El inexistente «síndrome post aborto» que PP y Vox ‘cuelan’ en Madrid: «Van a obligar a los trabajadores a mentir»

Ya son varias las ocasiones en los últimos años en las que a la cruzada antiaborto de la extrema derecha se suma el Partido Popular. Ocurrió este martes en el Ayuntamiento de Madrid, donde el PP del alcalde José Luis Martínez Almeida aprobó una propuesta de Vox que obliga a las mujeres a ser informadas del “síndrome post aborto” y que ha contado con el respaldo del PP a nivel nacional. Sin embargo, este es un supuesto trastorno sin evidencia científica que explotan con frecuencia los grupos ultracatólicos, en España y fuera, para tumbar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

La iniciativa, presentada por la concejala de Vox Carla Toscano, no disimula su trasfondo y llega a señalar que “acabar con la vida de su propio hijo tiene consecuencias muy graves para la madre, el padre y la sociedad en general”. El texto engloba en el “síndrome post aborto” un conglomerado de síntomas y factores que van desde la depresión y la ansiedad, a las alteraciones de sueño, el consumo de alcohol y drogas, los pensamientos suicidas o la pérdida de placer sexual. Esto es lo que, de aplicarse, tendrían que estar obligados a contar “de manera verbal y escrita” a las mujeres los trabajadores de los centros de Madrid Salud, el Samur Social y los trabajadores sociales municipales, además de incorporar la información en webs oficiales, carteles y folletos.

“No hay ninguna evidencia científica y no hay un corpus de conocimiento, de estudios hechos con rigor y con una muestra adecuada, que nos permita hablar de este síndrome. Se va a obligar a los profesionales a mentir y a exponer a las mujeres a miedo y coacción”, resume la psicóloga especializada en derechos sexuales y reproductivos Raquel Hurtado, que apunta a que de lo que sí hay literatura científica es de “los efectos psicológicos positivos que tiene para las mujeres interrumpir un embarazo que no desean” y que coincide con emociones como “la seguridad, el alivio o el mayor control sobre sus vidas”.

“Eso no significa que no haya mujeres que vivan con dudas o angustia el aborto, pero de ninguna manera entraría en una categoría diagnóstica”, añade la psicóloga. Francisca García, médica directora de dos clínicas andaluzas y presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la IVE (ACAI), explica que, además, estudios disponibles subrayan que las emociones negativas –“no patologías”, remarca– que pueden sufrir algunas mujeres “están condicionadas sobre todo por el apoyo de su entorno, la importancia que tenga el estigma del aborto en sus vidas y el tipo de acompañamiento sanitario recibido”.

El “síndrome post aborto” no está recogido en los manuales de clasificación de trastornos mentales de referencia, ni en el de la Organización Mundial de la Salud (CIE-11) ni en el DSM V de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. “Ha sido ampliamente estudiado y la conclusión es que su existencia no tiene respaldo de la evidencia científica. Incluso, algunos estudios señalan mayor repercusión psicológica en mujeres a las que se les niega su solicitud de interrumpir el embarazo”, esgrime Ezequiel Pérez Campos, jefe de Ginecología del Hospital de Requena y patrono de la Fundación Española de Contracepción.

Ideología ultracatólica

No hay ninguna duda entre las voces expertas consultadas en que, tras la iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, no hay ciencia, sino ideología antiderechos. Pérez Campos califica de “imprescindible” proporcionar información científica rigurosa a las mujeres que solicitan someterse a un aborto “para que su decisión no sea condicionada por opiniones parciales e intencionadas” y asegura que lo que están haciendo PP y Vox es “convertir ideología en afirmación pseudocientífica y sesgada que confunde a las mujeres y manipula su libre decisión y el principio de autonomía”. “Son ellas las que aplicarán su ideología. Los derechos no son obligaciones”, añade el ginecólogo.

La propia ley del aborto ya establece, de hecho, que las mujeres deben recibir una información “clara, objetiva y comprensible” sobre la interrupción del embarazo, también de sus “riesgos y consecuencias” habituales de cualquier intervención. La norma eliminó con la reforma de 2023 los tres días de reflexión y también la obligación de que las mujeres recibieran datos sobre centros de asesoramiento o ayudas públicas para embarazadas, que ha pasado a ser opcional. Además, reforzó la obligación de las administraciones públicas de garantizar que el derecho se ejerce sin presiones.

Por eso Silvia Aldavert, coordinadora de l’Associació de Drets Sexuals i Reproductius, cree que la nueva iniciativa madrileña incumple la ley, en concreto, el artículo 24.2, introducido también tras la reforma y que mandata a las administraciones públicas a que “velen por evitar que la solicitante sea destinataria de prácticas que pretendan alterar, ya sea para afianzar, revocar o demorar” su decisión y su puesta en práctica “con la excepción de la información clínica imprescindible y pertinente”. Y sigue “Las intervenciones diagnósticas y terapéuticas asociadas con la decisión y la práctica de la interrupción del embarazo deberán basarse, en todo caso, en la evidencia científica”.

El Gobierno está precisamente estudiando la viabilidad legal de la propuesta, según han anunciado los ministerios de Sanidad e Igualdad. En la rueda de prensa de presentación de los últimos datos de abortos, de 2024, Mónica García ha afirmado que su departamento evaluará las consecuencias “jurídicas” de la medida mientras que Ana Redondo ha asegurado que “los equipos del ministerio están valorando si es posible impugnar la decisión”. Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Ana Muñoz, ha defendido la propuesta afirmando que “la información nunca es un problema”.

Sin embargo, la elección de este tipo de información no es casual: es habitual que en las páginas web de las asociaciones antiaborto se incorpore la referencia al “síndrome post aborto” y que lo difundan en sus campañas públicas. La fundación Red Madre, por ejemplo, incluye en su epígrafe “Pensando en abortar” la categoría “riesgos físicos del aborto” y la de “trauma post aborto”, ilustrada con la fotografía de una mujer con las manos en la cara en situación angustiosa. “La existencia del síndrome ha sido defendida por asociaciones contra los derechos civiles desde hace mucho tiempo para condicionar la libre elección basándose en ideología y no en evidencia científica”, sostiene Pérez Campos.

En la misma línea se expresa Aldavert, que recuerda la propuesta anunciada por Vox en Castilla y León de que las mujeres escucharan el “latido fetal” antes de abortar, una medida que defienden los grupos, think tanks y líderes antiaborto en todo el mundo. “La iniciativa madrileña forma parte de las estrategias orquestadas internacionalmente por los grupos antielección y de extrema derecha: si no puedes tumbar la ley, pon todos los obstáculos posibles para que no se cumpla”, concluye la coordinadora de l’Associació de Drets Sexuals i Reproductius