
Una alto cargo del Gobierno del PP en Extremadura, investigada por estafa, alzamiento de bienes y falsedad documental
Un exsocio de Inmaculada Sánchez Polo, gerente en Badajoz del servicio autonómico de Atención a la Dependencia, la acusa de provocar la quiebra de dos hospitales privados, generar pérdidas de unos 20 millones de euros y ser la responsable del despido de un centenar de trabajadores
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La actual gerente en Badajoz del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad), Inmaculada Sánchez Polo, está siendo investigada por el juzgado de instrucción 1 de la capital pacense por falsedad en documento público y mercantil, alzamiento de bienes, estafa y delitos societarios.
Según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es Extremadura, a Sánchez Polo se la vincula con la ruina de dos empresas sanitarias y pérdidas millonarias a raíz de una querella interpuesta en mayo de 2024 por uno de los exsocios de la actual alto cargo del PP en Clínica Extremeña de Salud S.L. y de CESA Asistencia Sanitaria S.L, dos hospitales privados.
El denunciante asegura que las acciones presuntamente fraudulentas de Sánchez Polo habrían causado “perjuicios económicos gravísimos” a ambas empresas, lo que llevó a su quiebra, al despido de casi un centenar de empleados y a pérdidas de 20 millones de euros.
Entre los hechos denunciados se incluye la supuesta ocultación de la enfermedad de Alzheimer de su esposo, Julio Carmona, contratado como gestor sanitario, una circunstancia que habría comprometido la viabilidad de la empresa, según el denunciante. Además, se le acusa de ofrecer a los socios la solvencia de su empresa, Cekinesia S.L., como garantía, mientras que al mismo tiempo vendía su principal activo, una finca valorada en más de 320.000 euros, lo que se considera un presunto alzamiento de bienes. Adicionalmente, se le imputa el impago de una deuda de más de 423.000 euros por el alquiler de un espacio en las instalaciones del hospital privado y que su empresa ocupó durante más de seis años.
El juzgado de Badajoz acordó en junio una prórroga de seis meses para la instrucción de la causa y ya ha citado a nuevos testigos, que declararán en los próximos días.
Incompatibilidad de cargo público
La querella también subraya una posible “clara incompatibilidad” en la trayectoria de Sánchez Polo, ya que su cese como apoderada de CEKINESIA S.L. se inscribió en el Registro Mercantil ocho meses después de que fuera nombrada gerente territorial del Sepad en agosto de 2023.
Inmaculada Sánchez Polo es desde 2014 la delegada regional de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y también ha ocupado la vicepresidencia nacional de esa entidad. Llegó a la política en 2019, de la mano de José Antonio Monago, que la incluyó como número 2 del PP por la provincia de Badajoz en las elecciones autonómicas de ese año y obtuvo un puesto en la Mesa de la Asamblea.
Tras la llegada del PP al Gobierno de la Junta de Extremadura con María Guardiola, fue nombrada gerente territorial del Sepad en agosto de 2023, dependiente de la Consejería de Salud. Entonces salió a la luz una situación de incompatibilidad porque su cese como apoderada de Cekinesia SL, no se produce hasta ocho meses después, una empresa del sector de la salud, que ofrece servicios de fisioterapia, osteopatía, podología y nutrición, entre otros.
Hay que recordar que PP y Vox pactaron como socios de gobierno en Extremadura la eliminación de la comparecencia de los altos cargos en la Asamblea con carácter previo a su nombramiento. Hasta entonces, consejeros, directores y secretarios generales, jefes de gabinete y responsables de sociedades públicas, consorcios y fundaciones tenían la obligación de comparecer en una comisión del Parlamento para detallar su currículum y experiencia profesional, además de sus intereses, bienes, derechos y rentas.