicios contra Millán y porque aún quedaban diligencias por practicar. 

Las dos principales diligencias son la declaración del marido de Millán y de la concejala que la sustituyó en el cargo y que dejó de contratar con las empresas de Francisco Roselló, también investigado en la causa. El empresario contrató al esposo de la antigua alcaldesa de Arroyomolinos para un puesto de bedel en un colegio. En su declaración como imputada, Millán afirmó que el dinero en efectivo que ingresó durante años en sus cuentas, algo más de 40.000 euros, procedía del trabajo de su pareja en la hostelería y el ocio nocturno. Roselló también dio empleo a la hermana de Millán, trabajadora social. 

En su auto de inhibición, la jueza Lidia Prado Zurdo apreciaba indicios de los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho y fraude a la Administración. El pasado mes de septiembre, Prado acordó una prórroga de seis meses en el procedimiento debido a la carga de trabajo que sufre su juzgado. La defensa de Millán también ha impugnado esa prórroga. 

El primer indicio que investigó la Guardia Civil fue el alquiler de un ático en el centro de Arroyomolinos propiedad de Millán. El arrendatario fue una empresa de Roselló, que alejó allí a uno de sus empleados. Según la UCO, la renta estaba casi al doble del precio de mercado, lo que apuntaba a que el empresario devolvía así el favor de que la entonces concejala acordara contratos con una de sus sociedades. Millán y Roselló defendieron en el juzgado que el alquiler era caro porque incluía un derecho a compra que nunca se llegó a ejercer. 

Entre 2008 y 2016, las sociedades de Francisco Roselló ingresaron un total de 214.638,45 euros a Millán, su hermana y su marido, si se suman los ingresos por el ático y los montos de los contratos a los familiares de la ex alcaldesa. En el mismo, Roselló obtuvo más de 600.000 euros de contratos públicos procedentes de la Concejalía que dirigía la imputada. En el escrito que ha presentado la defensas alega que la hermana de Millán “se presentaba a todos los procesos de selección de la zona”, que no fue seleccionada pero que “la llamaron para trabajar en otra parte de esa empresa”. 

Respecto a los 42.650 euros ingresados en metálico entre 2008 y 2017, Ana Millán dijo en el juzgado que le gustaba tener ese dinero en casa. El abogado de Millán reprocha a la Guardia Civil que incluya este hecho como un indicio cuando no hay ninguna alusión a que procedan de una “actividad ilícita”. “Si hubiera tenido un ánimo defraudatorio en la actuación de mi patrocinada no habría realizado ingreso alguno, sino que lo habría guardado en casa o lo haría gestionado a través de terceras personas o sociedades”, añade el escrito. 

“Estamos en el terreno de la presunción (siempre en contra de la investigada) para sostener abierta una instrucción que consideramos que debería de estar conclusa por falta de indicios de cualquier tipo de actividad delictiva imputable a mi mandante”, escribe el letrado.

La defensa de Millán habla de “revanchismo político” y recurre a que la denuncia no se puso hasta 2015, pese a que circunscribe los hechos investigados al periodo entre 2005 y 2011. Obvia que el origen de la denuncia es el cambio de gobierno municipal tras las elecciones de 2015 y el hallazgo entonces de unos correos electrónicos entre Millán y Roselló referentes al alquiler del ático por parte de la corporación entrante.

También critica que no se incoaran diligencias hasta 2020. La denuncia de Ciudadanos aludía a una presunta relación de Millán con un empresario de la trama Púnica, además de con Roselló. La compleja instrucción del caso de corrupción a nivel regional motivó que el juez Manuel García Castellón no resolviera sobre esos indicios hasta cuatro años después de presentados. Entonces, a instancias de la Fiscalía, acordó que una parte estaban prescritos, pero que había motivo para investigar otros en un juzgado local. 

El abogado de Millán asegura que solo siete de los nueve contratos investigados corresponden a su etapa como concejala y que las sociedades adjudicatarias ya trabajaban anteriormente con el Consistorio de Arroyomolinos. La defensa analiza uno a uno los contratos y concluye que no hay un solo indicio de una intervención de Millán de acuerdo a beneficiar al empresario imputado. 

La defensa pide que se anulen las declaraciones en sede policial que tomó la UCO “cuya autorización judicial no consta en ninguna parte”. La propia Millán fue citada en dependencias de la Guardia Civil, acudió pero se negó a declarar. Luego lo hizo en el juzgado.