Escuchar el latido, informar de falsos síndromes o hablar con mujeres que no pueden tener hijos: las vueltas del PP con el aborto

Escuchar el latido, informar de falsos síndromes o hablar con mujeres que no pueden tener hijos: las vueltas del PP con el aborto

El partido de Feijóo da bandazo tras bandazo en su posición sobre la interrupción voluntaria del embarazo, arrastrados, también, por el discurso reaccionario de Vox y la alianza ultra internacional

El inexistente “síndrome posaborto” que PP y Vox ‘cuelan’ en Madrid: “Van a obligar a los trabajadores a mentir”

¿Cuál es la posición del PP sobre el aborto? La respuesta más precisa que puede darse es: depende. Del día, del momento político, de quien sea que hable, del lugar, o de su socio político. La última ocurrencia ha venido de la alianza PP-Vox en el Ayuntamiento de Madrid: que las mujeres que decidan abortar serán antes informadas de lo que han denominado el “síndrome posaborto”, una dolencia sin ninguna base científica, como el propio alcalde, José Luis Martínez Almeida, tuvo que reconocer este jueves. No es, sin embargo, la primera vez que el PP recurre a este tipo de estrategias para atacar el aborto: desde proponer que las mujeres escuchen el latido fetal hasta querer ponerlas en contacto con otras que no pueden tener hijos para que, así, se lo piensen. Los populares dan bandazo tras bandazo arrastrados, también, por el discurso reaccionario de Vox y la alianza ultra internacional.

Si el miércoles, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, defendió la propuesta del Ayuntamiento de Madrid, el jueves, el secretario general de los populares, Miguel Tellado, admitía que el “síndrome posaborto” no era una categoría científica reconocida y se sumaba a las palabras de Almeida para matizar que ninguna mujer será obligada a recibir información.

El tira y afloja es parecido al que ocurrió a comienzos de 2023, cuando el Gobierno de Castilla y León, entonces en manos del PP y Vox, anunció un nuevo protocolo antiaborto. Juan García-Gallardo, entonces vicepresidente de la Junta por parte de Vox, aseguró en una rueda de prensa que a las mujeres embarazadas que expresaran su decisión de abortar se les ofrecería escuchar el latido fetal o una ecografía 4D, además de asistencia psicosocial preferente, para que tomaran una “conciencia mayor” sobre su decisión. El PP reaccionó con tibieza, aunque el plan no estaba en el pacto de Gobierno que ambos partidos habían firmado. Finalmente, el plan nunca ha llegado a concretarse, ni el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha dicho qué haría con él una vez Vox salió del Gobierno.

Tras días de polémica por el plan del latido, fuentes del entorno de Feijóo aseguraron que había una “posición pública, contundente y rotunda” sobre el asunto. “No compartimos ni se va a llevar a cabo”, subrayaron. Más tarde, Feijóo declaraba que el aborto es un derecho “dentro de la ley” pero en ningún caso un derecho fundamental. Si bien el PP recurrió en el Constitucional la ley de plazos aprobada en 2010, que el tribunal desestimara su recurso forzó a Feijóo a marcar nueva posición: “La ley de plazos está bien construida, es una ley correcta, constitucional. Merece mi respeto. Hay otros aledaños en los que no estamos de acuerdo, pero en la España actual una ley de plazos es una ley correcta”. Eso no ha impedido que, periódicamente, las propuestas y declaraciones que estigmatizan el aborto sigan teniendo cabida en el PP.

Enlazar mujeres con familias

Al mismo tiempo que Castilla y León lanzaba el protocolo del latido, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciaba un teléfono de información para mujeres embarazadas “a favor de la vida, no en contra de nadie”, porque, aseguró, las mujeres tienen “derecho a informarse y no estar solas ni presionadas por nadie”. No obstante, si por algo se caracteriza la posición de Ayuso es, también, por los bandazos.

Cuando su partido cargó contra la reforma del aborto del Gobierno de PSOE y Podemos que devolvió el derecho a decidir sin consentimiento paterno a las menores de 16 y 17 años, la presidenta de la Comunidad de Madrid apostó por el derecho de las jóvenes. Eso a pesar de que fue el Gobierno de Mariano Rajoy el que, tras la imposibilidad de sacar adelante la reforma regresiva del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, aprobó que las menores necesitaran el consentimiento paterno. “Yo creo que tiene que abortar. Si tiene claro que no quiere seguir con ello, no puedes obligar a nadie a llevar una vida contraria a la que ha deseado”. Ayuso sí defendió que las familias tuvieran conocimiento de la situación, pero que su criterio no prevaliera sobre el de sus hijas: “Respeto merecido para que su hija haga lo que quiera”. Meses después, y al calor del anuncio de Castilla y León, anunció el teléfono de información.

Las ideas de Ayuso no se han limitado a ese teléfono. Como parte de un plan para fomentar la natalidad, la presidenta madrileña anunciaba su intención de “enlazar” a mujeres embarazadas que han decidido abortar con familias adoptantes, en procesos de acogida o que se plantean recurrir a la gestación subrogada para que se replanteen su decisión. Era una de las 80 propuestas de lo que la presidenta llamó “la estrategia de natalidad más ambiciosa de nuestra historia” y que incluía el “apoyo a la vida de los no nacidos” para poner en marcha “todas las medidas” destinadas a dar “alternativas a las madres embarazadas”.

“La cultura de la vida”

“El debate de la cultura de la vida no está cerrado”. Lo dijo el exministro del Interior con José María Aznar Jaime Mayor Oreja en 2022, solo dos días después de que el Tribunal Supremo estadounidense tumbara la sentencia que garantizaba el aborto en el país. El debate no está cerrado, pero porque hay quienes se empeñan en abrirlo allí donde ya hay leyes que lo reconocen como derecho. 

Es lo que Vox, con ayuda del PP, intenta en España cada vez que hace propuestas que buscan obstaculizar la interrupción voluntaria del embarazo todavía más. Sin embargo, sus ideas no son un hecho aislado y que Mayor Oreja hiciera esa afirmación justo cuando los antiabortistas lograron un triunfo en EEUU no es casualidad: ambas cosas forman parte de una misma estrategia orquestada a nivel global para intentar imponer una agenda antiderechos, que tiene el aborto, la eutanasia y los derechos LGTBI y de las mujeres en la diana. 

Estos actores –asociaciones, think tanks, líderes políticos y religiosos– comparten estrategias, discursos e ideas. Y entre ellas, está la de escuchar el ‘latido fetal’, algo que impuso el ultra Víktor Orbán en Hungría, y también la del ‘síndrome posaborto’ que PP y Vox han ‘colado’ en Madrid a pesar de la falta de evidencia científica.

Es común encontrar referencias a este falso trauma en las páginas web de asociaciones antiaborto y que prometen “ayudar” a mujeres embarazadas o que han abortado pero siempre desde un enfoque que lo vincula con el trauma y con fatales consecuencias. En España, juega este papel la fundación Red Madre, con presencia en varias provincias, pero estos centros tienen una gran implantación en Estados Unidos, donde, de hecho, surgió el uso del ‘síndrome posaborto’ como estrategia antiderechos.

Así lo detalla un estudio publicado en 2010 en la revista Bioethics, cuyos autores –dos investigadores de la Universidad de Oklahoma– echan la vista atrás para rastrear el origen de esta táctica. Según cuentan, el síndrome se propuso por primera vez a mediados de los 80, cuando el presidente Ronald Reagan encargó al director general de Salud Pública, C.Everett Koop, que elaborara un informe sobre los “peligros asociados al aborto”, una afirmación que Koop no pudo concluir. Aún así, la comunidad antiaborto lo vio “como una oportunidad” para intentar “presentar pruebas” que sí lo fundamentaran.

Los autores del estudio citan como nombre clave al antiabortista estadounidense David C. Reardon, que entonces comenzó a publicar libros y estudios sobre el falso síndrome. Reardon “fue inmediatamente aclamado como un referente en el trauma posaborto” a pesar de que entonces solo contaba con un título de ingeniería y de que sus investigaciones han sido criticadas por su falta de rigor y errores metodológicos, entre ellos, los de entrevistar solo a mujeres “que se autodescriben como perjudicadas por el aborto”. Aún así, el término caló y quienes lo promueven “han logrado influir en legislaciones” de estados como “Texas, Utah o Dakota del Sur” que, al menos en 2010, obligaban a las mujeres a ser informadas sobre el síndrome. Ahora, en 2025, Madrid quiere hacer lo mismo.