Trabajo pide a los expertos dos propuestas de salario mínimo en 2026: una tributando y otra sin tributar

El salario mínimo interprofesional (SMI) podría tributar por primera vez en 2026, para lo que Trabajo pide una condición a Hacienda: que aumente más, para garantizar que llega en todo caso al 60% del salario medio neto. El debate sobre la tributación del salario mínimo vuelve a abrirse este año dentro del Gobierno, como ha visibilizado este miércoles la novedosa petición de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a la comisión de expertos para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 2026: una recomendación de aumento con un SMI sin tributar y otra recomendación con un escenario en el que el salario mínimo pague IRPF por primera vez.

Los dos escenarios de subida, con los que el SMI deberá alcanzar en todo caso que llega al 60% del salario medio neto que recomienda la Carta Social Europea, son la constatación de que el debate de la tributación vuelve a estar abierto dentro del Gobierno de coalición. Mientras el año pasado Trabajo se plantó ante Hacienda en un duro enfrentamiento, en esta ocasión Yolanda Díaz se ha adelantado aceptando este posible escenario de contribución al IRPF, pero con ciertas condiciones.

La primera es que, en caso de tributar, el aumento del salario mínimo de 2026 debería ser algo mayor, para garantizar que en todo caso el dinero que llega al bolsillo de los trabajadores que lo cobran se sitúa en el 60% del salario medio neto. “Vamos a cumplir con el 60%, exento de tributación o tributando”, ha resumido Yolanda Díaz, que ha sostenido que la decisión está en manos de Hacienda, que dirige María Jesús Montero.

Como segunda condición, la ministra de Trabajo ha señalado que habría que cambiar los tramos de tributación, para impedir que a las personas que ganan el salario mínimo se les aplique el mismo que “a una renta de 100.000 euros al año, el 50%”. “Vuelvo a decir que esto es injusto”, ha sostenido Díaz.

Trabajo sigue defendiendo la exención de IRPF

La vicepresidenta Yolanda Díaz ha reafirmado que mantiene una postura contraria a que las personas trabajadoras que ganan el salario mínimo tributen. “Pedagogía fiscal toda, pero empecemos por arriba. Pedagogía fiscal toda, pero cambiemos los tramos”, ha resumido la líder de Sumar dentro de la coalición de gobierno. “La política económica siempre va de elección. ¿Por qué señalamos siempre a los mismos?”, ha añadido.

En estos momentos, el salario mínimo interprofesional está situado en los 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas, tras una subida del 61% desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. Mientras que en 2018 era “marginal”, que apenas cubría a unos cientos de miles de trabajadores y trabajadoras, en estos momentos alcanza a más de 2,5 millones de personas trabajadoras. “Sigo pensando que desde luego esta renta es demasiado exigua para ello (tributar en el IRPF)”, ha insistido este miércoles Yolanda Díaz.

Sin embargo, el año pasado su departamento se negó en redondo a la tributación del SMI, lo que desató una larga negociación con Hacienda, que desembocó en un acuerdo para una deducción del IRPF para 2025. Ahora, Trabajo se abre a la posibilidad de tributar con ciertas garantías, una opción que el año pasado ya defendieron en CCOO.

El debate sobre el pago de impuestos del SMI es peliagudo, más en un país como España donde la izquierda es la única –y con excepciones– que defiende la pedagogía fiscal y la necesidad del pago de más impuestos para alcanzar niveles europeos (que sostengan mejores recursos públicos), pero que a la vez adolece de muchas tareas pendientes en justicia fiscal: no solo importa cuánto se recauda, sino quién paga y cuánto.

Aunque no se exponga de manera pública, el debate sobre la tributación del salario mínimo se debe el gran aumento que ha experimentado en los últimos años y que ha supuesto un importante cambio como referencia de los salarios en España. En 2018, hace siete años, el SMI era de 736 euros brutos al mes. Poco a poco, y debido a que otros salarios por encima del SMI no crecen tanto, cada vez hay más población que aglutina en torno al salario mínimo y la exención del pago de impuestos de este colectivo supone más dinero para las arcas públicas.