El PP de Moreno apoya una propuesta de Vox para segregar lo que gasta la Junta en inmigrantes y luego intenta pararla

El Parlamento andaluz, con los votos de PP y Vox, está tramitando una iniciativa registrada por la ultraderecha que mandata a la Cámara de Cuentas fiscalizar el coste económico “directo e indirecto” que le generan a la Junta de Andalucía “las personas inmigrantes en situación irregular” desde que Juan Manuel Moreno es presidente hasta hoy.

La propuesta, que coincide con un endurecimiento del discurso del PP sobre inmigración para taponar la huída del voto más conservador a Vox, plantea segregar lo que le cuesta a la Administración pública “la atención de las personas inmigrantes” irregulares, sin más criterio que el hecho de ser inmigrante, y contabilizando su acceso a todos los servicios públicos de la Junta: escuelas, hospitales, carreteras… Es decir, desde un niño en una guardería, un alumno matriculado en un colegio de Infantil, Primaria o Secundaria, hasta un anciano atendido en un centro de salud, o un adulto poniendo una denuncia ante un funcionario…

La admisión a trámite de esta iniciativa fiscalizadora de Vox ha provocado el rechazo en bloque de las tres fuerzas de izquierdas -PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía- que reprochan al presidente del Parlamento, el popular Jesús Aguirre, y al letrado mayor que hayan dejado pasar una medida “de claro sesgo racista”.

Pero la novedad no es que el Parlamento andaluz debata los planteamientos de Vox, que sistemáticamente coloca al inmigrante como origen de todos los problemas que lastran las políticas públicas. Todas sus iniciativas, desde las preguntas al presidente de la Junta en la sesión de control hasta las proposiciones no de ley, cupabilizan al inmigrante y, en ocasiones (como ocurrió en el último Pleno), los servicios jurídicos de la Cámara deben intervenir y cercenar algunas de sus propuestas, porque la redacción sobrepasa el marco constitucional o el reglamentario.

Lo llamativo, en esta ocasión, es que la solicitud para fiscalizar “el gasto directo e indirecto” que invierte la Junta en atender a los inmigrantes sin papeles logró pasar el primer filtro de la tramitación en la Mesa de la Cámara, con mayoría absoluta del PP, y el segundo filtro en la Junta de Portavoces, con mayoría absoluta del PP.

Y acto seguido, fue el propio PP quién planteó reparos “técnicos y económicos” a la iniciativa de Vox y quiso enmendar su apoyo a la tramitación de la propuesta intentando, sin éxito, que la ultraderecha retirara la medida y reformulara su enunciado, y que Aguirre impidiese que llegara así a la Comisión de Hacienda para ser debatida y votada, como finalmente ocurrió.

Fuentes del grupo parlamentario popular explican que hubo “descoordinación” interna, que la Mesa del Parlamento “nunca debió calificarla favorablemente tal y como estaba redactada” por ser “inconcreta”, y por ser “un disparate” desde la perspectiva económica. “¿Cómo le pedimos al órgano auditor que separe del presupuesto de un hospital público la parte proporcional de la intervención médica a un inmigrante? ¿O cómo contabilizamos el uso que hace una familia de inmigrantes de una carretera pagada con fondos públicos?”, se pregunta un diputado del PP.

El partido de Moreno cree que la propuesta de Vox es “tan poco rigurosa y tan sesgada”, que bastaría con recordar el porcentaje de inmigrantes que hay en la población de Andalucía -en torno al 10%- y contabilizar ese mismo 10% de gasto en los Presupuestos Autonómicos. “Ya está hecha la auditoría”, dicen. Más allá de los reparos técnicos, en la dirección del PP andaluz admiten que este debate, si llega a producirse en el Parlamento, les coloca en una posición “políticamente incómoda”.

La semana pasada los populares volvieron a usar su mayoría absoluta, pero esta vez para impedir que la iniciativa de Vox entrase en el orden del día de la próxima comisión de Hacienda, dejando en suspenso el debate con la esperanza de que la ultraderecha acepte retirarla y volver a presentar otra con una nueva redacción. El portavoz del PP en esta comisión, Pablo Venzal, asegura que si finalmente Vox no se aviene a retirar su propuesta, su grupo la vetará en comisión para que no se remita a la Cámara de Cuentas.

¿Un debate técnico o político?

Fue en la última Junta de Portavoces, el órgano que reparte los asuntos a tratar en comisión o en el Pleno del Parlamento, donde el mismo diputado del PP, Pablo Venzal, verbalizó públicamente su discrepancia con la propuesta de Vox para fiscalizar el gasto público de la población inmigrante en Andalucía. El presidente del Parlamento pidió a los grupos la aprobación por asentimiento de la iniciativa fiscalizadora de Vox para que fuera debatida en la Comisión de Hacienda y, de ser aprobada, remitida a la Cámara de Cuentas.

Las izquierdas se negaron y preguntaron al letrado mayor si no existía algún reparo “a nivel técnico” para frenar aquella iniciativa que, según denunciaron, no proponía fiscalizar el funcionamiento de políticas públicas concretas -como se hizo con el Bono Joven- sino fiscalizar a toda la población inmigrante, fuera joven o adulta, por el uso que hacen de todos los servicios públicos. “Nosotros estamos en contra, nos parece una barbaridad”, dijo la portavoz socialista, María Márquez, argumentando que la propia formulación de la propuesta “alimentaba el discurso xenófobo” de Vox.

El letrado mayor, Manuel Carrasco, tuvo que intervenir para explicar que la Mesa del Parlamento es un órgano técnico, no político, que había calificado favorablemente aquella iniciativa siguiendo criterios técnicos, y que a la Junta de Portavoces sólo le correspondía decidir si se tramitaba en comisión parlamentaria o en el Pleno. En esta legislatura, que arrancó en 2022, la Mesa no impedido prosperar 670 iniciativas (sin calificar). Aguirre volvió a insistir en dejar pasar la medida “por asentimiento” y las izquierdas volvieron a negarse.

“Pero, ¿se necesita la aprobación de este órgano para trasladarse a la comisión de Hacienda?”, preguntó el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, al letrado mayor, quien reconoció que la propuesta de Vox no podía avanzar en su tramitación sin el visto bueno de la Junta de Portavoces. “Entonces votemos”, sentenció García. “Vale, vale, vale, vale…”, respondió el letrado.

Es en ese momento cuando intervino el diputado del PP. “Yo pediría que no se votase. A nosotros nos gustaría que se aquilatara un poco qué se considera gastos indirectos, de cara a la futura fiscalización. ¿Gastos indirectos qué quiere decir?”, preguntó Venzal, que propuso que Vox reformulase su iniciativa porque “es muy complicado hacer una fiscalización rigurosa de esto”.

El portavoz del grupo ultraderechista, Manuel Gavira, no puso objeción: “Si quieren que lo maticemos, no pasa nada…”. Pero las izquierdas se volvieron de nuevo hacia el letrado mayor y hacia el presidente de la Cámara, cuestionando que el texto hubiera llegado hasta allí formulado de esa manera.

“Todos sabemos lo que hay detrás de esto. ¿Que cuanto cuesta un niño inmigrante en un colegio o en un centro de salud…? Esto no hay que aquilatarlo, hay que votarlo y mi grupo se opone, porque esto viene a lo que viene”, advirtió la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, que ha denunciado el “sesgo racista” de la propuesta.

La veterana diputada de izquierdas llegó a plantear que, en caso de que el Parlamento terminase instando a la Cámara de Cuentas a fiscalizar el gasto público que generan los inmigrantes en Andalucía, se le pidiera igualmente analizar su contribución al PIB regional, “para así amortiguar el sesgo xenófobo”.

En ese momento, en la Junta de Portavoces todos los grupos, excepto Vox, estaban pidiendo frenar la propuesta. Las izquierdas aludía a razones constitucionales y en defensa de los Derechos Humanos, y el PP apelaba a cuestiones técnicas y de operatividad. Aguirre zanjó el debate, ordenó la votación y la iniciativa de la ultraderecha salió aprobada con el voto a regañadientes del PP, que volvió a insistir en que se corrigiese la redacción ya en la comisión de Hacienda (cosa que reglamentariamente no es posible).

A las puertas de la Cámara de Cuentas

La iniciativa fiscalizadora de Vox aterrizó una semana después en la Mesa de la comisión de Hacienda, que debía aprobar su inclusión en el orden del día siguiente para ser debatida. Venzal, que también es portavoz en este órgano, volvió a plantear los mismos reparos y derechas e izquierdas se enzarzaron, a puerta cerrada, en un debate exclusivo sobre la polémica propuesta, que ocupó la mitad de la sesión hasta que, finalmente, el PP votó junto al PSOE para descabalgarla del orden del día.

La solicitud para que la Cámara de Cuentas realice una fiscalización integral del gasto que le supone a la Junta la atención a inmigrantes -en todas sus políticas públicas- ha avanzado tanto en su tramitación parlamentaria que, ahora, o Vox la retira y reformula su redacción (como exige el PP) o el PP usa su mayoría absoluta para dejarla dormir el sueño de los justos en la comisión de Hacienda, sin que llegue a debatirse, hasta que termine la legislatura.

La propuesta de Vox incomoda a los populares porque, en la actual tesitura preelectoral y estando en juego el voto de rechazo al inmigrante entre las dos derechas, para el PP supone un riesgo apoyar esta medida -por sus connotaciones xenófobas- pero también lo es vetarla, dejando que la ultraderecha capitalice este asunto.

De prosperar la iniciativa, la Cámara de Cuentas de Andalucía tendría que solicitar informes desagregados a cada consejería de la Junta de Andalucía y “clasificar” el coste de los inmigrantes sin regularizar en cada departamento. Venzal no cuestionó la propuesta “por racista”, como hizo la izquierda, sino por “inconcreta”, por la dificultad de categorizar y cuantificar el gasto que genera un inmigrante departamento por departamento. Fuentes del PP se preguntan cómo cuantificar lo que cuesta limpiar los juzgados donde se juzga a un inmigrante, o un policía que detiene a alguien…

Venzal intervino varias veces en la Junta de Portavoces para que el presidente del Parlamento no dejara que aquella iniciativa superara el siguiente trámite parlamentario, confiado en que Vox aceptaría retirarla y modificarla para así, al menos, ganar tiempo. Pero no lo logró. Luego, en la mesa de la comisión de Hacienda, el PP sí tuvo que votar junto al PSOE para evitar que la medida entrase en el orden del día siguiente y fuera finalmente debatida y sometida a votación.

La mesa de esta comisión, presidida por el socialista Gaspar Llanes, volverá a reunirse el 22 de octubre para decidir si incluye la polémica propuesta de Vox en el siguiente orden del día, que se debatirá el 30 de octubre. El PP asegura que, llegado el momento, votará en contra.