Las migraciones como estrella del circo de Feijóo

Este fin de semana Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a hacerlo. El líder del PP ha llenado el Teatro Circo de Murcia, de propuestas populistas donde la inmigración ha vuelto a ser el número principal del show en la pista central, tratando de competir con el espectáculo de la competencia, dirigido por VOX.

Entre música épica, hemos visto como, ejerciendo de maestro de ceremonias, el gran mago Feijóo ha sacado de la chistera una fórmula mágica para resolver el fenómeno de las migraciones.

Sin embargo, parece que esa fórmula mágica no la tenían cuando el PP gobernaba. Las diferentes crisis migratorias vividas con José María Aznar y posteriormente con Mariano Rajoy fueron gestionadas bajo un mismo patrón: descontrol, falta de planificación, aumento de la irregularidad y una gran crisis humanitaria cuando en 2017 y 2018 España se convirtió en la principal ruta migratoria hacia Europa, con más de 60.000 llegadas en un solo año.

En el brillante manual de las migraciones del PP hay una serie de fórmulas que responden más a eslóganes populistas que a propuestas serias que aborden el fenómeno con profundidad. Un ejemplo de populismo punitivo: respuesta simplista a problemas complejos. 

Como punto de partida, Feijóo vuelve a enfocar las migraciones desde un punto de vista securitario, vinculando migración y delincuencia, lo que refuerza la estigmatización de las personas migrantes, obviando que se trata de nuestros vecinos, nuestras compañeras de trabajo, el niño que va a la misma clase que nuestros hijos, o parte de nuestras familias.

Para ello la propuesta engrasa la vieja fórmula de las expulsiones ante “la comisión de delitos por reincidencia”, incluso de personas con residencia legal. No se trata solo de una herramienta electoral, sino que es un mensaje cargado de implicaciones jurídicas, sociales y éticas que revela una deriva preocupante: tratar de convertir la gestión migratoria en una herramienta de miedo y exclusión que impacta en nuestro concepto de ciudadanía, vulnerando el marco de los derechos fundamentales. 

Jurídicamente, la propuesta choca con la Ley Orgánica de Extranjería y con la Directiva 2003/109/CE, que protege a los residentes de larga duración frente a expulsiones arbitrarias que podrían violar el principio de proporcionalidad. 

Aplicar una medida así implica que la residencia legal deja de ser un derecho estable y pasa a depender de un umbral de “conducta aceptable” definido políticamente. Esto debilita el concepto mismo de ciudadanía y normaliza una distinción entre ciudadanos de pleno derecho y ciudadanos condicionales y abre la puerta a graves retrocesos democráticos que vaciarían de contenido nuestros compromisos con la Convención Europea de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

De este modo, cuando se erosionan las garantías básicas, no solo se pone en riesgo a las personas migrantes, sino a toda la ciudadanía, una señal de alarma sobre el rumbo democrático del país. 

Es la propia idea de ciudadanía y de Estado de derecho la que está en juego. Cuando el miedo y el populismo guían la política, los derechos dejan de ser universales y se convierten en privilegios condicionales.

Por otro lado, es irónico que el Partido Popular, compare la propuesta con el modelo canadiense. 

En Canadá, sin ser un modelo perfecto, la migración se concibe como una política de Estado planificada. Cada año se establecen cuotas transparentes de entrada para personas migrantes, refugiadas, estudiantes y familias. Las personas llegan a través de una política de visados clara y accesibles, y desde el primer momento existe un camino definido hacia la residencia permanente y la ciudadanía. La expulsión es excepcional y solo se contempla en casos extremos y con todas las garantías evaluando el impacto en la persona y su familia.

Canadá crea seguridad ofreciendo certezas. La propuesta de Feijóo genera inseguridad utilizando la expulsión como castigo y amenaza, partiendo de un marco restrictivo y punitivo. Por tanto, la diferencia no es solo jurídica: es una diferencia de modelo social. 

Por si fuera poco, el líder del PP también recurre a la idea de vincular el Ingreso Mínimo Vital a la búsqueda obligatoria de empleo, como si la pobreza fuese un problema de voluntad individual, y no causa de estructuras injustas. 

Este planteamiento siembra la sospecha sobre quienes reciben ayudas, haciendo creer que las personas migrantes son las mayores perceptoras de prestaciones, pese a que los datos demuestran lo contrario, alimentando el discurso de la extrema derecha y enfrentando a los penúltimos contra los últimos.

No pasa desapercibido el guiño que se hace en el documento a las personas de origen hispano, convirtiendo la acogida de personas migrantes en un ‘casting’ a gusto del consumidor. 

Claramente, el modelo por el que apuesta el PP no es el de la inclusión, sino el de la asimilación condicionada: se acepta a quienes encajan con el modelo social dominante, mientras se margina o se criminaliza a quienes son percibidos como diferentes. 

Cada vez es más evidente que el Partido Popular está secuestrado por las políticas de la ultraderecha, y compite con VOX a través de sus medidas en materia migratoria. 

Pero estos mensajes no son neutros ni inocuos: son herramientas de racismo institucional con un mensaje político muy claro: hay vidas que valen menos y derechos que se pueden suspender con total impunidad. 

Frente a esta lógica, hay otra vía posible: ampliar derechos en lugar de recortarlos dando un paso al frente con una narrativa pública que reconozca la aportación positiva de las migraciones, apostando por la regularización de quienes ya forman parte de nuestras comunidades. 

La mejor respuesta a esta ofensiva racista es garantizar una ILP cuyo trámite fue aprobado por la mayoría del congreso con el voto favorable del Partido Popular.

Por ello, es urgente garantizar la regularización de medio millón de personas migrantes que contempla la ILP de Regularización Ya desde la pasada legislatura, medio millón de personas que se encuentran en nuestro país en situación irregular y que viven y aportan a nuestra sociedad. 

Esa es la forma de construir seguridad: desde la justicia y los derechos, no desde el castigo.