Cuarenta testigos, una confesión y un bulo: cuenta atrás para el inédito juicio al fiscal general por el correo de la pareja de Ayuso

El Tribunal Supremo invertirá seis días de noviembre en celebrar un juicio inédito. En el banquillo, por primera vez en la historia, el fiscal general del Estado. Al otro lado de la Sala de lo Penal, el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, que acusa al máximo responsable de la Fiscalía de haber filtrado su confesión de fraude fiscal a los medios de comunicación. Y entre ellos, una lista de 40 testigos para trazar el recorrido que hizo ese correo electrónico hasta acabar publicado por la prensa. Varios de ellos son testimonios ignorados por el juez Ángel Hurtado que afirman que tuvieron acceso a esa información antes de que llegara a la mesa del fiscal general en la noche frenética del 13 de marzo de 2024.

El caso que ha llegado a juicio no es el mismo que arrancó hace año y medio en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que viajó al Supremo cuando la lupa se puso sobre el fiscal general y su actuación ese día. En un primer momento, los jueces tuvieron bajo su foco al fiscal Julián Salto, que investigó a González Amador e intercambió correos con su abogado y su superior Pilar Rodríguez. Y en el centro de las sospechas no estaba la filtración, sino el comunicado con el que la Fiscalía buscó desmentir bulos del caso, difundidos por el entorno de Ayuso.

Ahora el juicio apunta en otra dirección. El comunicado que el Ministerio Público emitió en la mañana del 14 de marzo de 2024 está en un segundo plano, los fiscales Salto y Rodríguez ya no están imputados y la acusación se concentra en el fiscal general y en si él hizo llegar ese correo a varios medios de comunicación la noche anterior poco después de recibirlo de sus subordinados. La pareja de Ayuso pide cuatro años de cárcel para él y una indemnización de 300.000 euros, aunque en el caso de algunas acusaciones la solicitud llega a los seis años de presidio.

La lista de 40 testigos anticipa el tipo de partido que va a jugarse entre el 3 y el 13 de noviembre en el Tribunal Supremo. Un Alberto González Amador armado con los informes de la Guardia Civil y ocho meses de autos del juez Hurtado que trazan una línea recta entre el fiscal general y la filtración. Y una Abogacía del Estado y una Fiscalía dispuestos a exprimir los testimonios que apuntan a que, para cuando García Ortiz conoció la confesión, ya circulaba por distintas redacciones desde días atrás. Y que, además, esas negociaciones ya no eran secretas: el propio Miguel Ángel Rodríguez las había difundido, aunque de forma manipulada, entre decenas de periodistas buscando dar una versión adulterada del caso más acorde al discurso de Isabel Díaz Ayuso esos días.

Los mensajes de Miguel Ángel Rodríguez

Álvaro García Ortiz será el último en declarar después de escuchar a todos los testigos. Algunos de ellos han sido llamados para explicar si el primero en romper la confidencialidad de las negociaciones fue el propio González Amador, su abogado Carlos Neira o Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso y entonces al frente de la estrategia comunicativa de la Comunidad de Madrid para convertir el caso de fraude fiscal en una persecución de la Fiscalía y Hacienda al empresario.

La instrucción y las testificales de los tres han revelado aspectos que González Amador y el entorno de la presidenta madrileña ocultaron a los jueces y la opinión pública durante un año. Que el abogado Neira no solo envió la propuesta de pacto a la Fiscalía, sino también a un Abogado del Estado, y que el empresario autorizó a Miguel Ángel Rodríguez a difundir uno de los correos del fiscal Salto.

Miguel Ángel Rodríguez y algunos de sus mensajes sobre el caso de González Amador

El jefe de gabinete de Ayuso invirtió la tarde del 13 de marzo del año pasado en explicar a decenas de periodistas que la cúpula de la Fiscalía había truncado un pacto silencioso, condenando a la pareja de Ayuso a enfrentarse a un largo y público proceso judicial. Lo hizo porque un día antes el propio González Amador le había hecho llegar correos igualmente confidenciales del fiscal Salto, celebrando la existencia de esas conversaciones de las que su pareja renegaba en público.

Hasta ahora, el juez Hurtado ha entendido que nada de esto influye en la acusación que pesa sobre el fiscal general, aunque la Fiscalía y la Abogacía del Estado consideran que es un primer indicio clave para establecer que esos correos no eran confidenciales porque el propio empresario los había difundido aunque fuera parcialmente. El abogado Neira y el propio González Amador también tendrán que explicar qué versión es la buena: si el empresario sabía o no que su abogado estaba buscando un pacto, aceptando una condena de cárcel en su nombre.

Los 12 periodistas testigos

La causa investigó durante meses cómo había llegado ese correo a manos de la prensa y el gremio más ampliamente representado en la lista de testigos del juicio es, precisamente, el de los periodistas. Hasta 12 informadores, entre ellos tres de elDiario.es, comparecerán en el proceso ante la Sala de lo Penal después de que más de la mitad de ellos hayan afirmado ante el juez Hurtado que conocieron el correo o las negociaciones entre el empresario y la Fiscalía antes, incluso días antes, de que el fiscal general lo supiera. Cortando el paso, entienden la Fiscalía y la Abogacía del Estado, a una acusación por revelación de secretos.

Uno de los periodistas explicó a Hurtado que tuvo acceso a este email días antes de la noche de la filtración. Otro aportó mensajes al Supremo que demostraban que ya hablaba de su contenido previamente a que García Ortiz los tuviera en su correo. Y un tercer grupo de informadores acudieron a un notario para consignar los mensajes que demuestran que fuentes de la Fiscalía de Madrid ya hablaban de estas negociaciones de pacto en la mañana del 12 de marzo, poco después de la primera exclusiva de elDiario.es sobre el caso. Además de dos jefes de prensa de la Fiscalía estatal y madrileña que en esas horas recibieron decenas de llamadas de periodistas preguntando por el asunto.

Pilar Rodríguez a su llegada al Tribunal Supremo

Las acusaciones, encabezadas por González Amador, han restado importancia a estas declaraciones o incluso han acusado sin pruebas a varios periodistas de mentir en sus testificales. La defensa de García Ortiz, sin embargo, otorga un papel muy relevante a estas declaraciones: demuestran que la prensa tuvo ese correo antes de que él tuviera la posibilidad de hacérselo llegar a nadie. Al margen de que la causa no ha conseguido reunir pruebas que demuestren que el fiscal general siquiera cruzase palabra con un periodista esa noche.

También están llamados a comparecer un total de ocho fiscales, además del acusado. De esos ocho fiscales, tres estuvieron imputados en la causa: Julián Salto, Pilar Rodríguez y Diego Villafañe. El resto son altos cargos de la Fiscalía con responsabilidades, entre otras cosas, de protección de datos en una lista que completa la fiscal jefe de Madrid, Almudena Lastra. Su declaración, ahora abiertamente enfrentada a sus superiores, es una navaja de doble filo para los intereses del fiscal general: confirma que ella misma estaba de acuerdo en que había que sacar un comunicado sobre el caso, pero también que sospechó que la filtración procedía de la propia Fiscalía General.

La UCO y la asesora de Moncloa

Unos de los puntos clave del juicio serán unas testificales que pasaron desapercibidas en la fase de instrucción: los responsables de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que elaboraron algunos de los informes clave del caso. Por ejemplo, los que participaron en el registro del despacho del fiscal general y la fiscal provincial de Madrid y firmaron el atestado donde lanzaban la sospecha que Hurtado terminó convirtiendo en un auto de procesamiento: que la filtración, necesariamente, tuvo que venir de la Fiscalía.

La Fiscalía considera que la UCO nunca ha presentado ninguna prueba, más allá de sus sospechas, de que el correo fuera efectivamente filtrado por el fiscal general, y entiende que así quedó plasmado en la declaración de los autores del informe en el Supremo. Un informe clave del caso elaborado con las pruebas sacadas del registro del teléfono de Pilar Rodríguez, que finalmente ni siquiera será juzgada.

El ex secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, a su llegada a testificar en el Tribunal Supremo

Un último bloque de testigos se centrará en una ramificación del caso con la que Hurtado intentó incluso involucrar a Presidencia del Gobierno en la filtración. Comparecerán tanto Juan Lobato, antiguo secretario general del PSOE de Madrid, como Pilar Sánchez Acera y Francesc Vallés, la primera asesora entonces en Moncloa y el segundo Secretario de Estado de Comunicación. Sánchez Acera envió a Lobato el correo a su teléfono antes de que fuera publicado de forma íntegra por los medios de comunicación. Hurtado sostiene que también llegó a ellos a través de la Fiscalía mientras que la asesora de Moncloa afirmó en su testifical que se lo mandó un periodista.

Seis sesiones de juicio que tendrán al frente a siete magistrados con una mayoría de sensibilidad conservadora. Cinco de ellos serán los mismos que hace un año optaron por abrir la causa: la ponente Susana Polo, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Carmen Lamela y Juan Ramón Berdugo. Los otros dos serán Ana Ferrer y el presidente Andrés Martínez Arrieta. Una semana antes de la sentencia más relevante del Supremo desde el procés independentista catalán y un juicio con todo el catálogo de la extrema derecha judicial en la bancada de las acusaciones: Manos Limpias, Vox y HazteOir, entre otros.