Ayuso pone la alfombra a los fondos inmobiliarios para invertir en vivienda: no habrá límite de precios ni intervención

No habrá freno a la especulación inmobiliaria en la Comunidad de Madrid. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha dejado claro esta semana que su Ejecutivo no tiene pensado tomar ninguna de las medidas que aconsejan los expertos para poder frenar el imparable ascenso del precio de la vivienda en la Comunidad. La dirigente popular fue especialmente benévola con Blackrock, uno de los fondos que fomentan esa especulación en la capital, precisamente en un foro organizado por esa compañía sobre inversión en el sector inmobiliario. “Les aseguro y no exagero, que se encuentran en el mejor momento y en el mejor lugar para hacer algo así, para pensar en sus inversiones y poner sobre la mesa nuevas ilusiones, proyectos y desafíos”, les dijo a los responsables de la empresa.

“¿Qué no vamos a hacer?”, se preguntó. “No vamos a intervenir la vivienda ni del alquiler ni de la venta. Esto se ha demostrado fallido allá donde se ha aplicado”, sentenció Ayuso el martes, en el citado foro. Para ella, “limitar e intervenir la vivienda siempre demuestra que paraliza el mercado”. “Siempre, siempre vamos a defender la propiedad privada como un principio”, destacó.

La presidenta madrileña añadió matices. “Estamos a favor de que haya una burocracia, por supuesto, y unos impuestos, pero que sean ajustados para que haya Estado de derecho, para que todo funcione, pero que no sean confiscatorios. Por tanto, no vamos a subir los impuestos a capricho ni para veleidades políticas ni para improvisar situaciones sobrevenidas por una mala gestión, ni tampoco vamos a seguir multiplicando los trámites, porque esto la burocracia, cuando es confiscatoria, lo único que hace es acabar con el incentivo, con la prosperidad y por supuesto, con la libertad en una región”, zanjó Ayuso, poniendo así una alfombra roja a los grandes fondos.

Para ella, ante un mercado de la vivienda tensionado lo que hay que hacer es lo importante además es dar “seguridad” a“la hora de comprar o poner una vivienda en alquiler”. Precisamente el mes pasado, Ayuso presentaba a bombo y platillo en la Asamblea de Madrid un nuevo plan para la construcción de vivienda protegida, la cuarta reforma de la ley del suelo en su mandato y que llega tras una importante subida en el precio de la vivienda, un 21% únicamente en el último año. El nuevo Plan de Choque se centra en una laxitud de las condiciones para edificar en la región viviendas protegidas, “sin necesidad de cambiar el planeamiento urbanístico”. Esto incluye el incremento de un 10% de los metros cuadrados edificables en las parcelas y de un 20% de la densidad permitida en los proyectos de construcción de vivienda protegida, así como una modificación de los usos del suelo. 

Un nuevo Plan de Choque

Así, las 15 medidas anunciadas no regulan los precios ni los agentes del negocio de la vivienda. Evita de esta forma aplicar la ley estatal y declarar como “zonas tensionadas” áreas urbanas en las que los ciudadanos tienen dificultades para acceder al alquiler o la compra de las viviendas. Ayuso lo apuesta todo al Plan Vive para potenciar la construcción de nuevas viviendas “asequibles”, de alquileres por encima de los 800 euros, sin regular los hogares ya existentes. Una de las medidas estrella en este plan es el cambio en los usos del suelo para permitir la edificación en lugares donde actualmente no se puede, como en “locales de oficinas, hospedaje o dotacional privado”.

El Gobierno madrileño aprobará, previsiblemente a principios de 2027, una nueva Ley de la Ordenación del Territorio, Urbanismo y Suelo, que también reducirá plazos y trámites para la destinación de terrenos a la construcción de viviendas y su desarrollo. Según ha detallado, se ahorrarán seis años en la planificación y tres en la normativa de desarrollo de estos proyectos. La laxitud en las condiciones para la construcción de vivienda protegida permitirá la construcción, según las previsiones, de 15.000 nuevas casas en los próximos cuatro años, que se sumarán a las 140.000 ya previstas en los nuevos desarrollos del Plan Vive, un proyecto anunciado por Ayuso en 2019 y enormemente criticado por adjudicatarios y sindicatos. Desperfectos, averías y alquileres no tan asequibles, además del cobro de extras indebidos, hacen aumentar las renuncias hasta el 28% de los aspirantes.